El vocablo sueco ombudsman quiere decir representante, mediador, agente, guardián. Se utiliza para denominar al titular de la Defensoría de Vecinos y Vecinas de Montevideo (DVVM), que tiene como principal objetivo promover el respeto de los derechos humanos en el departamento. Después de una votación aprobada por 20 votos de 29 ediles, la Junta Departamental de Montevideo (JDM) designó al sociólogo Daniel Arbulo como nuevo titular, quien asumirá su cargo el 15 de junio y permanecerá hasta 2028.
En diálogo con la diaria Arbulo explicó que la DVVM es una institución de derecho no jurisdiccional, que no tiene capacidad de sanción y surge en la JDM “como una herramienta de apoyo a la ciudadanía”. Indicó que los dos grandes paraguas de la DVVM son el control respecto de los servicios que la IM no brinda y los derechos.
Arbulo aclaró que “no es una oficina de quejas”, sino que es “donde se toman asuntos y se les da seguimiento”. Señaló que entran cerca de 1.400 casos al año, o sea, unos ocho o diez en los días hábiles. “No me parece un número menor si uno piensa que en algún caso puede ser una duda concreta, que se soluciona tomando los datos de la persona”.
¿De qué se encarga la Defensoría?
Los dos componentes de responsabilidad de la Defensoría [control y derechos] generan algunas herramientas: el seguimiento de la persona, recomendaciones a la intendencia y una tercera es la mediación entre vecinos y vecinas, y entre vecinos y la intendencia, o incluso con el gobierno nacional. La cuarta tiene que ver con el nivel de representación y de generar nuevas políticas o nuevas normativas.
La reivindicación de casos puntuales o personales muchas veces termina siendo un emergente de asuntos más comunitarios, más barriales o mucho más complejos. Lo que ha logrado, me parece, es saber que la identificación de problemas puntuales específicos individuales a veces es el emergente de cuestiones más estructurales.
¿Está presupuestado el cargo?
Hay un presupuesto que brinda la junta, un porcentaje del presupuesto que brinda la intendencia. Mi apuesta es lograr que en la junta pueda haber una definición en términos de la estructura del presupuesto, y de decir “este porcentaje del presupuesto departamental es destinado a la defensa de los derechos humanos de las personas en nuestro departamento”, porque eso le permite construir la independencia. Eso es un poco la Defensoría: trabajar en clave de independencia de las otras instituciones. No tener un presupuesto más holgado lo que hace es limitar la acción de la Defensoría, entonces ahí hay que priorizar. Cuando no tenés un mango, no hay tal priorización, sino que es aceptar la realidad.
Decías que hay un desafío en ver que lo individual en realidad no es tan individual. Cuando asumas, ¿cómo pensás seguir con eso?
Ahí hay dos cuestiones: la primera es que la Defensoría ha logrado tener un protocolo respecto de qué hacer en cada caso que se recibe una demanda. Cada vez que el vecino o vecina llama por tal situación, se sabe cuál es el análisis, se sabe a dónde llamar, hay más vínculo con el Estado, y en muchos casos se terminan generando cambios de políticas y de normativas. Ahí tenemos que trabajar mucho con los municipios, pero también con los concejos vecinales. Hay una red que está a flor de piel de situaciones que pasan en los barrios.
Un segundo componente, y esta Defensoría lo ha hecho, es la salida a los territorios. En particular, la Defensoría tiene un convenio con el Municipio B, en el que hay un trabajo de mediación comunitaria interesante. Creo que tenemos que lograr llegar a lugares donde especialmente la gente se presta a mirar más los problemas que hay en el barrio, las ferias, por ejemplo, eventos públicos vinculados con los movimientos de festivales de música masivos, las carreras. A través de convenios, podríamos pensar que la Defensoría pueda estar en esos espacios, ahí habría que trabajar mucho con la Intendencia.
Pero que pueda haber esta cuestión, de decir “yo tengo algún reclamo” o “nosotros/as tenemos un reclamo”. En ese sentido, si hay problemas de iluminación en algún espacio público, es probable que no tenga que ver solamente con la iluminación; si hay problemas con personas en situación de calle, no es la persona esa que está ahí, exclusivamente, sino que eso es un emergente de situaciones sociales y de ausencias del propio Estado nacional y departamental respecto de las personas.
