El viernes la comisión de expertos creada por el gobierno para analizar la reforma de la seguridad social —que tiene 15 miembros, en representación de los partidos políticos y sectores sociales— votará una prórroga de 45 días al plazo previsto para entregar el primer informe, que vence a comienzos de febrero. Este documento debe contener un diagnóstico del sistema, que sentará las bases sobre las que luego se discutirán los cambios a implementar en el régimen previsional.
La prórroga, junto a una “propuesta de plan de trabajo” hasta el 20 de marzo, el nuevo plazo límite, fueron planteadas a las distintas delegaciones en la reunión del martes por parte del presidente de la comisión de expertos, Rodolfo Saldain —designado por el gobierno—. Así lo consignó El Observador el miércoles y confirmaron a la diaria desde el área de comunicación de la comisión.
Cuando el viernes se vuelvan a reunir los 15 expertos, esto será sometido a votación y se descuenta que estarán los apoyos, porque la prórroga es vista con buenos ojos más allá del oficialismo, tanto en el PIT-CNT como en el Frente Amplio (FA). La central sindical venía reclamando mayor plazo y la oposición también, aunque en este último caso centraron sus críticas en el diagnóstico borrador que Saldain entregó en diciembre, ya que no lo consideraban un insumo válido para continuar la discusión.
Lo que propone ahora el presidente de la comisión es elaborar un nuevo borrador diagnóstico, incorporando “cuadros, gráficos y métricas relevantes de los diferentes regímenes”, junto a “una revisión preliminar de observaciones diagnósticas”, teniendo en cuenta los “aportes recibidos” del FA, el PIT-CNT y el que presentará la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas (Onajpu). También los delegados del gobierno y los partidos de la coalición plantearon algunos matices al borrador inicial, aunque no hicieron presentaciones formales ante la comisión.
Se estima que esta etapa culminará el 1º de febrero, con un nuevo borrador presentado por Saldain, y que a partir de entonces se abrirá un período de “análisis y discusión”, durante el cual la comisión conformará distintos grupos de trabajo, que se definirán el próximo viernes. Esto llevaría unos diez días, y el resultado sería un nuevo documento diagnóstico, sobre el que, a partir del 22 de febrero, comenzaría a discutir el “plenario” de la comisión. Se prevén 15 días de debate en busca de un consenso —si no se logra, en una segunda instancia puede aprobarse por mayoría, y la coalición de gobierno tiene nueve de los 15 votos— para redactar el informe final antes del sábado 20 de marzo, cuando vence el plazo.
Previo a que Saldain presentara este plan de trabajo el martes, en la reunión del viernes pasado —según surge de las actas que divulgó la comisión en las últimas horas— Álvaro Forteza, designado por el Partido Independiente, propuso “iniciar una metodología de trabajo colaborativo”, incorporando al análisis” las “modificaciones o aditivos” presentados por las delegaciones. Pero una de las representantes del FA, Jimena Pardo, respondió que, “conforme a las razones expresadas en el documento del FA, no es factible de momento” avanzar con ese plan, aunque hay “plena disponibilidad no bien considere [la fuerza política a la que representa] que existe un borrador válido para comenzar la discusión”.
Las preocupaciones del PIT-CNT hacia la reforma
El miércoles se reunió el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y recibió al representante sindical en la comisión, Hugo Bai, y al director del Banco de Previsión Social (BPS) por los trabajadores, Ramón Ruiz. Según comentó este último a la diaria, se conversó sobre lo actuado hasta la fecha y se debatió la estrategia a seguir en adelante. Además, se presentó el informe con los comentarios que la central sindical entregó a la comisión de expertos como respuesta al borrador inicial.
“Ese documento marcó un antes y un después, porque hasta ahí no había existido interacción ni discusión” en la comisión, que se había limitado a recibir a más de 40 delegaciones vinculadas a la seguridad social, explicó Ruiz. Agregó que el borrador “abrió, primero, nuestra preocupación por los tiempos [evaluó como “un logro” la prórroga que planteó el gobierno] y, segundo, la necesidad de debatir el contenido del documento”, porque “marcará las pautas” de las futuras reformas a recomendar para el sistema de jubilaciones.
El documento que presentó el PIT-CNT a la comisión expresa: “El borrador de diagnóstico entregado no cuenta con evidencia empírica disponible y referencias bibliográficas que respalden las afirmaciones que se realizan. Es imprescindible que el diagnóstico completo elaborado por la CESS [comisión de expertos] cuente con la mayor cantidad de información e incluya los marcos normativos, gráficos, cuadros, referencias y citas bibliográficas que sean necesarias, a los efectos de que tenga la mayor rigurosidad técnica posible”.
La central sindical pide “incluir un enfoque específico de género que contenga la evolución reciente, el estado de situación actual y los déficits que aún presenta nuestro sistema de seguridad social de acuerdo a esta perspectiva”.
