El fútbol moderno tiene infinitas pantallas. Pero quedémonos con dos. En una, el árbitro mira un foul desde todos los ángulos posibles hasta encontrar el instante exacto en que una pierna llega tarde, una plancha se levanta demasiado, un centímetro y medio de humanidad significa offside o un partido cambia de dueño. En la otra, mucho más discreta, un presidente llama a otro presidente. La primera pantalla se llama VAR. La segunda no tiene nombre, pero decide cosas.
Folarin Balogun fue expulsado con ayuda de la tecnología: una máquina al servicio de la precisión. Sin VAR, fue un planchazo descalificador. Sin embargo, después fue habilitado por una decisión administrativa que llegó bajo la sombra de una llamada de Donald Trump a Gianni Infantino: una máquina al servicio de la conveniencia.
La FIFA lleva décadas defendiendo la idea de que la política no debe manchar al fútbol. La frase tiene una elasticidad increíble. Les sirve y ponen el grito en el cielo para censurar un brazalete, una bandera, una protesta, el puño en alto o una rodilla en la tierra. Pero cuando el poder político más grande del planeta interviene buscando incidir para beneficiar a la selección dueña del Mundial que organiza, la política deja de ser contaminación y se vuelve compasiva.
La llamada no es un detalle de color. Antes de ella había una expulsión que se puede discutir como otras. En el fútbol una tarjeta roja tiene una pedagogía elemental que dice que quien sale no juega el partido siguiente. Es una regla tan básica que no necesita explicación. Si la falta fue mal juzgada, existen instancias para discutirla. Si el VAR se equivocó, el problema será del artefacto. Pero si la sanción se conserva y, al mismo tiempo, se suspende su consecuencia, lo que se modifica no es el fallo, sino el peso de quien lo recibe.
Balogun quedó en una posición extraña. No fue absuelto, tampoco castigado. Es el futbolista de Schrödinger: suspendido en los papeles, disponible en la planilla. La roja sigue allí, en algún archivo de FIFA, como una prueba de que las instituciones todavía respetan sus propios reglamentos. Pero el jugador entrará a la cancha, el único lugar donde las sanciones realmente existen.
Sí, se convirtió una sanción automática en una decoración jurídica. La regla no se rompió, pero la hicieron flexible. Pero lo que pasa con la flexibilidad, sobre todo en las organizaciones que administran millones, es que rara vez es una virtud democrática. Es, más bien, un privilegio.
Trump celebró que se hubiera corregido una “gran injusticia”. La frase tiene una eficacia conocida. En la política estadounidense la injusticia suele ser el nombre que adopta un interés cuando necesita parecer principio. No se invade por petróleo, se protege la libertad. No se presiona a una organización deportiva, se defiende al atleta. No se inclina la cancha para el anfitrión, se devuelve el fútbol a su pureza.
La FIFA, por su parte, no necesita compartir esa retórica para beneficiarse de ella. Le alcanza con dejarla circular. Desde hace años, la institución vende el Mundial como una ceremonia de unidad global, una competencia donde las fronteras se vuelven camisetas y las disputas nacionales se resuelven en 90 minutos. Es una fantasía útil, sobre todo para quienes negocian contratos, sedes, derechos televisivos y condiciones de seguridad con gobiernos. La política, en ese relato, es mala cuando llega desde la tribuna y buena cuando garantiza estadios, aeropuertos, exenciones fiscales y fotografías con presidentes. Lo viví en carne propia.
Voy más atrás porque la contradicción no empezó con Balogun. El Mundial de 2026 fue concebido como una expansión con más equipos, más partidos, más territorios, más mercados, pero también significó una consagración. Estados Unidos no es solamente uno de los anfitriones: es el centro de gravedad económico de la operación. Allí está la final, allí se concentra la mayor cantidad de partidos, allí están el público que la FIFA necesita conquistar sin intermediarios y el poder político con el que conviene llevarse bien.
El FIFA Gate funciona como telón de fondo de esa relación. La Justicia estadounidense no creó a Infantino, pero sí ayudó a derrumbar el ecosistema que hizo posible su llegada. Las detenciones de dirigentes en Zúrich, las acusaciones de corrupción y la caída de Sepp Blatter dejaron a la FIFA buscando una cara nueva, una administración nueva y, sobre todo, una nueva fuente de legitimidad. Infantino ocupó ese vacío. Desde entonces, el vínculo con Estados Unidos no es una conspiración demostrable ni una obediencia automática; es, por sobre todas las cosas, una afinidad de intereses entre el organismo que necesita un mercado y el mercado que sabe cuánto vale ser necesario. Por eso el caso no se agota en una discusión sobre si Balogun merecía la roja.
Bélgica no reclama solamente por un delantero disponible. Reclama por haber preparado un partido contra una versión de Estados Unidos que, de pronto, dejó de existir. La UEFA no discute una falta: discute el precedente. Porque toda excepción poderosa contiene una pregunta para el futuro: ¿quién podrá pedirla la próxima vez? Y, más aún, ¿quién tendrá el teléfono adecuado?
La FIFA seguirá diciendo que protege al fútbol de la política. Pero en 2026 consiguió una nueva tecnología. Es un sistema más antiguo y eficiente: la llamada correcta. No revisa una jugada ni mide un offside. Decide qué política puede entrar a la cancha y cuál debe quedarse afuera.