En ese sentido ¿qué pasa con los reclamos que tienen que ver con políticas departamentales o nacionales? Por ejemplo, con las personas en situación de calle.
Lo primero que entiendo es que desde la Defensoría tenemos que seguir planteando, y se ha planteado, que las personas en situación de calle son consecuencia de causas previas y nosotros tenemos que pensar que la situación que se vive en estos sistemas lo que hace es expulsar gente.
La segunda es asumir que para atacar las causas, o al menos las consecuencias de esas causas nefastas, necesitamos muchísima articulación de lo público, en todos los niveles. Acá el problema no es si la IM limpia la plaza, si el Mides retira a la persona, si el Ministerio del Interior hace equis. Ahí los niveles de articulación están bien, pero si todas las instituciones no asumen al pie de la letra su responsabilidad, se va a seguir teniendo personas en situación de calle que, en el mejor de los casos, sabrán, a través de sus redes, que a las seis de la tarde o a las diez de la noche tienen un refugio.
La Defensoría defiende el reclamo del vecino que se queja, pero también defiende a esa persona en situación de calle.
Exacto. La Defensoría es una institución molesta, tiene que serlo, tiene que lograr molestar a las instituciones. El escenario de la convivencia urbana dice que siempre estamos en tensión de derechos: la tensión entre la persona que vive en la casa y la persona que está en situación de calle. Hay derechos que hay que defender de la persona que está en esa casa, y el que está en la calle, nadie tiene derecho, esté en la calle o no, a molestarlo.
Las tensiones son muchas: en los estadios de fútbol, es terrible, estacionan en la vereda, rompen canteros. Como ciudadano, como vecino, tengo derecho a poder pasear cerca del estadio Centenario y no tener que andar en la calle con mis hijos esquivando autos. No es una cuestión de que esto es un caso sólo para la Defensoría; el Estado todo tiene la obligación de administrar esas tensiones, y las personas que vivimos en Montevideo tenemos la obligación también de cambiar las actitudes.
Hay momentos en que un derecho es prioritario frente al otro, no siempre se puede dar una solución asumiendo que son iguales, no son iguales ni prioritarios los derechos, hay momentos en que entran en tensión. La Defensoría puede jugar ahí un rol de mediación -ojalá hubiera más condiciones para hacerlo- y también tiene un rol de denuncia.
¿Qué cambios se generaron a raíz de los reclamos y del alcance de la Defensoría?
El cambio en la normativa de pirotecnia, por ejemplo. Después, un trabajo del primer período de la Defensoría tenía que ver con identificar, por ejemplo, la cantidad de fincas vacías que hay en Montevideo; es enorme.
En cuanto a las personas en situación de calle, en el Municipio B se ha tomado alguna definición, por ejemplo, de apoyar la contratación de una cooperativa conformada por personas en situación de calle [Ni Todo Está Perdido] para que cuiden algunos de los baños públicos.
Sin embargo, no podemos pensar que cambiar una normativa o generar una institución naturalmente va a cambiar las prácticas. Tiene que ver con un cambio cultural y con el asumir en parte de la población que existe un problema. Yo pongo una normativa y esa normativa en realidad puede quedar como letra muerta. En el B, por ejemplo, hay todo un trabajo con la coordinación de comparsas que tiene que ver con el durante, el antes y el después de los ensayos, pero son temas que uno puede identificar y en algunos casos se soluciona con una normativa, en otros se soluciona con acuerdos; lo trabajan entre vecinos y vecinas e instituciones públicas.
¿Cómo se vehiculizan los reclamos?
La persona se comunica con la Defensoría, se la recibe en admisión y el planteo puede ser una duda puntual. El seguimiento puede quedar ahí, frente a una respuesta concreta, o puede haber algún proceso de gestión que tenga que ver con profundizar un poco más. Esta persona hace un planteo respecto de tal normativa que atenta sus derechos. Se le puede dar como respuesta que la normativa efectivamente es así y no se puede cambiar, por alguna razón técnica. Eso lleva a un análisis, y después, en caso de que se encuentre alguna posibilidad real de hacer cambios, se avanza como si fuera un caso individual. Recepción, seguimiento, análisis, cambio, y respuesta en el medio o al final.
