Esperando la tan anunciada transparencia de la gestión pública

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El derecho a saber

La transparencia en la gestión pública consiste en que la información referente a las políticas gubernamentales sea construida y esté disponible para la ciudadanía, con limitadas excepciones, de forma oportuna y en formatos de datos abiertos que puedan ser reutilizados.¹

En la actualidad, es considerado un indicador relevante que los gobiernos sean transparentes en sus asuntos públicos a la hora de medir su calidad democrática, al tiempo que los ciudadanos demandan cada día mayor acceso a información de calidad sobre el diseño y la implementación de las políticas públicas; es lo que se conoce en los estándares de transparencia como “el derecho a saber”.

La gestión pública debe ser transparente por definición. Sin embargo, la idea de promover y asegurar la transparencia fue una insistente promesa de campaña electoral del actual gobierno, como si existiera una ausencia de ella. El entonces candidato a la presidencia Luis Lacalle Pou fue contundente con el tema, y quedó documentado en su Programa de Gobierno: “Queremos que los ciudadanos nos controlen. Para eso vamos a publicar toda la información generada por la actividad del Estado”. No estuvo sólo en ese eslogan de campaña, sino que fue apoyado por los demás integrantes de los partidos de la coalición de gobierno.

El discurso de un gobierno transparente se mantuvo en el tiempo. En la exposición de motivos que acompañó la ley de presupuesto se habla de que “uno de los pilares del plan de acción desplegado desde el 1º de marzo del presente año es una acción transparente, con rendición de cuentas permanente al Parlamento y a la opinión pública”. Pero, lamentablemente, todavía esperamos la tan anunciada transparencia de la gestión pública. Aquella promesa de campaña, a casi nueve meses de gobierno y con una ley de presupuesto con media sanción de la Cámara de Diputados, aún no se ha convertido en realidad.

La información presupuestal incluida en el proyecto de ley y en sus anexos remitida al Parlamento no ha sido ni adecuada ni suficiente. Por tanto, no ha contribuido al análisis ni a la discusión de la ley de presupuesto, ni dentro ni fuera del Legislativo.

Con el objetivo de levantar estas limitaciones para el análisis y la discusión presupuestal, en la comparecencia del Ministerio de Economía y Finanzas en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados, el 7 de setiembre, la bancada de diputados del Frente Amplio realizó varias solicitudes de información adicional por escrito. En su segunda comparecencia a la comisión, estas solicitudes fueron reiteradas, pero la información nunca llegó.

La ausencia de respuesta del Poder Ejecutivo llevó a la bancada de diputados de la oposición a comunicar a la ciudadanía la falta de transparencia que caracteriza a este presupuesto nacional, y propuso incluir un conjunto de artículos que establezcan la tan prometida transparencia (obligación de publicar y permitir el acceso al Parlamento y a la ciudadanía de la información básica e imprescindible para una discusión de calidad que permita el seguimiento de las políticas públicas). Sin embargo, todas las propuestas respecto de la transparencia en la información presupuestal y fiscal fueron rechazadas por los diputados de la coalición de gobierno.

Vale la pena aclarar –y detallar– de qué hablamos cuando nos referimos a información de calidad que colabore a la discusión presupuestal y permita el seguimiento de las políticas públicas. No estamos hablando de “secretos de Estado”, sino de insumos elementales para el Parlamento y para la ciudadanía; de información necesaria para comprender cabalmente qué hay detrás de cada artículo al que los legisladores darán o no su voto y para cumplir con el genuino derecho de los contribuyentes de saber qué hace el gobierno con el dinero de sus impuestos. A continuación, se detallan algunos de los puntos sobre los que la bancada de la oposición reclama, sin éxito alguno, transparencia al gobierno.

» Acceso a información presupuestal en tiempo y forma. Algunos de los artículos propuestos establecían la obligación de que la información que acompaña los presupuestos y las rendiciones de cuentas sea accesible en un formato compatible con planillas electrónicas, dado que actualmente se presenta sólo en un formato PDF, y eso dificulta notoriamente su análisis. En el mismo sentido, se pedía la publicación de información respecto de los créditos presupuestales y sus principales modificaciones, así como la ejecución presupuestal durante el año, dado que la información que se publica actualmente no cuenta con la apertura mínima necesaria para poder realizar un seguimiento adecuado. Estos pedidos se encuentran totalmente alineados con los estándares de transparencia que establecen que los gobiernos deben realizar publicaciones proactivas –de carácter gratuito y libre para su reutilización– y en formatos abiertos.

» Explicitación de los modelos y supuestos sobre los que se sustentarán los cálculos de la regla fiscal. Dado que el gobierno orientará su política fiscal sobre la regla fiscal, parece más que necesario que los modelos y los supuestos sobre esta sean conocidos, no sólo por el comité de expertos que se propone en la ley, sino por la academia y los analistas económicos, para que sus opiniones al respecto sean conocidas por la ciudadanía y demás agentes. Este pedido está alineando con otros de los pilares de la transparencia gubernamental, que dice que “el acceso es la regla y el secreto, la excepción”.

Un pedido de carácter técnico y de vital importancia para el análisis presupuestal que tampoco tuvo eco, ni en el equipo económico ni en la bancada de la coalición de gobierno, corresponde a la conciliación entre las asignaciones presupuestales y la proyección fiscal. Esta conciliación es lo que permite jerarquizar la discusión presupuestal y explicitar a los ministerios ejecutores las partidas de las que dispondrán con certeza. Además, posibilita que el Parlamento cumpla con su rol de seguimiento presupuestal. Cabe aclarar que actualmente el Ministerio de Economía y Finanzas dispone de los conocimientos, la metodología y los sistemas de información que permiten hacerlo, como parte de las capacidades creadas en la última década.

En el mismo sentido, se solicitó el acceso público a las evaluaciones de las políticas públicas en general, e información referente a empresas públicas en particular. La ley de presupuesto exige que las empresas públicas presenten informes explicativos de los planes y las metas, al igual que a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que determine los criterios y los estándares mínimos de retorno sobre el patrimonio de cada una, lo cual tiene una incidencia determinante en la fijación de las tarifas. Por ello, se considera necesario que dichos informes sean públicos (bajo la premisa de que el secreto debe ser la excepción).

Otros de los pedidos realizados por la bancada de la oposición, que además es clamor popular, refiere a la información necesaria para dar seguimiento al Fondo Covid. El marco legal que le dio origen (votado de manera urgente y por mayoría, como parte del proceso de oposición responsable del Frente Amplio ante la emergencia sanitaria) establece que el Poder Ejecutivo deberá rendir cuentas de lo actuado a la Asamblea General a los 90 días posteriores a su vigencia, que pueden prorrogarse por 90 días más. La información sobre dicho fondo en la actualidad es muy escasa e insuficiente para su adecuado seguimiento tanto por parte del Parlamento como de la ciudadanía. Cabe aclarar que esta información fue objeto de varios pedidos de informes de legisladores, algunos incluso con preguntas sobre temas metodológicos de registros del fondo, sobre los cuales no se brindó información adicional amparada en el marco legal de su creación. Una vez más, queda coartado el derecho a saber.

Ante una nueva instancia de discusión presupuestal en la Cámara de Senadores, el Poder Ejecutivo y la bancada de la coalición de gobierno están a tiempo de cumplir su promesa de campaña. Pensar en clave de transparencia de las políticas públicas es un derecho que tienen los ciudadanos y que refiere, además, a la lucha contra los abusos de poder, la corrupción y el buen manejo de los fondos públicos, junto al derecho elemental de saber en qué se utiliza el dinero de sus impuestos.