Mientras se aproxima la implementación del nuevo esquema para la fijación de las tarifas de combustibles y el tema es motivo de debate, las autoridades de ANCAP presentaron este martes los resultados de la empresa acumulados al tercer trimestre del año. Los números siguen la línea de lo ocurrido hasta el primer semestre, con ganancias operativas que terminan en un resultado neto negativo por los impactos financieros de la evolución del dólar.
El presidente de ANCAP, Alejandro Stipanicic, el gerente general Ignacio Horvath y el coordinador de la gerencia general, Nicolás Spinelli, explicaron en un taller para la prensa que los números reflejan la “exposición al dólar” que tiene la empresa. Es que recibe ingresos en pesos y tiene deudas en dólares, que cuando la moneda estadounidense sube su valor se elevan —este año el dólar aumentó en Uruguay 14,76%—.
Esa diferencia del tipo de cambio más el pago de intereses llevó a un resultado financiero negativo de 68 millones de dólares en el acumulado a setiembre. En ese período el resultado operativo de ANCAP fue positivo en 7 millones de dólares —hubo 25 millones de dólares de ganancia producto de una cobertura de divisas contratada al Banco Central— lo que determina que las pérdidas en el período ascienden a 61 millones de dólares.
Si a eso se le suman los resultados de las empresas vinculadas que forman el Grupo ANCAP —como la distribuidora Ducsa que ganó 17,4 millones de dólares o Alcoholes del Uruguay (ALUR) que aportó 10,5 millones de dólares—, se llega a un resultado negativo de 28 millones de dólares a setiembre. Las autoridades destacaron que las firmas subsidiarias mejoraron su actuación en el último trimestre.
Del análisis por línea de negocios, surge que se mantiene la tendencia habitual: combustibles (que ganó en el período seis millones de dólares), lubricantes (3 millones de dólares) y gas natural (un millón de dólares) tuvieron un balance positivo y el portland continuó en rojo (una pérdida de 3 millones de dólares).
Las autoridades de ANCAP explicaron que hubo una afectación de los ingresos producto de la pandemia y su impacto en la demanda de combustibles. La caída hasta setiembre en el mercado interno fue 7% respecto al 2019, aunque quedó atrás el peor momento ocurrido en abril, cuando hubo una retracción del consumo de gasolinas del 38%. Este y otros factores llevaron a una baja en los ingresos netos de ANCAP del 18%.
Mezcla de biocombustibles y futuro de las plantas de ALUR
Según los números que aportaron las autoridades, este año las tres plantas de ALUR que producen biocombustibles —bioetanol en Bella Unión y Paysandú, y biodiesel en Capurro— tuvieron una mejora en los precios por metro cúbico producido. Esto sigue una tendencia, ya que también ocurrió lo mismo al comparar 2019 contra 2018. Sin embargo, hay notorias diferencias en el precio entre la planta de Bella Unión y la de Paysandú, ya que en la primera costó en promedio 1.900 dólares el metro cúbico, contra 880 dólares por metro cúbico en la segunda.
Así las cosas, ANCAP comenzó un proceso de evaluación de todo lo vinculado a los biocombustibles, indicaron las autoridades. Es que la mezcla es obligatoria y surge de una ley que votaron todos los partidos en 2007, estableciendo un mínimo de 5% y un máximo de 10%, pero es la petrolera quien define el porcentaje y actualmente vuelca 5,5% en el gasoil así como 9,8% en las naftas. La única definición ya tomada por parte del gobierno es que se mantendrá la producción en Bella Unión.
Igualmente, las autoridades aclararon que se trata de una evaluación compleja porque cualquier cambio “lleva tiempo” y afecta “procesos” de producción ya automatizados en cada planta. A modo de ejemplo, si se reduce el porcentaje de mezcla de bioetanol y se mantiene la planta de Bella Unión, se afectará la actividad en Paysandú, que hoy es más eficiente. Otra posibilidad bajo análisis es discontinuar la producción de biodiesel en la planta de Capurro e importar la mezcla, pero igual ALUR debería pagarle a su socio, la empresa Cousa, que tiene un contrato vigente hasta 2028.
Además, ANCAP piensa implementar un precio de referencia para estos productos en función del valor internacional de los biocombustibles y “las particularidades” de cada planta, en busca que “los productores (que abastecen a ALUR) tengan más incentivos” para mejorar los rendimientos agrícolas.
Oficialismo votó dividido en el directorio
En la reunión del martes del directorio de ANCAP se confirmó, tal como adelantó el lunes la diaria, que la empresa va a recurrir por vía administrativa la reciente resolución de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (URSEA) sobre la nueva metodología de cálculo del precio de paridad de importación (PPI). Esto es un ejercicio teórico que muestra cuánto costaría a un privado comprar crudo y procesarlo para vender combustibles en Uruguay, y será desde 2021 —aunque el gobierno adelantó que habrá una implementación gradual— la nueva referencia que tendrá el Poder Ejecutivo para fijar las tarifas.
La decisión no se tomó por unanimidad y el voto contrario fue de un representante del gobierno, el vicepresidente Diego Durand (Partido Nacional). Los que apoyaron la presentación fueron el presidente Stipanicic, el director Richard Charamelo (Partido Nacional) y el director frenteamplista Walter Sosa. El representante de Cabildo Abierto en el organismo, Enrique Pees Boz, no participó de la reunión.
ANCAP cuestiona una serie de variables que forman parte del PPI y terminan incidiendo en el valor final que divulgó la URSEA. En otras palabras, para el ente hay costos de producción que están subestimados en la metodología y que terminan dando como resultado una brecha mayor entre la paridad de importación y el precio de venta al público de los combustibles.
Una fuente del directorio explicó que ANCAP quiere dejar constancia de sus diferencias con el cálculo de la URSEA para tratar de que sea revisado próximamente, ya que dentro del nuevo esquema de fijación de tarifas se contempla una actualización periódica del PPI. Según los cálculos del ente hay unos 120 millones de dólares de diferencia entre lo publicado por la URSEA y los costos que considera ANCAP, pero el informante admitió que de ese total unos 30 millones de dólares son de imprescindible revisión y el resto se podría discutir a nivel técnico.