El gobierno abierto, aunque no es un concepto nuevo, se ha convertido en la última década en un paradigma que está recorriendo el mundo de forma vertiginosa, transformando el escenario institucional, revolucionando las formas conocidas de la administración pública e inaugurando nuevas responsabilidades y desafíos en sociedades de todo el mundo.
Como doctrina, según las definiciones más aceptadas, el gobierno abierto sostiene que las políticas públicas deben ser diseñadas e implementadas con base en principios de amplia transparencia, unidas a la creación de espacios permanentes de participación y de colaboración ciudadana. Una mejor provisión de servicios y la mayor eficacia y eficiencia de la administración pública serán consecuencias esperadas del éxito de las políticas de gobierno abierto que los países decidan adoptar.
Una política de gobierno abierto debe, entonces, incluir el compromiso de garantizar que la administración y la ejecución de todos los servicios públicos que el Estado brinda puedan ser supervisadas por la comunidad, es decir, que la ciudadanía pueda ejercer de forma efectiva el contralor y el escrutinio de esos servicios. Estos procesos incrementan la transparencia de la gestión pública, pero además, deben incorporar la posibilidad de espacios de encuentro con la comunidad, en los que ciudadanos y ciudadanas puedan participar en las decisiones de gobierno y colaborar en la búsqueda de soluciones a los problemas de carácter público.
Los tres pilares del gobierno abierto son la transparencia, la participación y la colaboración, conjugándose en forma armónica. Mientras que la transparencia permite el acceso a la información, y es un fundamento instrumental del proceso, se abre también el camino y se brindan espacios a la participación de ciudadanas y ciudadanos, asegurando que esa participación sea colaborativa, sustantiva y que esté basada en la igualdad de derechos.
La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por su sigla en inglés) fue fundada hace 10 años a partir de la iniciativa de 8 países. Hoy OGP es una fuerte alianza internacional, integrada por 78 gobiernos nacionales, 56 jurisdicciones locales y miles de organizaciones de la sociedad civil, que promueven los principios del gobierno abierto. OGP es un modelo único que garantiza que organizaciones de la sociedad civil tengan un lugar en igualdad de condiciones con el gobierno, para la configuración y supervisión de políticas públicas y reformas incluidas en los planes nacionales de gobierno abierto. En conjunto, en los 10 años de OGP, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil han diseñado más de 4000 compromisos a nivel mundial.
OGP es esencialmente una oportunidad de participación para la sociedad civil, en todas las áreas de su quehacer. Es fundamental asegurar que su participación sea sostenida, dotada de recursos y con todas las garantías de un espacio cívico abierto y habilitante.
Anabel Cruz es directora del Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD), Uruguay, e integrante del Comité Directivo de OGP como representante de la sociedad civil.