En octubre, un hombre de 30 años que paseaba con su familia por Barrio Sur tropezó con un escalón en la esquina de Héctor Gutiérrez Ruiz y Durazno y cayó sobre elementos cortantes instalados en la fachada de un edificio. Fue internado en terapia intensiva y falleció el 16 de noviembre, según informó El Observador.
De acuerdo con lo que consta en un documento al que tuvo acceso la diaria, cuando el municipio se enteró de lo sucedido, “de inmediato” acudió al lugar, tomó fotografías y solicitó al Servicio de Convivencia Departamental “que se intimara a la copropiedad al retiro inmediato de dichos elementos”, lo que fue acatado.
A raíz de esto, en la sesión del 4 de diciembre del Concejo Municipal, y por iniciativa del Municipio B, se propuso “regular la instalación de elementos punzantes, cortantes o similares, llamada 'arquitectura hostil', que tengan potencialidad de provocar daños o riesgos a los transeúntes”, que puedan provocar la muerte de una persona.
Asimismo, propusieron la creación de una norma, a nivel del gobierno y la junta departamental, “a fin de legislar sobre la prohibición del uso, instalación y colocación de elementos que integren el concepto de 'arquitectura hostil o agresiva' en nuestra ciudad”.
En ese marco, la Intendencia de Montevideo (IM) resolvió crear un grupo de trabajo que tenga el objetivo de proponer medidas, procedimientos y/o normativa en el uso, instalación y colocación de elementos materiales asociados a la arquitectura hostil.
De acuerdo con la resolución, el equipo de trabajo estará conformado por representantes de la Secretaría General y el Departamento de Desarrollo Urbano y Planificación, de la División Asesoría Jurídica, los Servicios de Contralor de Edificación, Convivencia Departamental y la Unidad de Normas Técnicas y Edilicias.
Hay “un problema social que hay que abordar más allá de la arquitectura”, dijo el decano de la Facultad de Arquitectura
El decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Marcelo Danza, explicó a la diaria que las construcciones, la arquitectura y el urbanismo “de algún modo reflejan la sociedad de la época que la construye”.
“Hubo un momento en donde, por ejemplo, todos los espacios intermedios, entre lo público y lo privado -los muritos, los retiros frontales con jardines, los zaguanes, las puertas cancel-, era algo que se celebraba, que se construía mucho, normalmente sin rejas”, detalló. Y describió: “Como una interfase en donde el mundo privado se mostraba hacia lo público a partir de esas fachadas”.
Sin embargo, con el paso del tiempo, “lamentablemente”, la sociedad se hizo “más hostil” y “con más situaciones de marginación”, con personas en situación de calle, lo que “antes existía muy singularmente”, indicó. Por lo tanto, se generaron “espontáneamente”, por “la propia gente”, instrumentos o incorporaciones a esas arquitecturas y espacios urbanos “que pretenden, de alguna manera, 'defenderse' respecto de situaciones que ven como incómodas, violentas o amenazantes”, continuó.
“Se empezaron a generar todo este tipo de prótesis sobre la arquitectura, que justamente en su voluntad de disuadir, espantar o alejar a gente, a la sociedad, genera estas cosas agresivas que, lamentablemente, en este caso terrible, terminó con una muerte”, subrayó.
De esa forma, señaló que a partir de estas situaciones de “conflicto social” se manifiestan dos cuestiones: por un lado, la existencia de “un problema social que hay que abordar más allá de la arquitectura”, y por el otro, que “muchas veces las herramientas que se utilizan cuando no se buscan soluciones un poquito más pensadas, de fondo, terminan siendo violentas de alguna manera”.
“Tenemos un problema de convivencia”, según el titular de la Defensoría de Vecinos y Vecinas de Montevideo
Por su parte, el titular de la Defensoría de Vecinos y Vecinas de Montevideo, Daniel Arbulo, indicó a la diaria que este tema “obliga a investigar un poco más sobre la normativa de soluciones y demás”. Consideró que ante conflictos de este tipo es necesario buscar soluciones “desde el diálogo y la negociación en la comunidad, en el territorio” y, por tanto, “no puede ser la solución la arquitectura hostil”.
Además del diálogo y la convivencia, Arbulo destacó una mayor presencia del Estado como motor para la resolución de estos conflictos. “Una de las razones esgrimidas por quienes toman este tipo de decisiones es que el Estado ‘no me ayuda a cuidar la fachada de mi casa o mi comercio’”, planteó.
“Más allá de esa crítica que nosotros podemos hacer, es efectivamente cierto que el Estado no tiene una presencia y que las opciones del Estado de largo plazo -que esta es como la tercera dimensión de las personas en situación de calle- son efectivamente lo punitivo y el correr de un lugar a otro”, remarcó.
El titular de la Defensoría expresó que la normativa o lo punitivo “no va a dar respuesta mágica a este problema” y que “se pueden crear 32 leyes más prohibiendo cosas”, pero “el problema efectivamente lo vamos a seguir teniendo”.
En ese sentido, contempló que “tenemos un problema de convivencia, un problema de vínculo entre las personas de situación de calle”, pero, además, señaló, “tenemos un problema de convivencia entre vecinos, porque muchas de estas arquitecturas hostiles son también para el joven que sale después del boliche”.