La inversión anunciada por la empresa española Solaria, de 5.700 millones de dólares para desarrollar un parque tecnológico de centros de datos en Uruguay, despierta expectativas y también interrogantes. Para algunos especialistas consultados por la diaria, representa una oportunidad para atraer capital, ampliar la infraestructura digital y posicionar al país en una actividad estratégica. Para otros, existe el riesgo de que Uruguay termine ofreciendo energía y recursos naturales a grandes empresas tecnológicas sin obtener a cambio un desarrollo productivo significativo.
“Creo que el anuncio es una buena noticia que hay que tomar con cierta cautela”, resumió Carlos Bianchi, doctor en Economía e investigador de la Universidad de la República.
En la misma línea, el exministro de Industria, Energía y Minería y actual integrante del Centro Interdisciplinario en Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático (Cicada), Guillermo Moncecchi, y el exdirector ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), Daniel Mordecki, consideraron que la instalación de centros de datos en Uruguay puede abrir oportunidades, aunque su aprovechamiento dependerá de las capacidades que el país desarrolle alrededor de esa infraestructura.
La mirada más crítica apareció en el análisis de la economista argentina Cecilia Rikap, quien advirtió que un espacio destinado a los centros de datos no equivale a un parque tecnológico y sostuvo que podría convertirse en “un cementerio en el cual Uruguay entierra sus posibilidades de desarrollo”.
Desde el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus), Raúl Viñas cuestionó que el gobierno no haya hecho público el documento firmado con la empresa y calificó las negociaciones como “secretas”.
Asimismo, la investigadora Carolina Aguerre, profesora de la Universidad Católica, consideró que se necesita información más detallada sobre las oportunidades laborales.
Los anuncios
El 14 de octubre, el presidente, Yamandú Orsi, anunció un acuerdo con la empresa española Solaria Energía y Medio Ambiente para desarrollar un “parque tecnológico de centros de datos de 500 megavatios”, de una inversión total de 5.700 millones de dólares.
El proyecto estará en régimen de zona franca e implica 5.500 millones de dólares en centros de datos y 200 millones para instalar 350 megavatios de generación solar “que abastecerán el parque con energía renovable propia”.
Orsi empezó la conferencia subrayando que es la inversión “más grande de la historia reciente”, y dijo que se trabajó “desde hace meses” en busca de este acuerdo, “con mucho profesionalismo y silencio”.
El mandatario resaltó que, además de ser una inversión millonaria, es “una señal de Uruguay al mundo” de que “somos un país donde se puede invertir, crecer y donde las reglas están claras y se respetan”. “Como creemos en la descentralización, y como creemos que el desarrollo es en todo el territorio o no es, esta inversión estará situada en tres departamentos de nuestro país: Florida, San José y Canelones. Este gobierno tiene un compromiso con llevar el crecimiento al interior del país para que se transforme en desarrollo”, destacó.
En cuanto al empleo, Presidencia anunció que, en la primera etapa, hacia 2029, “se crearán 3.100 puestos de trabajo en la construcción: 2.400 en los centros de datos y 700 en los parques fotovoltaicos”. Y con el proyecto completo en funcionamiento, “se generarán 1.500 puestos de trabajo permanentes”.
El gobierno proyecta que la inversión empezará a ejecutarse en 2028 y estará en funcionamiento para 2030.
Las posibilidades
Moncecchi, ingeniero en computación y docente universitario, explicó que contar con centros de datos en el territorio nacional puede mejorar los tiempos de respuesta de las comunicaciones y ampliar la cantidad de información que se puede transmitir. Esto abre posibilidades para aplicaciones que requieren grandes volúmenes de datos y capacidad de procesamiento.
Sostuvo que las “comunicaciones también son físicas” a pesar de que la ciudadanía crea que están en las “nubes” y en la “abstracción”. “Cuando hay un data center más cerca, los tiempos de respuestas son más rápidos y eso abre otras oportunidades”, explicó.
Moncecchi ubicó el proyecto dentro de una estrategia de desarrollo de infraestructura que Uruguay viene impulsando, que incluye el centro de datos de Antel, la expansión de la fibra óptica y los cables submarinos de conexión internacional.
No obstante, advirtió que la infraestructura por sí sola no garantiza el desarrollo tecnológico. Para eso, sostuvo que es necesario acompañarla con inversión en conocimiento, investigación y formación. “Esto tiene que venir acompañado de inversión en conocimiento”, señaló.
“El cementerio”
Por su parte, Rikap, profesora de Economía en University College London, planteó una crítica más profunda al modelo de desarrollo asociado a este tipo de inversiones. A su entender, presentar un parque de centros de datos como un parque tecnológico puede generar una imagen equivocada sobre las actividades que efectivamente se desarrollarán.
“Un parque de centros de datos no es un parque tecnológico. La imagen de este último son centros de I+D, empresas de base tecnológica. Nada de eso habita en un parque lleno de centros de datos”, sostuvo.
Rikap consideró que este tipo de emprendimientos profundiza una matriz extractiva, en la que los países ofrecen recursos naturales e infraestructura para sostener actividades tecnológicas cuyos principales beneficios se concentran en otros lugares.
“Abrirle los brazos a inversiones predatorias como esta es profundizar la dependencia, abrir más el espacio a las inversiones que cada vez más comunidades del mundo rechazan. Es cristalizar un rol subordinado en el capitalismo global en lugar de buscar un camino propio para el desarrollo”, afirmó.
También cuestionó que se presente la utilización de energías renovables como una garantía suficiente de sustentabilidad. A su juicio, esa energía podría destinarse a descarbonizar sectores estratégicos de la economía y mejorar las condiciones de vida de la población, en lugar de expandir el consumo de una industria que genera, según su análisis, pocos puestos de trabajo en comparación con otras actividades.
La investigadora también advirtió sobre los impactos ambientales y territoriales que pueden generar estas instalaciones y cuestionó que Uruguay profundice su dependencia de grandes compañías internacionales en lugar de desarrollar capacidades propias.
“La empresa española que hará la inversión crea centros de datos para gigantes tecnológicas. Por ejemplo, se encuentra ahora discutiendo con Alibaba para construir un centro de datos en España. Es decir que quienes van a usufructuar de la energía y el agua de Uruguay mientras generan contaminación auditiva, visual y del aire que impacta sobre las comunidades y ambiente aledaños. Y así este mal llamado parque tecnológico se parecerá más bien a un cementerio en el cual Uruguay entierra sus posibilidad de desarrollo”, concluyó.
“Buena noticia con cautela”
El anuncio es una “buena noticia” porque Uruguay tiene un “déficit crónico en inversión desde hace varias décadas, pero, desde una mirada más productiva, tecnológica, de cambio estructural y ambiental, hay que ser cautelosos”, afirmó Bianchi, quien es presidente de la Red Latinoamericana de Economía del Aprendizaje, la Innovación y los Sistemas de Desarrollo de Competencias.
“Desde el punto de vista macro, una inversión, como la anunciada, aunque habría que ver cómo se concreta, ronda en el entorno del 6 y pico por ciento del PIB (producto interno bruto), por lo que es sumamente importante y eso en sí es claramente positivo”, remarcó.
No obstante, desde el punto de vista del cambio estructural en desarrollo productivo, depende “bastante de lo que hagamos el país con esto”, añadió. En ese caso ya no es cuánto es la inversión sino “cómo se emplea”, afirmó.
Además, sostuvo que hay que prestar atención a varios aspectos que frente a este tipo de negociaciones, cuando se está frente a grandes inversiones, son “sumamente difíciles”.
“Para que Uruguay pueda aprovechar lo mejor posible estas inversiones, requiere de una fuerte negociación con las empresas, con acuerdos que no son nada sencillos”, indicó; y remarcó que las empresas tienen “enormes capacidades y experiencias” en la negociación.
A su juicio, el desafío consiste en evitar que el proyecto se convierta en un enclave que utilice recursos nacionales sin generar efectos significativos sobre el resto de la economía.
