Esta semana se conocerán los últimos detalles de un texto que se ha vuelto el eje de las discusiones político-futboleras de los últimos meses. Según les fue informado a los interventores y dirigentes uruguayos que hace cinco días se reunieron con autoridades de la FIFA y de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en Asunción, por estas horas la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) debería recibir la base del que será su nuevo estatuto. La dirigencia podrá trabajar sobre ella, a más tardar, hasta el domingo 2 de diciembre, fecha límite para concretar una reforma cuyo incumplimiento nos empujaría al mismísimo abismo. Los dirigentes internacionales se lo dejaron claro a la comitiva que visitó Paraguay: no adecuarse a tiempo será sancionado con la desafiliación. Pese al contexto asunceño, las agujas apuran con precisión suiza.
Hay un acotado margen de maniobra para ajustar la redacción. Públicamente, la vedete de las novedades es el Congreso. Es decir, el organismo que suplantará a la vieja Asamblea de Clubes y servirá de puerta de ingreso a nuevos actores con voz y voto que convivirán con las instituciones de Primera División. Habrá lugar para la representación del fútbol femenino, el futsal y el fútbol playa, mayor presencia de Segunda División y de la Organización de Fútbol del Interior y debut político de los denominados “grupos de interés”. Más claro: algunos de los asalariados del deporte pasarán a integrar la cocina. Están puestos técnicos y jugadores. Seguramente los árbitros también accedan, aunque su relación de dependencia laboral directa con la AUF forzaría un dibujo reglamentario aún pendiente.
En los medios, en cambio, menos se habla de otras posibilidades abiertas tras la intervención. La coyuntura política puede propiciar un avance reglamentario sobre la comercialización de los derechos de televisación. Los últimos 20 años de vida de la AUF parecen pedirlo a gritos. Quizás el detalle esté en la cabeza de los integrantes de la Comisión Regularizadora y del Comité Consultivo que, al igual que algunos dirigentes de clubes, se animan a pensar en las pautas que hasta el momento nunca nadie escribió. Las opiniones a favor del pasito al frente no son aisladas pero comparten cierta tibieza. Suele pasar cuando se discuten aspectos que pueden limitar prácticas abusivas de socios comerciales tan poderosos como necesarios.
¿Cómo decírtelo?
Armando Castaingdebat, diputado blanco y ex intendente de Flores, que acompaña a Pedro Bordaberry y Andrés Scotti en la Comisión Regularizadora, afirma que la intervención se propone “dejar pautas” al respecto y tender a la “cristalinidad”. Apunta a evitar conflictos de intereses mediante disposiciones que excluyan de cualquier negociación a personas que puedan tener vínculos con empresas interesadas. Además, pone como ejemplo el modelo de tercerización de dichas gestiones que desde hace un tiempo instrumenta Conmebol: “Probablemente en Uruguay lleguemos a eso”, remata.
Por ahora, el organismo regularizador da una señal saludable al continuar con un criterio instrumentado en los últimos meses de la gestión de Wilmar Valdez. Entonces, cuando la AUF recuperó los derechos de los partidos amistosos que hasta fines de 2016 había explotado Tenfield, empezaron a licitarse las transmisiones televisivas y por internet. Los interventores aplicaron el mismo mecanismo para negociar el partido con México de principios de mes y los que se jugarán contra Corea del Sur y Japón el mes que viene. El año próximo, la dirigencia que resulte heredera de la intervención deberá determinar si el criterio es útil para negocios de gran porte: en el segundo semestre de 2019 empezarán las Eliminatorias, la única competencia oficial de la selección mayor que la AUF vende directamente. El último antecedente, la venta de la ronda previa al Mundial de Rusia, reportó cerca de 18 millones de dólares de ingresos tras la apelación a un esquema inaugurado por Sebastián Bauzá. Full Play compró los derechos para el exterior y Tenfield los adquirió para el medio local, sin que se realice licitación. El peso de los actores involucrados y el aumento de recaudación registrado desde las Eliminatorias previas al Mundial de Brasil pueden ser argumentos a favor de quienes entienden que las pautas reguladoras no deberían obligar a licitar. Conveniencia y transparencia a veces se presentan como fuerzas inversamente proporcionales.
Integrantes del Comité Consultivo y dirigentes de los clubes manejan posibilidades acerca de la instrumentación formal de estas disposiciones, por mucho que falte para que se redacten. Si bien no se descarta que el nuevo estatuto haga alguna mención general, predomina la concepción de que no es el documento apropiado para asuntos tan específicos. Cobra fuerza la idea de que la regulación más fina pueda ser parte de alguna “disposición transitoria” o del Reglamento General, una norma “menos abstracta” que podría adaptarse en paralelo con el estatuto.
Hay quienes defienden el uso de esas vías para limitar el tiempo de las cesiones, aunque la posible aprobación de un proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo podría quitarle trascendencia a lo que defina la AUF. Es que ya está en el Parlamento la iniciativa que propone regular “el derecho de explotación de espectáculos deportivos”, que en su artículo 4° establece que “los contratos de adquisición […] no podrán tener una duración mayor a cuatro años”. Que nadie desespere en la AUF: no tiene efectos retroactivos.
