Esta semana retomó el trabajo la comisión de expertos que convocó el gobierno para recomendar una reforma del régimen de jubilaciones, en que los representantes de los partidos políticos y los sectores sociales (trabajadores, empresarios y jubilados) comenzarán a buscar consensos sobre un diagnóstico del sistema y sus problemas, tras un borrador que elevó a fin de año el presidente de la comisión, Rodolfo Saldain. Para realizar ese informe tienen plazo hasta los primeros días de febrero, según el plazo legal, y desde el Frente Amplio (FA) y el PIT-CNT se está reclamando una prórroga, que el gobierno está dispuesto a dar aunque aún no hay definición sobre cuál sería el plazo extra.
En las últimas horas hubo conversaciones por este tema entre representantes políticos del FA y dirigentes sindicales. Según supo la diaria, el lunes, cuando se reúna el Secretariado de la coalición de izquierda, podría haber un pronunciamiento, que complemente un comunicado emitido a mediados de diciembre, en que la Mesa Política del FA expresó preocupación “por los tiempos que el gobierno ha asignado” al proceso de reforma de las jubilaciones.
El PIT-CNT se pronunció en igual sentido días atrás. El presidente de la central de trabajadores, Fernando Pereira, dijo a la diaria que los dirigentes “no estamos pudiendo reunirnos ni hacer asambleas para analizar el tema por la situación sanitaria”. En defensa de la extensión de los plazos, sostuvo que ante un tema “de la envergadura” de una reforma previsional, “que no se pueda discutir es negativo, y si se pretende realizarla con un consenso político y social hay que dar tiempo” para el debate.
Consultado por la diaria, Saldain, presidente de la comisión designado por el gobierno, dijo estar “dispuesto a considerar una prórroga”, y que “entiende razonable que sea necesario algún plazo adicional”, como piden la oposición y la central sindical. Añadió que hasta el momento no hubo “referencias” por parte de estos actores sobre cuánto tiempo más solicitan, pero existen “contactos informales” para “conocer cuáles serían sus requerimientos, para ingresar en el intercambio de puntos de vista, propios de toda instancia de diálogo”.
Distintas visiones sobre el plazo extra
Tanto la formación de la comisión de expertos como los plazos de actuación y otras reglas del proceso de reforma previsional surgen de la ley de urgente consideración (LUC) que promovió el gobierno. Allí se estableció que los técnicos convocados deben presentar “un informe de diagnóstico preliminar en un plazo máximo de 90 días a partir de la fecha de su constitución [que ocurrió el 5 de noviembre] y un informe con recomendaciones en un plazo de 90 días siguientes a la presentación del informe preliminar”, aunque se agregó que las fechas “podrán ser prorrogadas por el Poder Ejecutivo, previo informe fundado de la comisión de expertos”.
Pereira señaló que hasta ahora “no se ha hablado estrictamente” de cuánto tiempo de prórroga solicitarán, pero “se piensa en tres meses” como posibilidad.
Otra fuente del sector sindical dijo a la diaria que “sería razonable pensar que se aplique” el criterio inicial que “pensó alguien del gobierno”, en referencia a lo dispuesto en el borrador de la LUC que difundió el entonces gobierno electo en febrero de 2020. Allí se planteaba que la comisión tuviera hasta diciembre de 2020 para el informe diagnóstico y hasta diciembre de 2021 para recomendar la reforma. Durante el debate interno, previo al envío de la LUC al Parlamento, el Partido Colorado planteó reducir los plazos.
Por su parte, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, ha reiterado que el objetivo del gobierno es enviar en el segundo semestre del año el proyecto de ley con la reforma previsional al Parlamento, donde volverá a ser discutida por los partidos políticos.
En esa línea, una fuente del gobierno que no integra la comisión pero sigue de cerca el proceso de la reforma de la seguridad social dijo a la diaria que “es razonable” dar un plazo extra y “por algo la norma lo previó así”, pero aclaró que no debería extenderse más allá de 30 o 60 días. “El diálogo está bien pero debe ser finito, porque si no a veces nos sustrae de aquello para lo cual se convocó a la comisión, que es tomar decisiones. Si es insuficiente puede ser mayor, pero si se comparte el sentido de urgencia [para procesar la reforma], el hecho de fijar un plazo es importante”, agregó.
Desde el FA se expresó que “es necesario más plazo” porque “recién se están moviendo las articulaciones” del proceso de cambios al sistema previsional. La fuerza política tiene tres representantes en la comisión de expertos —el ex ministro de Trabajo Ernesto Murro; el ex director de Seguridad Social José Luis Baumgartner; y la ex vicepresidenta de República AFAP, Jimena Pardo—, pero además conformó otro grupo de 15 integrantes que realiza un seguimiento de lo actuado y asesorará sobre cualquier posición a tomar, que dirige el secretario político del FA, Rafael Michelini.
La fuente del FA dijo que la oposición mantendrá “una interrelación muy fuerte” con el PIT-CNT de cara a la discusión de la reforma, y destacó que hay “diálogo permanente” a raíz de la campaña conjunta de recolección de firmas contra la LUC.
A su vez, distintas fuentes consultadas auguran que no será fácil arribar a un consenso sobre el diagnóstico del sistema previsional entre los integrantes de la comisión. En vista de eso, el gobierno, al reglamentar el funcionamiento del ámbito multipartidario, se reservó la posibilidad de tomar decisiones por mayoría de nueve votos —el número de integrantes que responden al Partido Nacional y los socios de la coalición “multicolor”— si no se logra unanimidad en una primera instancia. “A veces resulta más fácil acordar un texto legal que una visión de futuro, que se hace más complicado”, señaló una fuente del gobierno.