Economistas cuestionan que medidas del gobierno no sean focalizadas en quienes más lo necesitan

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Los anuncios que hizo el lunes por la noche el presidente Luis Lacalle Pou se resumen en dos acciones: aumento desde julio a las pasividades de jubilados (de 3%) y los salarios de funcionarios públicos (de 2%), a cuenta del próximo ajuste anual, y la sugerencia de convocar a los Consejos de Salarios del sector privado para hacer lo mismo en unas 90 mesas de negociación colectiva. Ante este paquete de medidas que busca apoyar las economías de los uruguayos afectados por el aumento de precios a nivel internacional, varios economistas expresaron su opinión y evaluaron su eficacia en el corto y mediano plazo.

Nicolás Cichevski, economista y gerente en CPA Ferrere, expresó su opinión en un hilo de Twitter en el que resaltó que la decisión del gobierno “en el corto plazo favorecerá a la mayoría de la población”, pero “no necesariamente tendrá impacto sustantivo en el mediano plazo”. Además, remarcó que “siendo que es una medida genérica, será más costosa”, en contrapartida a una medida “focalizada en la población de menores ingresos y/o más afectada por la coyuntura actual”.

Cichevski recordó que las pautas de la novena ronda de los Consejos de Salarios, definidas en 2021, “asumían una inflación en torno a 6% para los 12 meses que finalizarán en junio de 2022”; sin embargo, las estimaciones indican una inflación de 9,5% en junio, causada en parte por la guerra, aunque incluso antes de que empezara el conflicto bélico la inflación ya rondaba el 8%.

A diferencia de los 170 millones de dólares que estimó el expresidente Julio María Sanguinetti, el economista indicó que el “costo” fiscal sería de unos 125 millones de dólares, es decir, 0,2% del producto bruto interno (PBI) del país, y que estos costos “no deberían afectar las proyecciones fiscales, que iban rumbo a sobrecumplirse nuevamente dado los mayores niveles de inflación”. En su opinión, “se trata de una mejora directa para salarios y pasividades de cara al segundo semestre”, pero advierte que “lo que sucederá después dependerá esencialmente de cómo se muevan las expectativas de inflación”.

Además, Cichevski señaló que si bien el ajuste para los funcionarios públicos ya iba a ocurrir de todas formas y lo que se hace es un adelanto de eso, “la mayor indexación de los salarios privados (y de pasividades en caso de que no se trate de un aumento a cuenta) podría elevar las expectativas de inflación, ya desancladas, a mediano plazo”. Esto bajo la premisa de que con mayor dinero circulando hay más presiones para el aumento de precios.

Su compañero en CPA Ferrere, el también economista Gabriel Oddone, compartió su reflexión en Twitter y aportó algunos comentarios. Al igual que Cichevski, Oddone entiende que el paquete de medidas anunciadas por el presidente “luce demasiado genérico, lo que compromete su efectividad y lo vuelve comparativamente caro”. En este sentido retoma las palabras de su colega y advierte que “un mayor foco podría hacerlo más efectivo y hacer rendir mejor los recursos afectados. Dada la decisión, es clave subrayar la transitoriedad de las medidas”, opinó.

Oddone, que es también doctor en Historia Económica, hizo algunos apuntes en clave política. A su entender, las medidas “pretenden transmitir preocupación por precios (lo sustantivo) y atender demandas dentro de la coalición (lo político)”, algo que le parece “lógico y razonable”. El economista subrayó “dos riesgos asociados” a esta decisión del gobierno. Por un lado, opinó que “se aleja parcialmente del mandato recibido” y, por otro, dijo que “la política macroeconómica podría volverse inconsistente. El contexto internacional (precios y desórdenes fiscales por doquier) habilita a explorar este camino, al menos a corto plazo”.

Sin embargo, Oddone agregó que “el problema es que el mundo se ordenará más rápido que Uruguay, lo que aumenta la probabilidad de que la inercia y el ciclo político posterguen reformas importantes”. En este sentido, opinó que el gobierno “empieza a nadar en la ‘piscina de dulce’ de la segunda parte de los mandatos. Algo clásico en Uruguay”.

Por su parte, Pablo Rosselli, magíster en Economía y socio de Exante, también compartió su visión sobre las medidas del gobierno de Lacalle Pou en Twitter. Al respecto dijo que “no ayudan” a que “no se desajusten más las expectativas” inflacionarias en Uruguay.

Al igual que sus colegas, Rosselli subrayó que “la expansión del gasto público anunciada no está dirigida, una vez más, hacia los hogares más pobres (donde en general no habitan pasivos ni funcionarios públicos)”.

A su entender, “no hay duda de que la recuperación de salarios es un objetivo deseable”, pero “no podremos simultáneamente bajar la inflación, recuperar salarios y pasividades más rápido y cuidar la competitividad”. Por eso opinó que, “en suma, las medidas de hoy no parecen consistentes con el objetivo de bajar la inflación y cuidar la competitividad”.

Según desarrolló, el Banco Central del Uruguay (BCU) viene subiendo las tasas de interés, lo que genera una apreciación del peso, y ante eso es “muy importante la consistencia entre las políticas macroeconómicas”. Por eso, “si subimos las tasas de interés para bajar la inflación, deberíamos descartar medidas fiscales expansivas”, como las que terminó aplicando el gobierno, porque esto “exacerba las presiones de inflación y la tendencia a la baja del tipo de cambio”.

Asimismo, el economista señaló que “promover aumentos más rápidos de los salarios obligaría al BCU a subir más sus tasas de interés porque la suba de salarios acentúa las presiones de inflación” y esto conduciría “a un menor tipo de cambio real”.

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