Cronología del desatino
Desde el nacimiento de la sociedad con Tenfield, en tiempos de Eugenio Figueredo, la opacidad fue el común denominador de una serie de negociaciones hechas a la medida del comprador. Al menos hasta hace un lustro, la AUF vendió lo que debía vender pero también tercerizó lo que podía explotar por propia cuenta, como la indumentaria, la esponsorización directa y la organización de amistosos. A menudo, cedió paquetes de productos en lugar de optar por la más conveniente comercialización individual. Bauzá fue clave para quebrar esa lógica, pero no pudo con una todavía vigente: la maldita costumbre de ceder los derechos del fútbol local con años de antelación y por lapsos frecuentemente mayores a los que intenta establecer el Poder Ejecutivo. Cada vez que le dan el voto a ese tipo de extensión contractual, los clubes pierden el dinero resultante de una sostenida valorización del producto en tiempos de avances tecnológicos continuos y difíciles de prever. Hasta ahora, el error se repitió cuatro veces y siempre le aseguró a Tenfield cerca de una década de negocios.
La raíz viene de lejos. A mitad de 1999 comenzó a regir el primer contrato con la “T”, que se firmó por diez años. Pero en el arranque de 2003, cuando todavía faltaban seis años y medio para su finalización, se acordó una prórroga por cinco temporadas: desde mitad de 2009 hasta mitad de 2014. En ese momento, la empresa de Francisco Casal se aseguró 11 años y medio de derechos sobre el fútbol local.
La superposición escaló un peldaño más en 2007, cuando se suscribió una extensión por dos temporadas y media: desde mitad de 2013 hasta fines de 2016. Faltaban dos años para el final del primer contrato, cuando ya se estaba suscribiendo el tercero. Resuelta la cuestión, Paco aseguró los derechos del fútbol doméstico por los siguientes nueve años.
La misma lógica se dio en 2012, momento en el que se firmó una extensión por cinco temporadas: desde 2017 hasta 2021 inclusive. Cuando faltaban dos años para el final del segundo contrato, ya se cerraba el cuarto. Como en la renovación anterior, Casal aseguró el negocio por nueve años.
La última perla data de 2015, año de la firma de la última extensión, que fue por cuatro temporadas: desde 2022 hasta 2025 inclusive. En este caso, cuando faltaba más de un año para que caducara el tercer contrato, se concretó el quinto. Esta vez, Tenfield superó la marca de las dos renovaciones anteriores y aseguró los derechos por al menos diez años.
Estos y otros hechos motivaron la intervención de organismos como la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Finanzas, que en 2011 emitió una resolución que recomienda cesiones de derechos “por períodos de tiempo no excesivamente prolongados”. Pero lo que fuera del fútbol resulta escandaloso, en la calle Guayabos tiende a naturalizarse. Hace seis meses, las instituciones cercanas a Casal fogoneaban una extensión hasta no menos de 2030.
Maquillaje o cirugía
Hasta la semana pasada, esos clubes concentraron las últimas resistencias a la imposición reformista de la intervención de FIFA. Pero el rezongo recibido en Paraguay pareció disolver aquella oposición al nuevo estatuto. El intento frustrado tiene su lógica. En la Asamblea de Clubes, que en breve será sustituida por el nuevo Congreso, Tenfield ha tenido a la vaca atada desde 1998. En la nueva era habrá más sillas, más voces y más votos. Si bien resta definir la proporción, uno de los nuevos colectivos representados será el de futbolistas. Justo en tiempos de Mutual y selección enfrentadas a Paco. No es descabellado pensar que su empresa consiga adecuarse a lo que se viene. Pero está claro que le demandará tejer nuevas alianzas, por decirlo de algún modo. Por ahora, no muere una época sino un esquema político que marcó dos décadas. El que lo sustituirá se definirá en las pocas semanas previas a la fecha límite establecida por FIFA y Conmebol. Buena parte de la discusión se centrará en determinar qué porcentaje de los sillones a repartir en el nuevo organismo le corresponderá a los jugadores. Se prevén debates teñidos de intereses comerciales y también de visiones de clase. Ese cruce de caminos explica algunas de las varias coincidencias de los últimos años entre Tenfield y el presidente de Liverpool, José Luis Palma, una figura tradicionalmente crítica de los contratos asignados a la compañía que, a la vez, tiene fama de patrón duro, reacio a abrir espacios de decisión a los trabajadores. Su actual posicionamiento es un buen ejemplo del entrevero político suscitado tras la caída de Valdez.
Del lío se saldrá con presumibles pasos al frente, como una AUF abierta a actores antes excluidos y la extensión contractual con Óscar Washington Tabárez, garantía de continuidad del proceso de selecciones. La profundidad que alcance la regulación de los procesos de venta de derechos televisivos podría ser la diferencia entre una intervención cosmética y una intervención con efectos realmente superadores.