Puede haber algunos cambios que aparecen como individuales, y en etapa de seguimiento se identifica que no son tan puntuales, ya se repitieron, existe algún problema de fondo y ahí se avanza en términos de la propia normativa; hay recomendaciones y propuestas de cambio de normativa también. En el caso de que sean más colectivos, está el apoyo a la organización para que además del cambio de normativa haya un armado de vecinos y vecinas que expliciten y busquen soluciones. Buscar soluciones es el cambio de la política del espacio de convivencia. Cómo avanzo yo tiene que ver con la mediación, con la búsqueda de nuevas soluciones, con identificar agentes estatales que no necesariamente estaban enterados de la situación.
Es importante empezar a tener, para dar mayor visibilidad a los problemas de derecho en la ciudad, un monitoreo de ese tipo de situaciones. Es muy fácil saber cuántos convenios hubo a principios de este período entre el gobierno nacional y el gobierno departamental, de esos convenios cuántos efectivamente se llevaron adelante y cuáles fueron las partes que no cumplieron. Me parece que esa parte de monitoreo es un componente adicional a la Defensoría y también tiene potencial de poder responder más concretamente a esta pregunta que me hacías, cuál es el procedimiento. En este caso, yo no voy directamente a la demanda del vecino o la vecina, sino que voy a mi fuente de datos de la política pública.
Además del monitoreo, ¿qué otras ideas hay para esta gestión?
La de presupuestar la Defensoría me parece una idea importante, sobre todo porque la intención es que hagas un compromiso interpartidario. Es importante el papel que juega la propia junta, pero también el papel que juegan los ejecutivos departamentales que asumen.
Lo tercero es el trabajo con los concejos vecinales: es un componente comunitario muy fuerte que tiene que ver con una institución que existe. Una cuarta cuestión tiene que ver con la descentralización. El convenio que hay con el Municipio B puede ser replicable a los otros siete municipios, sin ningún lugar a dudas.
Una quinta pata que, si bien está en los objetivos de la propia Defensoría, tiene que ver con los derechos humanos en general: el seguimiento del apoyo al respeto de los derechos humanos, y en esto se abren muchísimas cuestiones, aspectos que tienen que ver con derechos fundamentales, más estructurales, la vivienda, la salud, la educación, el trabajo.
Una última cuestión tiene que ver con generación y géneros. En general, nos olvidamos del desarrollo comunitario para niños y niñas, nos olvidamos de los problemas de accesibilidad que existen hace tiempo y nos olvidamos de que hay familias enteras que sólo se mueven en sus barrios. Entonces, poder ir a los propios territorios no tiene que ver con el componente concejos vecinales o con el componente convenio con los municipios, sino que tiene que ver con meternos en los problemas concretos de cada barrio.
¿Cómo se va transformando el rol de la Defensoría? ¿Tiene incidencia el gobierno departamental?
La autonomía está dada, debiera estar dada, primero por independencia económica, pero también en independencia en términos de saber que la Defensoría tiene un rol en sí mismo que cumplir, que no es un rol de satisfacción ni del gobierno nacional ni departamental; no es para que nos aplauda ni el intendente ni el presidente. En todo caso, también es para que haya tensiones y problemas ahí.
Las agendas no son las agendas políticas de gobierno ni mucho menos. Cuando yo me quejo por tal cosa de espacio público, de un centro cultural, de un club, en realidad me estoy quejando de mi propia vida. Es una política de vida para estas personas; no tengo una temporalidad electoral, yo no sé si me lo tienen que solucionar antes de mayo o después.
El papel de independencia se fortalece y la autonomía se fortalece en la medida que se pueda tener más equipo técnico, y eso es un pedido expreso.
Entonces la agenda la define la gente y no la junta, la IM, el gobierno nacional.
La define las personas y la identificación de los problemas, y por eso para mí, lograr la territorialidad de la Defensoría me parece clave. Ahí se amplían los problemas puntuales, se amplía decir en tal esquina pasa tal cosa o en tal plaza pasa tal otra, y de ahí empiezan a surgir otros problemas. No existe un problema que no sea para la Defensoría. Tampoco vamos a atajar todas las pelotas porque no tenemos capacidad, pero es parte de la autonomía decir “no la navego” en función de qué tan simpático me pueda caer tal director o tal directora, y ahí de nuevo la separación temporal entre elecciones y Defensoría me parece que está buena. Creo que mostrar este desanclaje entre una y otra agenda ayuda.