El martes el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), con el apoyo de una decena de organizaciones latinoamericanas especializadas en libertad de expresión, presentó una propuesta para regular las grandes plataformas de internet garantizando la libertad de expresión.
Uno de los aspectos de la propuesta, que plantea estándares de regulación con un enfoque de derechos humanos, refiere a lo que sucede cuando una plataforma elimina o restringe un contenido publicado que puede infringir normas de derechos de autor. “En el proceso de moderación de contenidos, las restricciones derivadas de la protección de los derechos de autor sobre contenidos protegidos deberían considerar en todos los casos las limitaciones y excepciones reconocidas en tratados internacionales y legislaciones nacionales, como usos justos (fair use) y uso de extractos breves, especialmente para fines de críticas, denuncia social o para fines educativos”, señala el documento.
En este sentido, se refiere a los filtros automatizados, que pueden eliminar o restringir un contenido por supuesta violación de copyright incluso antes de que sea publicado. El caso típico es un video subido a YouTube que incluye un fragmento de una canción con derechos de autor y rápidamente es borrado de la plataforma.
“Los filtros de carga o subida por eventuales violaciones a derechos de autor son inconsistentes con la prohibición de censura previa establecida en la Convención Americana de Derechos Humanos. Al usuario se le debe informar quién ha hecho el reclamo. El tratamiento de contenido apuntado como infractor debe seguir los trámites de notificación y contranotificación”, indica la propuesta, “especialmente considerando que las plataformas no deben ser responsabilizadas por contenidos de terceros”.
Durante la exposición del documento, que se hizo a través de YouTube, la socióloga Mariana Fossatti sostuvo que “las grandes plataformas no deberían remover contenido por derecho de autor sin resolución judicial”, ya que no es a ellas que les corresponde validar la legalidad de las quejas.
En esta línea, consideró que los filtros automatizados de contenido no deberían ser considerados “una posibilidad legítima”, porque “no son herramientas idóneas para combatir la violación a los derechos humanos ni la incitación al odio”. “La cantidad de ‘falsos positivos’ hacen que no sean un mecanismo de protección de estos derechos. En estas situaciones, los filtros directamente deberían estar prohibidos. Es desproporcionado su efecto respecto del fin que se quiere conseguir”, indicó.
Poderes especiales
Un caso de esta “censura previa” viene sucediendo desde hace al menos una década con las denuncias por copyright de la empresa Warner Bros. Entertainment, que han sido catalogados como abuso y llevaron al gigante mediático a la Justicia a raíz de una denuncia por fraude.
Durante la década de los 2000 Warner creó un área de protección de contenido para enfrentarse a la piratería. Hacia finales de ese período, junto a Disney, Fox, Universal y Columbia Pictures se pusieron en contacto con Hotfile Corp., propietaria de Hotfile, un cyberlocker (servicio de almacenamiento de archivos en la nube), a raíz de la gran cantidad de contenido subido por los usuarios de esa plataforma que eran propiedad de los estudios. Reclamaron sus derechos de autor y Hotfile les otorgó una cuenta de titular de derechos especiales (SRA, por sus siglas en inglés), una herramienta que permitía a los estudios eliminar el contenido disponible dentro de Hotfile que tuviera derechos de autor, sin necesidad de informar a la plataforma sobre la infracción que se estaba cometiendo.
Utilizando este mecanismo, las empresas también se hacían responsables de que cada contenido denunciado “infringe los derechos de autor de ese material, y que es propietario de los derechos de autor de ese material o que está autorizado para representar al propietario de los derechos de autor”, a sabiendas de que hacerlo de forma abusiva o tergiversando los motivos por los que se elimina un contenido puede resultar en una forma de infringir las normas de la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital estadounidense (DMCA).
Sin embargo, según reportó Gizmodo en 2011, Warner no sólo eliminó contenido que le pertenecía, sino que además barrió con una gran cantidad de contenido alojado en Hotfile que no era de su propiedad, incluido software gratuito y de código abierto. En medio de esta situación, los estudios y la Motion Picture Association of America (MPAA) demandaron al cyberlocker por supuestamente beneficiarse de las infracciones de derechos de autor y promocionarlas, al cobrar membresías por un servicio premium.
Hotfile entabló una contrademanda contra Warner y su entonces gerente de Operaciones Antipiratería, Michael Bentkover, por abusar de la herramienta al eliminar software libre y otros contenidos que no tenían derechos de autor. “No sólo Warner y el resto de estudios presentaron un litigio carente de fundamento y artificioso contra Hotfile, sino que han estado empleando tácticas agresivas. Warner ha repetido de manera imprudente e irresponsable acciones que tomaban falsamente los derechos de autor en el material que se alojaba en Hotfile”, señalaba el cyberlocker en el documento.
Uno de los asuntos clave en este caso fue que Warner empezó a utilizar sistemas automatizados para implementar la herramienta SRA, algo que continuó haciendo hasta la actualidad en diferentes plataformas.
Incluso Google, viendo que un fallo a favor de los estudios podía ver comprometida la situación de YouTube, decidió interceder por Hotfile en ese momento, argumentando que las acciones del cyberlocker estaban protegidas por la DMCA. Sin embargo, en 2013 la Justicia estadounidense encontró a Hotfile indirectamente responsable por la acción de sus usuarios y a su propietario, personalmente responsable. A principios de diciembre de 2013, Hotfile firmó un acuerdo con la MPAA, dejó de funcionar y su contrademanda contra Warner cayó.
Con la desaparición de Hotfile y la demanda por comportamiento abusivo, Warner continuó mejorando sus sistemas de automatización para denunciar contenido con copyright y lo trasladó a YouTube y, más recientemente, a Twitch.
Maquiavello, perseguido
Bentkover, devenido director global del área antipiratería de Warner, comenzó a presentar denuncias personales a nombre de la empresa y las plataformas procedieron a eliminar grandes volúmenes de contenido creado por los usuarios.
El último caso ocurrió hace pocas semanas, cuando el youtuber y streamer español Jordi Maquiavello fue baneado por Twitch. El creador de contenido, que se dedica mayormente a hablar de cine, tenía un acuerdo con Warner Bros. en España para utilizar contenido de la compañía con propósitos de divulgación y análisis. Pese a esto, desde Estados Unidos, en marzo se denunció la cuenta de Maquiavello por dos transmisiones en directo en las que utilizó contenido de Warner (imágenes del corte del director de la película de Justice League), dejándolo al borde de una restricción permanente.
A fines de mayo Maquiavello recibió otro reclamo ya que habría reproducido en un vivo la canción “Summertime”, con la consiguiente suspensión permanente de la cuenta. El streamer afirmó no haberlo hecho, pero desde Twitch le respondieron que no tenían acceso a los videos del usuario. En vez de que esto significara el levantamiento de la suspensión, por falta de pruebas, le solicitaron que pidiera a la discográfica que levantara el reclamo.
Semanas después, Maquiavello hizo una transmisión en directo en YouTube en la que mencionó que Bentkover era quien había presentado esos reclamos a Twitch. Un día después, el empresario denunció la cuenta del español por “acoso e intimidación” y YouTube retiró el video.
El comportamiento de los propietarios del copyright, la responsabilidad de los intermediarios y los creadores de contenido, como el eslabón más débil en esa cadena, es un tema que vuelve a la discusión pública de forma reiterada, pero no parece tener aún una solución concreta.