Luego de que un comité de expertos integrado por asesores del gobierno informaron las ideas y reformas que recomendaban para el mercado de los combustibles, llegaron las primeras repercusiones. Los estacioneros, representantes de gremiales del agro y de la oposición vertieron críticas al contenido del informe que analiza ahora el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), que deberá presentar en enero un reporte sobre lo actuado al Parlamento, tal como quedó estipulado en la ley de urgente consideración (LUC).
Algunas de las recomendaciones del comité de asesores son eliminar la mezcla de biodiésel o importar el producto para abaratar el precio del gasoil, revisar la tasa de subsidio al boleto, que los precios al público en tres años se equiparen con la paridad de importación, y que las estaciones de servicio puedan, al terminar este proceso, vender al público a precios diferenciales.
La Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu) transmitió al gobierno que tiene varias diferencias y que, de concretarse las reformas planteadas, el negocio se volvería inviable. A su vez, el presidente de la gremial de arroceros criticó que los consumidores y productores no estuvieran representados en el comité, y el Frente Amplio (FA) entiende que el informe presentado es “sesgado” y “responde a intereses privados”.
Este proceso iniciado por la LUC está ligado al nuevo esquema definido para el precio de los combustibles, que fijó como referencia a futuro el precio de paridad de importación (PPI) –un cálculo teórico que genera discusión– que calcula la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (URSEA). Todo esto, por el momento, no tiene relación con el análisis de un ajuste de tarifas para enero de 2021 que realiza el gobierno, que se definirá en los próximos días.
La semana pasada, el subsecretario del MIEM, Walter Verri, dijo que “el gran objetivo” que se persigue es “hacer más eficiente la cadena de combustibles y como consecuencia de eso bajar los precios”, aunque señaló que “no se deben generar falsas expectativas” sobre una rebaja inmediata. Entrevistado por Desayunos informales, de Canal 12, explicó que el contenido del informe “es un insumo, no obliga a tomarlo todo” y agregó que a nivel del Poder Ejecutivo se tomará “una decisión política” para definir qué reformas se impulsarán.
Verri adelantó su opinión favorable a dejar de mezclar biodiésel en el gasoil y de que el fideicomiso del boleto “se financie de otra manera”, por ejemplo “redistribuyendo” la tasa que hoy grava al gasoil a las naftas.
Estacioneros: “La venta de combustible así no puede funcionar”
El presidente de la Unvenu, Daniel Añón, informó a la diaria que la gremial mantuvo una reunión el martes 22 con el ministro de Industria, Omar Paganini, y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, para darles su opinión sobre el contenido del informe elaborado por los asesores. Explicó que apoyan los planteos para bajar el precio del gasoil asociados a eliminar la mezcla con biodiésel y revisar el fideicomiso del boleto.
Sin embargo, hay “otra cantidad de puntos en los que no tenemos coincidencias” con lo recomendado por el comité, dijo Añón. Detalló que hoy para las estaciones se ajusta el margen que reciben “cada tres meses por el Índice de Precios al Consumo” y se plantea “que eso pase a manos de la URSEA, con un ajuste más largo, y no se sabe si será por IPC”. Este tema quedó “para seguir conversando en enero” con el gobierno, señaló.
Además, la Unvenu rechaza la propuesta de que las distribuidoras (DUCSA, Axion y Petrobras) puedan tener bajo su poder más estaciones que el límite actual. “Eso es integración vertical, y pueden sumar márgenes y vender más barato”, lo que constituiría una competencia desleal respecto del resto, sostuvo Añón. Hoy el límite establecido son cuatro estaciones por distribuidora –más allá del resto que tienen su sello, pero otros propietarios– y la recomendación a estudio es llevarlo a 10% de las estaciones del sello, lo que consideró “una locura”.
La otra reforma que pretende el gobierno es que las estaciones de servicio puedan competir entre sí en precio, es decir que no haya un precio parejo –hoy el Poder Ejecutivo fija el valor máximo–. La Unvenu, según dijo Añón, ya transmitió a las autoridades que las estaciones “compiten” en ofertas o realizando acuerdos puntuales con grandes consumidores, “pero no ponemos cartelitos con diferencias de precios que serían mínimas”.
El presidente de la gremial agregó como conclusión que, de concretarse las reformas que entienden negativas para el sector, la mayoría de las estaciones “tendríamos que dedicarnos al autoservicio o cerrar, porque la venta de combustible así no puede funcionar”.
Otro representante del sector empresarial que se pronunció sobre lo dicho por los asesores del gobierno fue Alfredo Lago, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz. En su cuenta de Twitter señaló: “¿A estos expertos, no les preocupan los consumidores? No integraron el comité representantes de las carteras de gobierno relacionadas con los consumidores de combustibles: Ministerio de Transporte y Obras Públicas y Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca”.
Informe “sesgado” y riesgo de precios diferenciales por ubicación
El FA también sigue de cerca el proceso de posibles reformas en el mercado de combustible –votó parte de los artículos relativos al tema en la LUC, luego de que fracasó la desmonopolización que pretendía el Partido Nacional por diferencias en la coalición oficialista– y en especial la situación de ANCAP. El representante del FA en el directorio de la petrolera estatal, Walter Sosa, dijo días atrás que el informe del comité creado por el gobierno “es sesgado” y “responde a determinados intereses corporativos privados”.
En diálogo con la radio M24, Sosa advirtió que la propuesta de que a tres años el mercado quede sin regulación de precios en la cadena intermedia (fletes, distribuidoras y estacioneros), junto a la idea de reducir de cinco a dos las plantas de distribución activas en el país, llevará a precios diferenciales según el lugar del territorio. Las estaciones más alejadas de esas plantas tendrán “tarifas superiores”, añadió.
A su vez, subrayó que se está utilizando la referencia de los PPI para “predisponer a la población” contra el ente petrolero, para “mostrar que si no puede vender a esos precios es ineficiente, poniendo a ANCAP como único responsable del valor de los combustibles”.
Comentarios similares se desprenden de un documento que circula entre funcionarios y mandos medios de ANCAP vinculados al FA –al que accedió la diaria–, donde se menciona que varias de las recomendaciones de los asesores del gobierno “violan la autonomía” de la petrolera estatal. También alerta que los cambios atacan a DUCSA, distribuidora que forma parte del grupo ANCAP –es la subsidiaria con mayores ganancias– y funciona bajo el derecho privado.
“Durante 89 años ANCAP ha cuidado el abastecimiento en todo el territorio y a los mismos precios. El documento [del comité de expertos] habla de un ‘mercado maduro’ dentro de dos años y medio, donde hay libre competencia y el rol de ANCAP únicamente quedará reducido a la importación de crudo y refinación, así se va perforando cada vez más el monopolio de los combustibles. El sector privado sólo abastecerá donde obtiene renta”, concluye el análisis.