Tal como informábamos la semana pasada, el proyecto de Rendición de Cuentas enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento incluye modificaciones en la institucionalidad del sector audiovisual que encendieron las alarmas en varios de los colectivos que podrían verse afectados. De acuerdo al nuevo articulado, se derogan casi todos los artículos de la “ley de cine” de 2008, que creó el Instituto Nacional del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ICAU) y también el Fondo de Fomento Cinematográfico y Audiovisual, y se implementa una Agencia Nacional Audiovisual (ANUA).
La DGU (Directoras, Directores y Guionistas del Uruguay) realizó una asamblea el lunes, de la que surgió un documento que este martes fue dado a conocer y que expresa la posición contraria de la organización a los cambios propuestos. Según el texto, la DGU “rechaza enfáticamente los artículos de la Rendición de Cuentas relativos a la modificación de la actual Ley de Cine y Audiovisual, así como el proyecto de crear una nueva institucionalidad para el sector sin la participación ni el diálogo de todos los involucrados”. Afirman que la nueva normativa “no garantiza las definiciones, objetivos, derechos ni fondos que actualmente existen en la Ley de Cine y Audiovisual” y que aspiran a mantener, y aseguran que los cambios proyectados ponen “en riesgo la continuidad del cine nacional”.
Además de mencionar que el nuevo articulado deroga “casi todos los artículos de la Ley de Cine y Audiovisual de 2008, que fue votada por unanimidad en el Parlamento, y que creó el ICAU”, advierten que “se modifica la finalidad del Fondo de Fomento Cinematográfico y Audiovisual” y se deroga la actualización anual de dicho Fondo, con la consecuencia de que “los magros fondos otorgados por la ley no sólo tengan ahora un destino indefinido, sino que se deterioren año tras año”.
DGU expresa además su “especial preocupación” por la ausencia de conceptos “como ‘obra’, ‘creadores’, ‘cine’ y ‘cultura’, que son dejados de lado para incluir un concepto vago como es ‘lo audiovisual’, sin hacer referencia a los creadores ni autores de las obras”. Entienden que esta forma de referirse a la materia que tratan expone “una concepción donde prima lo industrial por encima de lo cultural”.
La ANUA, que de acuerdo a lo proyectado en la Rendición de Cuentas comenzaría a operar en 2023, tendría un presupuesto asignado de 54 millones de pesos, que son lo que antes correspondía al ICAU. Pero, además, los 12 millones de pesos del Programa Uruguay Audiovisual (PUA) –un incentivo nacido con cuatro millones de pesos en 2019 y que había ido creciendo año a año– son considerados en la Rendición de Cuentas como parte del incremento al presupuesto para investigación científica.
En conversación con la diaria, la directora nacional de Cultura, Mariana Wainstein, mencionaba el incremento anual de la asignación de fondos del PUA como muestra del esfuerzo hecho por el gobierno “en plena pandemia” para fortalecer el cine y la industria audiovisual, y aseguraba que la ANUA potenciaría “este trabajo en equipo”.
Los distintos actores del sector se reunirán en un plenario este miércoles a las 19.30 en la sala Carlos Brussa, sede del SUA, para “analizar, discutir y proponer” en torno a esta nueva situación, con el objetivo de hacerse escuchar y “construir entre todos”.