Comenzó el proceso que desembocará en una reforma del sistema previsional uruguayo y, como es de esperar, proliferan los debates y los análisis vinculados a la seguridad social. En ese marco, hay frases que, aunque suenan lógicas, aportan la dimensión real del tema y sus implicancias. “Las pensiones heredan todos los problemas y las virtudes del mercado laboral, que a su vez hereda todos los problemas y las virtudes del sistema educativo”, expresó hace pocos días el experto español Javier Díaz Giménez. Díaz Giménez es profesor de Economía de la Universidad de Navarra, y compartió su visión sobre el tema en una disertación que organizó la Universidad de Montevideo.
Aunque se trata de una discusión actual, decidir qué hacer con los sistemas de pensiones es un dilema presente en casi todos los países del mundo y se trata de un partido que ya tiene parte del resultado definido por hechos del pasado, y que debe incorporar tendencias futuras, dado que busca anticipar diversos fenómenos.
Sobre el punto de partida y las proyecciones demográficas, la diaria conversó con dos técnicos cuyos informes serán insumos claves para decidir sobre la reforma previsional de nuestro país: Nadya Camerosano, contadora de la Asesoría Económica y Actuarial del Banco de Previsión Social (BPS), que integra la secretaría técnica de la comisión de expertos que analiza la reforma, y Guillermo Alves, economista principal de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina.
Camerosano fue la encargada de actualizar las proyecciones demográficas hacia 2100. Según explicó, el descenso de la tasa de nacimientos, asociado a políticas públicas exitosas de prevención del embarazo adolescente y de estímulo a la planificación de la maternidad, llevó a estimar una menor población hacia adelante y un cambio en la estructura etaria, con predominancia de los mayores de 65 años. Por su parte, Alves señaló que el actual diseño del sistema previsional uruguayo tiene “una redistribución regresiva”, que hace que familias de menores ingresos terminen subsidiando jubilaciones altas.
La fecundidad y el Uruguay del futuro
Según la proyección más reciente sobre la demografía de Uruguay, hacia 2090 quedarían caducas varias referencias muy arraigadas. En particular, una de las más famosas: cuando juega la selección corren tres millones. De acuerdo al último censo, realizado en 2013, el país cuenta con 3.440.000 de habitantes. En este sentido, la referencia siempre suponía una aproximación gruesa. El problema es que hacia el final del siglo podremos seguir utilizando esa aproximación, pero nos estaríamos arrimando desde el otro lado. Es decir, con ese horizonte temporal, la población uruguaya se ubicaría en el entorno de las 2.700.000 personas.
¿Cómo se llega a esto? La técnica del BPS explicó que, dentro del trabajo para generar insumos a la comisión de expertos, se revisaron las proyecciones demográficas a 75 años que calculó el Centro Latinoamericano de Demografía –perteneciente a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe–. Si bien no se observaron cambios relevantes en variables como la mortalidad, la esperanza de vida o el saldo migratorio, sí se acrecentó la tendencia a la baja en la curva de fecundidad.
“Es mucho tiempo con menos nacimientos cada año, y eso es lo que explica a la larga el descenso de la población”, señaló Camerosano. A modo de ejemplo, en 2019 se registraron 2.671 nacimientos menos que el año anterior. Este es un fenómeno que se repite en los últimos años, aunque el ritmo de caída viene desacelerando. Por ejemplo, en 2017 hubo 4.022 nacimientos menos que en 2016. “La última proyección daba una población de 3.100.000 al 2100, y con la tasa de fecundidad ajustada tendríamos 2.700.000”, detalló. Esto incluye una caída del nivel de nacimientos que, si bien no es tan pronunciada, es sostenida en el tiempo. Esa tendencia va hasta el año 2070, cuando se observaría un repunte producto de extrapolar las tendencias internacionales que se espera tengan impactos en Uruguay. “La tasa de fecundidad llegaría al término del período (año 2100) a un valor similar al punto de partida (nivel actual), alcanzando su punto más bajo en 2070”.
Esas proyecciones implican, según explicó Camerosano, un cambio en la estructura de la población uruguaya, con una mayor predominancia de las personas en la etapa de vida pasiva: la proporción de la población uruguaya con 65 años o más en el total pasaría de 16% a 30% hacia finales del siglo. “Al envejecimiento de la población se llega por un aumento en la esperanza de vida y por menores nacimientos. Esto hace más angosta la pirámide de población: la menor cantidad de nacimientos achica la base, y sólo crece hacia arriba a medida que más generaciones van envejeciendo”.
Más allá de alterar lo previsto en términos demográficos, la menor fecundidad es un indicador positivo, porque la baja en los nacimientos se centra en los grupos etarios menores a 24 años. “Hubo políticas anticonceptivas de gran impacto, lo cual es un logro porque se buscó dar más información para que las mujeres tomen la decisión de en qué momento comenzar con su maternidad”, destacó Camerosano. Agregó que, si bien los fenómenos de postergación del embarazo y de una menor cantidad de hijos por mujer son consistentes con tendencias globales, no se observa que en Uruguay pase como en otros países, que se elevó considerablemente el número de mujeres que no tendrán descendencia.
Un Robin Hood regresivo a la uruguaya
Las proyecciones demográficas que presentan escenarios desafiantes para Uruguay no se limitan al trabajo de la comisión de expertos. También surgen datos similares del informe sobre los sistemas de pensiones y la cobertura en salud en la región que presentó hace pocos días la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina.
Guillermo Alves, uno de los autores del trabajo, explicó que “Uruguay ya es un país bastante envejecido dentro de la región”. Mientras que Uruguay tiene 16% de su población por encima de los 65 años, el promedio en América Latina es 8%. “Estamos en una región relativamente joven, pero la alerta es que habrá un envejecimiento rápido en las próximas décadas: a final del siglo habrá una situación, tanto en Uruguay como en el resto de los países, en que se espera que una de cada tres personas sea mayor de 65 años”, sostuvo.