En otra parte, el documento indica que el borrador entregado por Saldain incluye “valoraciones, opiniones e hilos argumentales tendientes a la construcción de un determinado relato”, por lo que lo creen “sesgado”. Una posición similar marcó el FA en los comentarios que entregó a la comisión, donde señaló que el diagnóstico borrador resulta “parcial e incompleto”.
Ruiz, director del BPS por los trabajadores, dijo que además de estos aspectos más generales sobre el borrador, hay “cuatro puntos” específicos en que los trabajadores entienden que existen “diferencias” con el “diagnóstico del gobierno”. En lo referido a la Caja Militar, manifestó que el informe final a entregar en marzo “tendría que reconocer que es urgente su reforma, porque es el subsistema que más problemas tiene, por lo que el diagnóstico debería incluir el compromiso de que se reformará en forma inmediata y profunda”.
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También desde el FA se había cuestionado el contenido del borrador a la hora de analizar la Caja Militar —“la descripción realizada sobre el régimen previsional militar resulta equívoca”, dice el documento presentado por la oposición— y se reclamó más información sobre este subsistema.
Asimismo, Ruiz marcó distancia del gobierno sobre la evaluación del régimen de AFAP, ya que entiende que el borrador describe “un buen desempeño” del sistema implementado en 1996, mientras que para el PIT-CNT este “fracasó”. Dijo que eso “puede demostrarse” viendo que “las AFAP aprovecharon la desinformación para cobrar elevadísimas comisiones en desmedro del ahorro” de sus afiliados, y evaluó su funcionamiento como “perjudicial para los trabajadores, caro para el país y un negocio redondo para las empresas” administradoras de fondos.
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Otro aspecto que planteó es que en la etapa de desacumulación, es decir, cuando el trabajador se jubiló y recibe por lo ahorrado en las AFAP —jubilación extra que se suma a la que paga el BPS— un ingreso mensual que surge de un contrato de renta vitalicia con el Banco de Seguros del Estado (BSE), “debe reflejarse las pérdidas” de esta institución. Es que para el BSE se trata de un negocio deficitario que debe asumir porque las aseguradoras privadas se retiraron del mercado, y Ruiz consideró que la compañía estatal “termina pagando todos los costos del sistema”.
Por otra parte, hay una distancia considerable entre la evaluación que hace el gobierno de la ley de flexibilidad jubilatoria de 2008 —que redujo de 35 a 30 los años de servicio necesarios para tener causal de retiro y otorgó un año por hijo a las mujeres (hasta un máximo de cinco), entre otros cambios— y la que realizan la central sindical y la oposición. Desde el oficialismo se cree que esos cambios generaron un desfasaje que explica el actual desequilibrio financiero del sistema, mientras que para Ruiz, “lejos de ser un problema, fue la solución” que permitió “ampliar los niveles de cobertura y suficiencia de las prestaciones”.
Ruiz añadió que, de no existir la ley de 2008, “seguramente tendríamos hoy más problemas de pobreza en un colectivo importante de adultos mayores, principalmente mujeres, y eso debe ponderarse”. Una visión similar tienen desde el FA, cuyo primer gobierno impulsó la ley de flexibilidad jubilatoria y ahora defiende sus efectos positivos, en especial en términos de género.
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Por último, el director del BPS manifestó que por la realidad actual del mercado de trabajo y “los desafíos de la seguridad social”, deben explorarse nuevas formas de financiación del sistema: “No es viable” que esto recaiga “sólo en los aportes patronales y de trabajadores”. Como ejemplo del espíritu de este planteo, mencionó el aporte complementario que se incorporó en la última reforma de la Caja Bancaria hecha en 2008, que prevé que los bancos paguen para la seguridad social en función del crecimiento de sus activos.
“Se habla mucho de los egresos del sistema, que son los derechos de la gente, y poco de los ingresos. Vemos que habrá una contradicción que estará dentro de este debate, que será entre solidaridad e individualismo”, concluyó Ruiz.
La representación de los delegados en la comisión
El FA tiene tres delegados en la comisión de expertos, pero generó aparte una comisión interna más amplia que realiza el seguimiento y discute las posiciones a llevar al ámbito multisectorial. Esto asegura que todas las posiciones presentadas en la comisión representen a la fuerza política, lo que no ocurre en el caso de varios representantes del oficialismo, aseguraron a la diaria desde el Frente Amplio.
A modo de ejemplo, el contador Alberto Lacassy, que fue designado por Cabildo Abierto (CA), no integra esa agrupación política ni se encuentra mandatado por la colectividad. Desde el FA entienden que esta forma de trabajo puede generar que la comisión elabore una reforma desde el punto de vista técnico que luego no tenga respaldo político, tanto al pasar al Poder Ejecutivo como en el Parlamento.
Esto último, porque el informe final de los expertos, que se espera para mitad de año y que contendrá las recomendaciones de reforma, pasará a manos del gobierno, que tendrá la palabra final sobre el proyecto que enviará al Legislativo, ya que el Poder Ejecutivo tiene iniciativa privativa en temas previsionales.
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