El proyecto de Rendición de Cuentas que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento el jueves incluye modificaciones en la institucionalidad del sector audiovisual: se derogan casi todos los artículos de la “Ley de cine” de 2008, que creó el Instituto Nacional del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ICAU) y también el Fondo de Fomento Cinematográfico y Audiovisual, y se implementa una Agencia Nacional Audiovisual (ANUA). Distintos actores del rubro manifestaron en redes sociales su preocupación por la pérdida del apoyo a la creación local en favor de la prestación de servicios a producciones extranjeras que podría implicar la modificación, en tanto las autoridades han expresado que lo que se busca es complementar los aspectos culturales e industriales de producción audiovisual.

En el texto remitido por el Poder Ejecutivo se explica que la nueva ANUA funcionará en la órbita del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), mientras que el ICAU operaba en la del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Sin embargo, fuentes de este ministerio aseguraron que se trató de un error y que, tras la discusión en el Parlamento, el oficialismo reubicará a la ANUA en el MEC.

El proyecto incluido en la Rendición de Cuentas recoge buena parte de una propuesta elaborada por el académico y realizador Facundo Ponce de León, director del Departamento de Humanidades y Comunicación de la Universidad Católica del Uruguay, fundador de la productora Mueca Films junto a su hermano Juan y responsable de programas periodísticos como El origen y De cerca. “Celebro que este proyecto habilite una discusión que se venía dando en el sector”, dijo Ponce de León a este medio.

El debate en redes comenzó tras el anuncio, adelantado por el semanario Búsqueda, de que se crearía la ANUA, y se intensificó pocas horas después, como en muchas otras áreas de actividad, tras la lectura del articulado del proyecto de ley de rendición de cuentas publicado en la web del gobierno.

Esta semana distintas asociaciones del sector, como Gremio Cine (que nuclea a trabajadores y técnicos), Asoprod (que reúne a productores) y el recientemente creado DGU (directores y guionistas) se reunirán para evaluar las novedades.

Muchos de estos actores se manifiestan alarmados por lo que entienden es una pérdida de apoyo al “contenido identitario” (producciones locales sobre asuntos locales) en beneficio de la oferta de servicios (mayormente volcada a publicidad, series y otros audiovisuales extranjeros), que vivió un auge durante los meses de pandemia, cuando se podía rodar en nuestro país pero no en otras partes de la región.

Micaela Solé, fundadora de la productora Cordón Films e integrante de la directiva de Asoprod, señaló que el texto del Ejecutivo es muy laxo y que podría dar lugar a que se beneficiaran de estímulos a la creación local entidades de otras partes, como servicios de streaming o intermediarios internacionales. “En el PUA, quien defendía la creación de contenidos locales era el ICAU”, dijo Solé en referencia al Programa Uruguay Audiovisual, un incentivo creado en 2019, con un fondo piloto inicial de cuatro millones de dólares, que hoy ha crecido a 12 millones. El PUA está administrado por la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), Uruguay XXI, el ICAU y la Dirección Nacional de Telecomunicaciones del MIEM.

Solé también apuntó a las producciones extranjeras que han llegado a Uruguay en estos años: “Somos materia prima, mano de obra barata para creaciones de otras partes que en su mayoría tienen fines comerciales, sin control artístico”.

Algo similar apunta Daniel Fernandez Cappi, directivo de Gremio Cine e impulsor del proyecto Oeste Audiovisual: “Acá se pagan los mínimos salariales en todas las franjas. Hubo más horas de trabajo, pero de menor calidad”. Para él, el proyecto incluido en la Rendición de Cuentas “desnaturaliza la función que tuvo el ICAU y ahora todo pasa a ser muy discrecional”. Además, Fernández Cappi señaló que las gremiales no fueron consultadas por el Poder Ejecutivo a la hora de diseñar la ANUA.

Para Diego Parker Fernández, director de películas como La teoría de los vidrios rotos y Rincón de Darwin, el proyecto tiene problemas de forma y contenido: “No parece apropiado meter dentro de la maratón de la Rendición de Cuentas un cambio así de la política de cine y audiovisual, que debería ser al menos de mediano plazo. En cuanto a cómo afecta a la realización de películas nacionales, lo más preocupante es que desaparece la palabra cultura, no es mencionada en todos los artículos, salvo para referir al MEC o a industrias culturales, lo cual es una señal muy preocupante debido a que el destino del Fondo de Fomento pasa a ser una incertidumbre. El espíritu que transmite prioriza lo que tenga una visión de industria, relacionada con otros valores que lo cultural. La relación cultura-industria parece desbalanceada e ignora el equilibrio que el cine representa, donde a veces los productos más exitosos industrialmente se originan en lo cultural. También el concepto de cine parece desplazado y se usa ‘contenidos audiovisuales’, en una simplificación de lo que parece responder a una lógica de mercado bastante acotada en su visión”.

Martín Papich, director del ICAU durante las administraciones del Frente Amplio y vinculado al diseño de políticas públicas en esta área, también cree que hay un desbalance hacia el polo económico de la actividad audiovisual en detrimento de lo social y cultural. El exjerarca señaló además que ahora “deja de existir el Fondo de Fomento, porque se le pone el nombre de fondo de fomento industrial, cuyas prioridades no se aclaran ni se define qué atenderá”. Papich recordó que él también propuso la creación de una agencia dedicada al sector audiovisual, “pero vinculada al Gabinete de Transformación, y con otros objetivos”.

Confianza oficial

“No son temas excluyentes creatividad e industria, al contrario”, dijo a la diaria Mariana Wainstein, directora nacional de Cultura del MEC. “El gobierno anterior comenzó un camino muy importante de fortalecimiento del cine y la industria audiovisual y este gobierno siguió adelante y lo fortaleció. Es así, por ejemplo, que en plena pandemia el PUA creció de cuatro millones de dólares a siete millones, y luego esos siete tuvo un refuerzo de otros cinco en 2021. Toda esta actividad creó una sinergia muy fuerte entre Cultura e Industria. La ANUA potencia este trabajo en equipo y lo hace más eficaz para el sector”.

Sobre la relación entre las áreas, la jerarca señaló: “No hay una competencia entre Cultura e Industria, hay una cooperación en un tema que indudablemente tiene una parte creativa esencial y otra parte industrial y de venta de servicios al exterior. Pero la cadena de valor es una sola y la propiedad intelectual sigue siendo el valor más importante. Cada película nacional o extranjera que tenga su rodaje aquí derrama empleo en muchas actividades. Pero el desarrollo del cine nacional es lo que en definitiva nos hace atractivos”.

Para despejar las preocupaciones de los creadores locales, Wainstein citó a Roberto Blatt, último director efectivo del INAU, que renunció en abril: “Él decía que si querés vender jugadores de fútbol en el exterior tenés que tener gente jugando al fútbol aquí en casa. Sin cine nacional, sin producción audiovisual nacional no hay técnicos para recibir producciones extranjeras. Tenemos que lograr todo y hacerlo bien, y pronto. Ya no hay pandemia y la competencia con otros países aumenta”.

El “Documento inicial para la creación de una Agencia Nacional Audiovisual” elaborado por Ponce de León, al que accedió la diaria, hacía menciones explícitas a los fines artísticos del sector audiovisual, así como a su carácter nacional y a las funciones de observación y monitoreo de la ANUA, que no fueron incluidas en la redacción que llegó al Parlamento. “No creo que haya intenciones”, comentó Ponce de León a este medio. El comunicador también afirmó que en la génesis del documento, producido en conversación con autoridades del MEC y el MIEM, están “la asunción y el respeto” por las preocupaciones del sector.

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