Para dimensionar la velocidad de los cambios demográficos, durante el siglo pasado a los países europeos les tomó entre 80 y 100 años atravesar el proceso de envejecimiento que ocurrirá en dos o tres décadas en América Latina. De acuerdo a él, “los países deben prepararse para atender esto en términos de protección social antes de que gran parte de la población entre en la vejez, lo que implica contemplar que tengan ingresos a través de los sistemas de jubilaciones o pensiones, y cobertura en salud y cuidados en el largo plazo”.
Sobre ese marco es que Alves encuadra la discusión sobre la reforma previsional en nuestro país, que también debe atender características internas que delinean el punto de partida para el análisis. Por un lado, “hoy Uruguay tiene una dificultad de sostenibilidad fiscal de su sistema de protección a la vejez, y lo que nos marca el previsible envejecimiento es que eso se va a agravar” con el correr de los años; pero no se puede perder de vista que a la vez el país “ha hecho un muy buen trabajo”, dado que el modelo previsional logró “bajos niveles de pobreza entre los adultos mayores”. Esto es producto de la alta cobertura y de la suficiencia relativa de las prestaciones que brinda nuestro sistema.
Asimismo, el economista repasó que el dinero transferido al régimen previsional –contando los impuestos afectados al BPS, la asistencia financiera que recibe y lo que se destina a las cajas paraestatales– es superior al gasto total en educación. Esto se explica porque “los aportes que realizan trabajadores y empresarios están cubriendo aproximadamente sólo la mitad del gasto” en jubilaciones. Lo restante debe ser aportado por Rentas Generales y “son recursos que la sociedad transfiere”, optando por no destinarlos a otras prioridades o sectores de la población.
Precisamente, la clave para definir una reforma del sistema previsional pasa por discutir y evaluar, como sociedad, qué nivel de gasto estamos dispuestos a tolerar para solventar a los trabajadores retirados. Para eso, según Alves, es primordial entender que “al final del día, cuando un uruguayo va al supermercado a comprar algo o paga una factura, hay parte de ese dinero por concepto de IVA que se va a jubilaciones”. Esto tanto porque el BPS tiene afectados siete puntos de la recaudación del IVA como porque el resto de lo que ingresa al fisco (por este y otros impuestos) puede terminar siendo parte de la asistencia financiera al régimen previsional que realiza Rentas Generales.
Alves: “Hoy en Uruguay la sociedad realiza transferencias de recursos a casi todos los jubilados, independientemente de su nivel de ingresos, entonces hay trabajadores de altos ingresos que reciben una jubilación por un monto mayor al que aportaron”.
Sobre la base de que todos los esquemas de protección social persiguen como objetivo “que la persona durante su vida laboral aporte fondos para después tener un ingreso en la vejez”, cada país decide luego cómo resuelve la posibilidad cierta de que lo ahorrado “no sea suficiente para evitar situaciones de pobreza”. Esto implica “la necesidad de realizar algún tipo de redistribución entre los trabajadores que aportaron más y los que lo hicieron menos”, buscando compensar esa situación y evitar que los pasivos tengan un ingreso insuficiente en la etapa de mayor vulnerabilidad de la vida.
“Hoy en Uruguay la sociedad realiza transferencias de recursos a casi todos los jubilados, independientemente de su nivel de ingresos. Entonces, hay trabajadores de altos ingresos que reciben una jubilación por un monto mayor al que aportaron. Cuando uno piensa, lo ideal para un sistema de pensiones sería que la pasividad correspondiera a lo aportado, excepto en los casos en que lo ahorrado no sea suficiente”, expresó Alves. Es por este subsidio que el economista define el esquema actual como “una especie de Robin Hood al revés: una redistribución regresiva que destina dinero de impuestos que pagan todas las familias a jubilados de altos ingresos”. A modo de ejemplo, parte del IVA que paga un hogar del decil más pobre termina incrementando la jubilación de una persona del decil más rico.
Un rediseño del sistema de subsidios que elimine los aspectos regresivos y que priorice la atención sólo en aquellos que sí lo necesitan permitiría ampliar la cobertura e incluir a cerca de 5% de las personas de la tercera edad que hoy no reciben un ingreso del Estado –a la pensión a la vejez se accede con 70 años o más– y hasta podría pensarse en mejorar la jubilación mínima, que hoy está en 13.783 pesos y la cobran unos 142.000 uruguayos.
El economista de CAF señaló que “no hay una única forma de alcanzar” el llamado equilibrio actuarial, que implica que el jubilado reciba una prestación acorde al dinero que aportó, y que esto no implica tampoco que tengan más predominancia los esquemas de ahorro individual, como las AFAP locales. Todo indica que Uruguay mantendrá su sistema mixto, que combina un pilar administrado por el BPS con otro de capitalización que gestionan las AFAP, pero la discusión será qué variables se modifican y en qué medida, estando en el menú de opciones subir la edad de retiro y cambiar el cálculo de la tasa de reemplazo (porcentaje del sueldo que cubre la pasividad).
“La comisión de expertos deberá evaluar cuál es la mejor forma institucional para realizar este necesario ajuste” en el sistema, concluyó Alves. Para saber la respuesta a este dilema que genera atención y preocupación en la población habrá que esperar al menos hasta mitad del año que viene, cuando el Poder Ejecutivo tiene previsto enviar al Parlamento el proyecto de reforma que surja del trabajo de los técnicos. Ahí se sabrá si el resultado refleja o no las prioridades que identifica la sociedad.