Hace seis meses un grupo de vecinos de La Blanqueada instaló primero una compostera y luego una huerta orgánica en la vía pública. Las denuncias comenzaron en diciembre pasado y el viernes, tras una serie de estudios, la huerta comunitaria, ubicada en Juan Ramón Gómez y Comandante Braga (lindera al Gran Parque Central), comenzó a ser retirada. Ocupaba la vereda, algo que según explica la alcadesa del municipio CH, Matilde Antía, no está previsto en la regulación. De manera que “se les dio un plazo de cinco días para que ellos la sacaran; si no, lo hacían los funcionarios”. El municipio aspira a concretar este miércoles una reunión con los implicados.
Los impulsores de la huerta en cuestión prefirieron no hacer declaraciones por el momento, aunque circuló en redes un video del 21 de mayo que narra el devenir de su proyecto como “Desmantelamiento de huerta solidaria en La Blanqueada”. Allí afirman que ese día, “sin aviso”, la huerta “amaneció revuelta por una cuadrilla de trabajadores del municipio CH, desmembrada por una retroexcavadora y vigilada por escolta policial. En cuestión de dos horas quitaron la vida que se arraigaba al suelo, dejando en su lugar un espacio estéril”. En la misma filmación se cuenta que “la esquina fue un basural desde 1980” hasta la intervención de este colectivo, y sostienen que “en 2014 el municipio ignoró las denuncias de vecines sobre el deterioro del espacio”. Más adelante dicen que se autoconvocaron creyendo en la potencia del espacio y del encuentro, que cada sábado esa vereda era un intercambio de “trabajo, saberes, plantines y semillas, apostando a promover el reciclaje, el cultivo orgánico, la reproducción de alimentos y flora nativa”.
Sigue el video relatando que a la caída del sol se realizaba una asamblea vecinal para decidir los pasos de la intervención y que además sostuvieron una olla popular. “Consideramos evidente que el municipio se basa en un modo de operar que transgrede la libertad de intervenir y de apropiación del territorio que habitamos. Sus razones van en contra de iniciativas de empoderamiento popular, desterrando gestos de solidaridad, prácticas humanas en las cuales participaban simultáneamente diversas generaciones”, culmina, y llama a la resistencia.
Sin permisos
Las denuncias que el municipio CH y el centro comunal 4 recibieron desde fines de 2020 eran de vecinos que se quejaban del uso indebido del espacio y afirmaban que a raíz de esos cultivos había mal olor y presencia de ratas. “Lo pudimos constatar”, relata la alcaldesa. “Además, habían puesto unos troncos para delimitar la huerta y eso en un momento causó un pequeño accidente con una persona mayor, que se tropezó. A partir de que llegan estas denuncias se inicia el procedimiento administrativo y de este expediente participan el área de Arquitectura del municipio, también hay un informe del área Social y se le deriva el tema a la Comisión de Medio Ambiente, que es integrada por gente del gobierno municipal, del concejo vecinal del 4 y del 5, y por otros funcionarios. También el área de Inspección hace un informe. Básicamente todos decían lo mismo: explicaban que la idea está buenísima -yo concuerdo ampliamente- pero que no es el lugar para hacerlo ni tiene las habilitaciones correspondientes. Entonces, por lo pronto, se tiene que retirar”.
Tras esa etapa, se puso en conocimiento al gobierno municipal: “Hay una norma general del digesto departamental que explica que, por razones de convivencia, para usar la vereda o una plaza hay que tener distintas habilitaciones municipales”, remarca Antía, y pone el ejemplo de una cerrajería que quiera poner su cabina en la vereda y el informe técnico que corresponde para decidir concederle el permiso. “Es profundo: tiene que haber un mapa, cuánto metraje tiene la vereda, si está libre... tiene un trasfondo por el cual decidimos, en base a las normas, si habilitar o no lo que el vecino quiere poner ahí”.
Sin embargo, el Digesto no especifica qué hacer en caso de un cantero o huerta, señala Antía. “No hay una normativa que regule eso, por ende, nos basamos en la norma general, que es la que hay que aplicar”. La alcaldesa entiende que se trata de un problema de convivencia, “porque hay vecinos que quieren una huerta y de hecho la pusieron, y hay otros vecinos que no la quieren tener. Surge de los expedientes que se trató de llegar a un contacto con este grupo y eso no fue favorable, no se llegó a nada. El 1º de marzo pasado se vota por unanimidad de todos los partidos -somos cinco integrantes en el gobierno municipal, el alcalde en ese momento era Andrés Abt- retirar la compostera, porque no estaba cumpliendo con la normativa vigente”.
Antía subraya que el propio Plan de Desarrollo Municipal se habla de generar huertas comunitarias e implementar un compost ciudadano. “De hecho, estamos tratando de bajar a tierra un plan de compostaje para este año en coordinación con los vecinos e instituciones educativas públicas y privadas, empresas, y que además todos los locales de gestión municipal tengan clasificación de residuos. O sea, este es un tema que nos importa y a mí me encanta que haya vecinos que quieran hacerlo. El tema es que este tipo de iniciativas se tiene que hacer de acuerdo a la ley”, subrayó.
En la tarde del martes el municipio CH se comunicó con un referente del grupo de horticultores para acordar una reunión con el gobierno municipal. La intención es “poder llegar a una solución, hacer algo en conjunto. Sería genial, porque ellos le dan un cuidado, y el trabajo comunitario entre vecinos y municipio siempre lo vamos a apoyar. Si el objetivo es hacer una huerta, vamo` arriba, trabajamos en equipo y hacemos una”, dijo Antía.