La clave para proteger la biodiversidad está en los derechos humanos

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En octubre de 2021, con dos tractores unidos por una gran cadena se talaron más de 2000 hectáreas de bosque en el Cerrado brasileño, una de las áreas con mayor biodiversidad del mundo. Es trágico que esas escenas se hayan vuelto excesivamente frecuentes en la región.

Tan sólo en 2021 se destruyeron 8531 kilómetros cuadrados (3294 millas cuadradas) de bosques, praderas y otra vegetación nativa del Cerrado, el máximo desde 2015. Y en las últimas décadas, entre 40 y 55% del bioma del Cerrado se convirtió en campos de cultivo, pasturas y plantaciones de árboles. Gran parte de la deforestación fue para dedicar esos suelos a la producción ganadera y de monocultivos industriales de soja. Los agronegocios despojaron a miles de comunidades de sus tierras y destruyeron el ambiente circundante con esas apropiaciones.

El del Cerrado es un ejemplo trágico y alarmante de la velocidad a la que estamos perdiendo la diversidad biológica del mundo. Se estima que viven en la región 12.000 especies vegetales -35% de ellas no crece en ninguna otra parte del mundo- y aproximadamente 25 millones de personas, entre ellos, pueblos indígenas, pequeños agricultores y otras comunidades cuyos medios de vida tradicionales dependen de la biodiversidad. Todos ellos necesitan protección con urgencia.

En los últimos años, los gobiernos han estado negociando un nuevo Marco Mundial de la Biodiversidad con el auspicio del Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas,¹ pero se lograron muy pocos avances en la última ronda de conversaciones en junio, y aunque hay consenso a escala mundial sobre la necesidad de actuar con urgencia, el debate actual se basa en dos premisas peligrosamente incorrectas.

La primera es suponer que las sociedades humanas existen con independencia de los ecosistemas (y viceversa), lo que implica que la mejor forma de conservar la biodiversidad es definir áreas protegidas sin ningún tipo de actividad humana. Por ello, gran parte de la atención actual está dedicada a la campaña "30×30", que busca establecer protecciones formales para el 30% de las tierras y zonas marinas para 2030.²

Pero este enfoque de "fortalezas de conservación" ya se ensayó y llevó a violaciones sistemáticas de los derechos de las comunidades locales. Con la implementación de esas estrategias los gobiernos se arriesgan a marginar precisamente a quienes viven más cerca de los ecosistemas que buscamos proteger y desempeñan un papel fundamental en la gestión sostenible de esos recursos para proteger sus propios medios de vida.³

La segunda premisa equivocada por la que se rigen las negociaciones actuales es que hay que convertir la protección de la biodiversidad en un negocio. En vez de garantizar la regulación de las actividades industriales y financieras para evitar que dañen a la gente y al planeta, las propuestas actuales se centran en transformar la crisis de biodiversidad en otra oportunidad para impulsar la rentabilidad corporativa.

En los círculos financieros y de negocios "verdes" están de moda las "soluciones basadas en la naturaleza", un término que ha sido usado para describir intervenciones que van desde la reforestación hasta los mercados de carbono.⁴ El concepto suena bien y cuenta con el aval de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, pero la forma en que está definido ocasiona peligrosos problemas.

Quienes usan el término rara vez se refieren a los derechos humanos y suelen centrarse en esquemas compensatorios (como los mercados de carbono) que vinculan la protección de la biodiversidad en un lugar con su destrucción continua en otro. Más que un remedio, las "soluciones basadas en la naturaleza" se están convirtiendo en parte del problema. Funcionan como un permiso para seguir haciendo lo mismo de siempre, o incluso para alentar la toma adicional de tierras en zonas tradicionalmente gestionadas por los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Los gobiernos tienen que mirar más allá del "30×30" y las "soluciones basadas en la naturaleza", y poner los derechos humanos en el centro del Marco Mundial de la Biodiversidad. Eso reconoce que las sociedades humanas y los ecosistemas naturales están inextricablemente conectados, y que para proteger la biodiversidad hay que pasar a modelos sociales y económicos más sostenibles. El objetivo debiera ser el bienestar humano y de los ecosistemas, no el valor para los accionistas.

La mirada desde los derechos humanos se centra en la gente y las comunidades más afectadas por las prácticas destructivas actuales. Demuestra que debemos ocuparnos de las causas de la pérdida de biodiversidad -actividades extractivas e industriales- en vez de dejar la protección de los ecosistemas del mundo en manos de las corporaciones y los mercados financieros.⁵ Los gobiernos deben responsabilizar a esas entidades por los daños que causen al medioambiente y a las comunidades humanas, y por la protección de los derechos de los pueblos indígenas, los pequeños agricultores y otras personas que han ayudado durante mucho tiempo a proteger los preciosos ecosistemas del mundo.

Nuestros sistemas alimentarios son un claro ejemplo de que necesitamos un enfoque diferente. Los cultivos y las razas animales que alimentaron a la humanidad coevolucionaron con las comunidades agrícolas humanas durante milenios, pero con la expansión de los modelos de agricultura industrial del siglo XX nos apartamos radicalmente de esa tradición y destruimos el 75% de la diversidad biológica en nuestros alimentos y agricultura.⁶ La mayoría de los sistemas alimenticios se basa actualmente en la deforestación, la degradación del suelo, el uso de pesticidas, la contaminación, el elevado consumo energético, la homogeneidad genética y la desigualdad socioeconómica.

No podemos solucionar la crisis de biodiversidad sin transformar esos sistemas alimentarios disfuncionales. En su lugar podemos abrazar la agroecología, que ha demostrado ser un enfoque poderoso y eficaz para la producción, la distribución y el consumo de alimentos. La agroecología promueve la biodiversidad porque estimula sinergias con los ecosistemas para impulsar su capacidad de recuperación y productividad. En vez de degradar los suelos, la agroecología los revitaliza y ayuda a su recuperación y conservación.

Este enfoque -orientado hacia el bienestar integral- siempre fue utilizado por los pueblos indígenas, los campesinos y otros pequeños productores de alimentos. El conocimiento tradicional y colectivo de la labranza sostenible (en gran medida transmitido por las mujeres), junto con innovaciones independientes y adaptadas a las situaciones locales, son fundamentales para los sistemas de gestión de esos grupos. Proteger este conocimiento y apoyar a la agroecología es fundamental para lograr un cambio hacia una forma de producir, distribuir y consumir alimentos más sostenible, saludable y justa.

Un buen ejemplo es Cuba, donde los campesinos y granjeros urbanos aumentaron la producción y resiliencia de los alimentos al tiempo que reducían dramáticamente el uso de agroquímicos.⁷ Un factor clave para su éxito fue el fortalecimiento de las redes de campesinos para facilitar la transmisión de conocimientos.

Las negociaciones para la biodiversidad de este año son una oportunidad fundamental para que los líderes del mundo consensúen un plan para proteger tanto a la naturaleza como a la gente. Pero un nuevo marco solo tendrá éxito en la medida que garantice los derechos de los pueblos los indígenas, los campesinos y otros pequeños productores de alimentos, encaminando los sistemas alimentarios del mundo hacia la agroecología.

Sofía Monsalve es secretaria general de FIAN International. Georgina Catacora-Vargas es presidenta de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología. Copyright: Project Syndicate, 2022. www.project-syndicate.org Traducción al español por Ant-Translation.