Uruguay ha sido miembro de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés) desde sus inicios y, tras casi diez años de trayectoria, ha acumulado experiencias, resultados y lecciones que han fortalecido la agenda de gobierno abierto. Esto se vio reflejado en el proceso de cocreación de compromisos en el ciclo anterior (2018-2020) en el que el país asumió compromisos fuertes en áreas tales como género, digitalización y manejo de recursos hídricos.
Por ejemplo, el gobierno uruguayo y la sociedad civil están trabajando juntos para generar más conciencia y claridad sobre el tema de la violencia de género mediante la racionalización y publicación de estadísticas clave. A través de un observatorio sobre este tipo de violencia, el país documentará el uso de los recursos públicos asignados para implementar la ley de violencia contra la mujer y publicará la segunda edición de la Encuesta Nacional de Prevalencia de Violencia Generacional y de Género.
De igual forma, a través de su plan de acción de OGP, Uruguay realizó un proceso intergubernamental transparente y con una participación incidente de diversos grupos para elaborar el Primer Plan Nacional del Agua, además de lanzar una campaña sobre el uso y el cuidado de este recurso.
Ejemplos como estos han posicionado a Uruguay como un caso paradigmático en la región y ha llamado la atención de países en otras regiones para aplicar algunas de las lecciones que han funcionado en el país. En marzo de 2020, Uruguay se reunió con delegados de la Escuela Regional de Administración Pública de distintos países como Albania, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Macedonia del Norte, Croacia y Serbia para compartir su experiencia incluyendo a diferentes sectores en el proceso de cocreación y prestación de servicios públicos.
Y aunque el Mecanismo de Revisión Independiente (IRM, por sus siglas en inglés) de OGP denota que el proceso de cocreación del cuarto plan de acción de Uruguay estuvo mejor estructurado, también destacó que existen oportunidades para mejorar el proceso aún más.
El Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto alcanzó un nivel de madurez que se reflejó en un plan de acción bien estructurado. El proceso de cocreación anterior incluyó más instancias de diálogo que los planes de acción que le precedieron, así como una representación relativamente pareja entre el gobierno y la sociedad civil para la toma de decisiones, aunque esta última estaba subrepresentada geográfica y temáticamente.
A medida que las organizaciones de sociedad civil y representantes de gobierno se unen para cocrear el quinto plan de acción nacional, existe una oportunidad para mejorar la diversidad geográfica y temática de la sociedad civil, así como su sostenibilidad. Para fortalecer el proceso de gobierno abierto aún más, las partes interesadas pueden incrementar la participación de los gobiernos locales y municipales así como del sector privado y sus organizaciones representativas en el proceso de gobierno abierto.
Uruguay tiene el potencial de profundizar la perspectiva de género en sus políticas de gobierno abierto, no solo a través de la continuidad de los compromisos de género asumidos, sino también mediante la aplicación de una perspectiva de género transversal en el proceso de cocreación y de otros compromisos del plan de acción. Por ejemplo, el condado de Elgeyo Marakwet en Kenia incluyó un hito, dentro de su compromiso de contrataciones abiertas, para asignar un porcentaje de contratos a empresas lideradas por mujeres, colectivos, juventud u otros grupos subrepresentados.
Nuestro país también tiene la oportunidad de profundizar los esfuerzos para promover la apertura en las tres ramas del gobierno y otros organismos autónomos. El verdadero camino hacia la democratización y la apertura requiere de esfuerzos coordinados, no sólo entre sociedad civil y gobierno, sino también entre los diferentes poderes del Estado.
El Grupo de Trabajo estuvo integrado por representantes del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, gobiernos regionales y representantes de la Red de Gobierno Abierto, integrada por organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, a diferencia del plan de acción anterior, careció de representación de la legislatura y los socios académicos. En el siguiente plan de acción, Uruguay puede incluir aún más representantes de los organismos legislativo y judicial.
La crisis sanitaria de COVID-19 ha exacerbado los desafíos que los miembros de la Alianza han encarado a través de los años. Lo que nos ha demostrado este momento de crisis es que la agenda de gobierno abierto no se puede poner en pausa. Uruguay tiene una oportunidad única para fortalecer su proceso de cocreación y trabajar en un quinto plan de acción que refleje las necesidades de la ciudadanía y de grupos de interés en diferentes áreas geográficas y temáticas. Este proceso puede crear las coaliciones necesarias para enfrentar los desafíos de ahora y los de una realidad post COVID-19, para posicionar a Uruguay como un líder de gobierno abierto en América Latina y el Caribe.
Rosario Pavese es coordinadora de Apoyo a Gobiernos – Américas – Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership). José Pérez Escotto es Oficial de Comunicaciones - Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership).