La insistencia en el crecimiento económico está llevando al progresismo latinoamericano a abandonar su mirada crítica sobre el desarrollo y el bienestar de las personas, convirtiéndolo en “cómplice” de las empresas tecnológicas, que se presentan como portadoras de innovación, productividad y progreso, aun cuando concentran cada vez más poder económico y político, dijo a la diaria la economista e investigadora argentina Cecilia Rikap.
“Hay ejemplos más complejos de complicidades políticas que también aparecen en los propios gobiernos progresistas, por ejemplo, en aquellos que piensan de forma ciega en la necesidad de crecimiento económico cueste lo que cueste. Piensan que simplemente hay que relegarse al lugar que nos tocó dentro del capitalismo digital y si se logra producir algo de tecnología digital en nuestros países, así sea de forma completamente subordinada, eso ya es un logro”, afirmó Rikap en una entrevista sobre su último libro, Teoría de la dependencia digital. Soberanía y desarrollo en el capitalismo del siglo XXI.
La reflexión de la profesora de Economía en la University College London y directora de investigación del Instituto para la Innovación y el Propósito Público de ese centro también alcanzó a Uruguay. Aunque destacó a Antel y las capacidades científicas nacionales, advirtió que “el principal peligro que tiene el país es desarrollar una política de crecimiento disfrazada de una política de desarrollo”.
¿Qué son exactamente los monopolios intelectuales y por qué considera que constituyen una nueva etapa del capitalismo?
Los monopolios intelectuales son grandes empresas que basan su poder en la apropiación sistemática de intangibles. Esos intangibles incluyen datos, conocimiento científico, tecnológico y experiencia, además de narrativas y discursos ideológicos.
Estas empresas concentran una gran cantidad de intangibles, pero lo hacen de forma dinámica. A diferencia de un terrateniente que monopoliza una parcela de tierra y puede mantener esa posición sin necesidad de expandirse constantemente, un monopolio intelectual no puede simplemente sentarse a esperar a cobrar las regalías de sus patentes. El monopolio intelectual está inmerso en un proceso activo de captura y producción de conocimiento, datos y narrativas.
Parte de esos recursos se generan internamente, en sus laboratorios de investigación y desarrollo, pero una de las grandes novedades de los últimos 20 o 30 años es que estas empresas ya no dependen exclusivamente de la producción de conocimiento dentro de sus propias estructuras. Hoy, en cambio, lo que vemos es que los monopolios intelectuales se apropian del conocimiento que se produce en redes de coproducción de conocimiento. Hay una apropiación desproporcionada por el monopolio intelectual, que también marca la agenda de la producción de lo que se investiga.
Otro aspecto central es que, sobre la base de esa apropiación sistemática de intangibles, estas empresas logran apropiarse del valor generado en el conjunto de la economía mundial. Construyen esferas de control que van más allá de la propiedad. La concentración de capital que observamos hoy es producto de ese proceso sistemático de apropiación de intangibles.
Otro de los conceptos clave del libro, relacionado con los monopolios intelectuales, es el de la dependencia digital. Usted cuestiona la noción de colonialismo digital porque considera que no alcanza para describir la realidad actual. ¿Por qué es necesario incorporar esta visión, especialmente para los sectores progresistas?
Me parece fundamental recuperar algunos aportes centrales de la teoría de la dependencia. Diría que son tres conceptos clave. El primero es la discusión sobre la relación centro-periferia. En el libro actualizo esa noción para señalar que no se trata simplemente de que Estados Unidos o China sean el centro. Hoy el centro está conformado por los monopolios intelectuales de Estados Unidos y China en articulación con sus respectivos gobiernos.
La periferia digital también incluye comunidades que viven dentro de esos mismos países. Pensemos, por ejemplo, en habitantes del estado de Virginia, en Estados Unidos, que abren la canilla y encuentran agua podrida debido a la proximidad de centros de datos. Eso también es ser periferia, aunque esté dentro de Estados Unidos.
El segundo concepto que considero fundamental para los gobiernos progresistas es el de las complicidades locales. La idea de colonialismo digital puede llevarnos a pensar que el problema se limita a las grandes tecnológicas estadounidenses que nos colonizan desde afuera.
Pero eso invisibiliza el papel de actores locales que participan y se benefician de estas estructuras. No alcanza con señalar que empresas extranjeras se apropian de nuestros datos. También debemos reconocer que existen cómplices locales que perpetúan las estructuras subordinadas y dependientes. Si en la historia ha sido la oligarquía del campo, hoy se suman entre los cómplices locales plataformas regionales que operan de la misma manera que las gigantes de Estados Unidos.
También hay cómplices locales en el ámbito político. Basta observar lo que ocurre en Argentina. Considero que Javier Milei es un cómplice político cuando, por ejemplo, busca construir un gemelo digital, que implica un ejercicio de vigilancia de todos utilizando tecnología de Palantir. Es decir, se subordina a Palantir en lo que, si se llegara a firmar, va ser un contrato que va a drenar un montón de recursos del Estado por una tecnología que solo va a poder ser usada, pero no verdaderamente comprendida, sin la posibilidad de auditar el código.
Pero hay ejemplos más complejos de complicidades políticas que también aparecen en los propios gobiernos progresistas, por ejemplo, en aquellos que piensan de forma ciega en la necesidad de crecimiento económico cueste lo que cueste. Piensan que simplemente hay que relegarse al lugar que nos tocó dentro del capitalismo digital y si se logra producir algo de tecnología digital en nuestros países, así sea de forma completamente subordinada, eso ya es un logro.
Creen que hay que adoptar la tecnología digital, la inteligencia artificial de estas empresas, lo más rápido posible, porque eso va a generar, supuestamente, crecimientos de productividad y, de la mano de eso, crecimiento económico, y así podríamos llegar al anhelado desarrollo. Quienes creen en este tipo de argumentación terminan, no queriéndolo, siendo cómplices del subdesarrollo.
¿Cree que la obsesión del progresismo latinoamericano por el crecimiento económico está erosionando las bases críticas que históricamente tuvo la izquierda en la región?
Podría responderlo con una sola palabra: sí. Pero vale la pena desarrollarlo un poco más. Creo que, en el pasado, las izquierdas colocaban en el centro la pregunta por el desarrollo, el progreso y el buen vivir. Un buen vivir entendido desde los contextos locales, desde la construcción de comunidades, desde la valoración de lo público, de los servicios públicos, de la infraestructura pública, de la educación y de la salud.
Todo eso ha ido quedando en un segundo plano tanto en América Latina como en los países centrales. A partir de los 50, la idea del crecimiento económico se impone prácticamente como la única variable a atender. Ese discurso fue penetrando en América Latina y comenzamos a olvidarnos de que el crecimiento económico nunca debió ser un fin en sí mismo.
Como el foco es ver si logramos que la variable crezca, dejamos siquiera de hacernos la pregunta de cómo sería un plan de desarrollo, qué queremos lograr, qué tipo de vida queremos vivir. Y este tipo de obsesión con el crecimiento económico les viene como anillo al dedo a las gigantes tecnológicas. Porque justamente lo que ellas venden es que son las grandes innovadoras, las que traen el progreso tecnológico, las que entonces permitirían que se den esos aumentos de productividad y ese crecimiento.
Pero son ellas las que se apropian del conocimiento y de los datos que producimos en las periferias. Además, aunque supongamos que tenemos más productividad, no implica más crecimiento. Si se produce el doble pero nadie quiere consumir el doble, solo se está produciendo de más, no hay crecimiento económico.
En una sociedad más desigual, que es el producto de la monopolización intelectual, las mayorías apenas tienen para comer. Entonces, por más que se produzca el doble en el mismo tiempo que antes, no van a pasar a comprar más. Y los ricos, que cada vez concentran más riqueza, no consumen al mismo nivel que los pobres. Por eso un país más equitativo es una sociedad que, a nivel macroeconómico, crece más.
Hay una parte del libro en la que usted menciona que dentro de las gigantes tecnológicas hay dos visiones. Una es el futurismo reaccionario de figuras como Elon Musk, y otra es la diplomacia corporativa de empresas como Microsoft o Amazon. ¿Cuál de los dos modelos es más peligroso?
Creo que ambos son peligrosos, pero el riesgo de uno u otro es distinto según quién gobierne. El futurismo reaccionario básicamente trata de sintetizar el curso ideológico de Elon Musk y Peter Thiel, que piensan que no es posible un mundo con libertades de la mano del Estado existente y de la democracia.
Desde esa perspectiva, la solución consiste en reemplazar al Estado. Creen que la tecnología es la que va a salvar a la humanidad de la crisis ecológica, porque eventualmente van a lograr que las personas que puedan pagar puedan irse a Marte o a la Luna y que accedan a una cura para el cáncer o a la inmortalidad.
La diplomacia corporativa, en cambio, también es tecnosolucionista, pero adopta una estrategia diferente. No plantea que el Estado deba desaparecer, sino que necesita apoyarse en la tecnología de las grandes corporaciones para gobernar. Plantean: ‘Yo soy la que te va a ayudar a resolver los problemas’. El ejercicio de la diplomacia corporativa es que el Estado siga existiendo pero subordinado, la idea es que se vuelva un consumidor perpetuo de servicios digitales.
El futurismo reaccionario calza muy bien con gobiernos como el de Milei, de extrema derecha, que rechazan al Estado como institución y quieren destruirlo. Mientras que el otro discurso, que habla de destrabar el crecimiento económico, es visto con buenos ojos por el progresismo.
Los dos discursos ideológicos están entrelazados y dentro de las propias empresas. Además, tienen capacidad para adaptarse y venderles tecnología a los distintos gobiernos. Pero más allá de eso, esto nos debe hacer cuestionar la base, que es que los problemas de la sociedad no se resuelven con tecnología, sino que con imaginación política.
En su libro usted menciona que Milei está entregando sectores estratégicos de la economía argentina a las empresas tecnológicas de Estados Unidos. ¿Qué consecuencias concretas podría tener eso dentro de diez años para América Latina?
Los planes más recientes de Milei pueden contribuir a mermar la capacidad de América Latina para construir una alternativa democrática y orientada a las mayorías.
Resolver la dependencia digital no es algo que pueda hacer un solo país. Ni siquiera Brasil podría hacerlo por sí solo. Se trata de un desafío regional que requiere la participación de todos los países, cada uno aportando sus capacidades y especializaciones.
Milei también está destruyendo el sistema científico y tecnológico como nunca antes. Para producir ese ecosistema tecnológico alternativo hacen falta expertos, especialistas, algo en lo que Argentina podría contribuir en ese proyecto regional porque siguen sobreviviendo algunos investigadores.
También es preocupante la posibilidad de que el gobierno argentino contribuya a entrenar y perfeccionar plataformas como las de Palantir utilizando datos de la población argentina. Esos sistemas pueden ser utilizados por el gobierno de Estados Unidos o por Israel para mayores niveles de espionaje, control y persecución a toda la región.
No es solo que nos limita como región a pensar una solución, sino que cuando Milei exige menos regulaciones a las empresas, menos impuestos y otorga más beneficios, como los centros de datos en la Patagonia, genera una presión al resto de los gobiernos de la región para aceptar peores condiciones impuestas por estas empresas.
Otro de los casos que menciona en el libro es el de Antel como una experiencia diferente en América Latina. ¿Uruguay todavía conserva márgenes de soberanía digital?
Sí, sin duda Uruguay conserva márgenes de soberanía digital. En la medida en que mantiene capacidades locales de producción de conocimiento, sigue existiendo una base desde la cual repensar y gobernar de otra manera la producción tecnológica y de limitar el extractivismo de conocimiento.
Uruguay cuenta con un sistema científico y tecnológico propio, pero también con una empresa como Antel. Y Antel no es solamente una empresa de telecomunicaciones. También opera dos centros de datos, lo que constituye un ejemplo, incluso a nivel internacional, de que el Estado puede gestionar este tipo de infraestructuras. Contribuye a desmitificar la idea de que las empresas públicas no funcionan bien.
Es una empresa que tiene la intención –veremos hasta dónde llega– de avanzar en la provisión de servicios digitales al Estado uruguayo, no solo ofreciendo capacidad de almacenamiento, sino también capacidades de procesamiento y análisis de datos.
Sin embargo, al mismo tiempo que Uruguay cuenta con este activo, también está construyendo un pasivo. Cuando escribí el libro ya se había producido una reunión en la que representantes del gobierno uruguayo viajaron a Silicon Valley para atraer inversiones tecnológicas. Lo que suele presentarse como inversión, en un territorio de periferia, significa más extractivismo de la naturaleza por medio de centros de datos y extractivismo del conocimiento.
No es transferencia de conocimiento a las universidades, a las empresas startups, para nada. Los monopolios intelectuales funcionan mediante redes de coproducción de conocimiento en las que participan muchos actores, pero donde la apropiación de los resultados queda concentrada en pocas empresas. Son ellas las que determinan quién sabe qué, quién produce qué y quién accede a los resultados. Son ellas las únicas que mantienen la visión panóptica completa del proceso de producción científico y tecnológico. Son ellas las que se apropian de los conocimientos de los distintos actores que participan en ese proceso. Por tanto, invitarlas a nuestros territorios es condenarnos al subdesarrollo.
Por supuesto, eso no significa rechazar toda tecnología digital. La pregunta debería ser otra: ¿para qué necesitamos determinadas tecnologías? Mientras tanto, la obsesión por adoptar cualquier tecnología que sale de Silicon Valley, como si esa promesa fuera a desarrollar a los países, no se sostiene. Salir a buscar a estas empresas y pedirles, por favor, que vengan es, además, una manera de ya entregar la negociación. ¿Qué tipo de regulación se le va a poder poner después si el país la va a buscar? ¿Lo necesita realmente Uruguay?
Yo sé que Uruguay no viene creciendo, pero ¿acaso puede hacer algo para mejorar la vida de las personas sin necesidad de pensar, como primera métrica en el crecimiento, en la adopción abstracta de tecnología? ¿Podría Uruguay discutirlo, por ejemplo, en ámbitos democráticos con el personal de la salud? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Necesitan un software del estilo del que vende Palantir o necesitan mejores condiciones de trabajo?
El principal peligro que tiene Uruguay es desarrollar una política de crecimiento disfrazada de una política de desarrollo. Creo que todavía hay margen, pero me parece que el riesgo es que el foco quede exclusivamente puesto en el crecimiento. Hay que salirse del corsé que significa el crecimiento como precondición para cualquier otra cosa. Me parece que hay un problema de qué es lo que valoramos en la vida.
El crecimiento económico no condensa el buen vivir de las personas, tener ámbitos de socialización para compartir entretenimiento, la coproducción pública de saberes, de momentos. No es una cruzada en contra de la tecnología. Lo que busco en mi libro es entender que la tecnología nunca es neutral y que debemos tomar una decisión política.
Debemos crear instituciones en las que se pueda gobernar a la ciencia y la tecnología, no relegando al Estado simplemente a quien subsidia la producción de conocimiento público, sino diseñando y cocreando con las comunidades para resolver problemas, priorizando una vida digna para todos. La tecnología no debe ser producto de una planificación autoritaria, de una decisión de unos pocos, sino una decisión colectiva y democrática de las mayorías.