El riesgo de quedarse con los servidores
Por su parte, Mordecki, docente universitario, sostuvo que la inversión de Solaria tiene una “enorme cantidad de condicionales que hacen que se la observe con reserva”, pero remarcó que lo que se sabe hasta el momento “trae buen augurio”. También puso el foco en la diferencia entre instalar infraestructura y generar capacidades tecnológicas.
Para explicar esa distinción, recurrió a una declaración del presidente Yamandú Orsi sobre el desarrollo de este tipo de inversiones: “Si una inversión deja únicamente servidores, habrá dejado depósito de hardware. Si además deja investigadores, emprendedores, trabajadores capacitados, habrá construido capacidad”.
Mordecki consideró que aún se desconoce con mayores detalles cómo será el proyecto de Solaria. A su entender, un centro de datos puede tener un aporte limitado si llega completamente diseñado y equipado desde el exterior y Uruguay se limita a proporcionar el espacio físico y los servicios necesarios para su funcionamiento.
“Si todo viene de la fábrica y lo único que Uruguay aporta es ser local, sería una caja de hardware. Un depósito de carga”, remarcó.
En cambio, si permite que se instalen proyectos de distintas empresas, que se desarrollen iniciativas locales y que se generen capacidades para administrar y operar los sistemas, el impacto puede ser diferente.
“Necesariamente vas a generar capacidad técnica local”, sostuvo al referirse a un escenario en el que los distintos proyectos instalados en la infraestructura requieran servicios y conocimientos nacionales.
Empleo
La cantidad y la calidad de los puestos de trabajo es otro de los aspectos que los especialistas consideran necesario analizar. Aguerre señaló que las experiencias internacionales muestran que los centros de datos pueden generar una demanda importante de trabajadores especializados durante su construcción, particularmente en las áreas eléctrica y de la construcción. Sin embargo, el empleo que permanece una vez finalizadas las obras es un aspecto que requiere mayor atención.
“En otras inversiones, se contrataron a muchísimos técnicos eléctricos, a muchísimo personal, pero después está mucho más en duda el tipo de empleo permanente que queda posterior a la construcción”, observó.
Por eso, consideró que se necesita información más detallada sobre las oportunidades laborales y las empresas que podrán participar del proyecto. También planteó la importancia de establecer planes de formación y mecanismos que favorezcan la contratación de profesionales uruguayos.
Asimismo, dijo que “Uruguay tiene que haber aprendido lo que pasó con el permiso del data center de Google”, sobre todo por su ubicación. “El gobierno uruguayo tiene una curva de aprendizaje importantísima en lo que tiene que ver con lo que son las auditorías ambientales”, sostuvo.
Aguerre también destacó la particularidad del proyecto, que combina infraestructura para centros de datos con generación de energía solar. Consideró que se trata de una experiencia interesante para el posicionamiento tecnológico del país, aunque advirtió que la energía solar no será suficiente para abastecer por sí sola el funcionamiento de esas instalaciones.
Por eso, explicó que también deberá recurrirse a la matriz energética de UTE, que cuenta con una importante participación de fuentes renovables. La investigadora consideró que ese aspecto debe incorporarse al análisis de los costos y beneficios del emprendimiento.
“Es un desafío interesante para Uruguay, también en términos de posicionamiento, pero (...) tenemos que ser transparentes en los beneficios y saldos reales, no solo económicos, sino de indicadores más grandes para toda la ciudadanía”, concluyó.
Las dudas
Desde el Movus, Raúl Viñas cuestionó la falta de información pública sobre las condiciones acordadas entre el gobierno y Solaria.
El referente ambientalista sostuvo que el documento firmado entre Orsi y un representante de la empresa no fue divulgado y que la información disponible sobre los compromisos asumidos por Uruguay proviene, principalmente, de las declaraciones que la propia compañía realizó.
“Son unas negociaciones llevadas en secreto por funcionarios del Poder Ejecutivo que no fueron electos por nadie (...) Nadie sabe qué dice ese documento firmado a vista de todos. Está totalmente fuera de circulación”, afirmó.
Viñas señaló que el movimiento solicitó acceder a la documentación mediante el mecanismo de acceso a la información pública.
“Un gobierno en serio que firmó algo que dice que es conveniente no debería tener ninguna razón para ocultarlo”, concluyó.