Este es el tercero de tres artículos orientados a abordar los desafíos del sistema previsional desde aproximaciones alternativas1
El envejecimiento de la población ha sufrido una transición política en las sociedades contemporáneas bajo sistemas capitalistas. A su vez, el paradigma neoliberal ha redefinido la vejez como una responsabilidad individual, exacerbando nuevas formas de exclusión y vulnerabilidad para las personas mayores. En lugar de reconocer el envejecimiento como un proceso colectivo que requiere políticas de protección social, se lo ha convertido en un “problema” que cada persona debe gestionar de manera privada.
La vejez como problema individual
Mauricio Lazzarato (2013) argumenta que el neoliberalismo ha reconfigurado la relación entre el Estado y el individuo, promoviendo la idea de que cada persona es responsable de su propio bienestar. Este concepto, denominado “emprendedor de sí mismo”, ha impactado profundamente en la manera en que se concibe la seguridad social en el contexto del envejecimiento. Bajo este enfoque, el Estado reduce su participación en la provisión de pensiones, trasladando la responsabilidad de ahorrar para la jubilación a los trabajadores. En Uruguay, esto se manifiesta a través de las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP), que gestionan la capitalización individual de las pensiones.
No obstante, como señala Piketty (2014), este enfoque es parte de una dinámica más amplia que promueve la acumulación de riqueza en los sectores financieros a expensas de la protección social de los más vulnerables. Un reciente informe del Banco de Previsión Social (BPS) muestra que más del 20% de las personas jubiladas no logra cubrir sus necesidades básicas con ese ingreso, un reflejo de las insuficiencias de este modelo.
Optimismo cruel: la ilusión de la seguridad en la vejez
Lauren Berlant (2011) desarrolla el concepto de “optimismo cruel” para describir cómo las personas siguen aferrándose a promesas que, en lugar de mejorar sus vidas, perpetúan el sufrimiento. El concepto refiere a relaciones de apego a ideales que son inalcanzables o insostenibles, pero que, paradójicamente, brindan un sentido de esperanza. En el contexto del envejecimiento bajo el paradigma neoliberal, esto se manifiesta en la falsa promesa de que la acumulación individual de capital a través de planes de pensiones privados —basados en la capitalización individual— será suficiente para garantizar una vejez digna y segura. Sin embargo, esto ignora las desigualdades estructurales inherentes al sistema, como la precarización del trabajo, la informalidad y las brechas de género, que hacen prácticamente imposible que muchos trabajadores puedan generar los ahorros necesarios para una jubilación digna.
La ideología del optimismo cruel no sólo fomenta la idea de que los individuos tienen control absoluto sobre su bienestar futuro, sino que desvía la atención de las fallas sistémicas que imposibilitan ese objetivo. El modelo de capitalización individual se presenta como una vía de empoderamiento personal, pero refuerza dinámicas de exclusión y precarización. Los trabajadores que se ven forzados a confiar en estos sistemas, a pesar de las condiciones laborales inestables y de bajos ingresos que prevalecen en muchos sectores, son víctimas de un optimismo que mantiene viva la ilusión de seguridad, mientras profundiza su vulnerabilidad económica en la vejez. En este sentido, se transforma la promesa de una vida mejor en una trampa que perpetúa la precariedad, al imponer cargas que los individuos no pueden soportar.
En Uruguay, el modelo de capitalización individual perpetúa esta ilusión, pero sólo beneficia a quienes tienen ingresos altos y trayectorias laborales estables. Según datos del Banco Central del Uruguay, las tasas de retorno de los fondos administrados por las AFAP han sido altamente volátiles, afectando negativamente los ahorros de los trabajadores y aumentando la vulnerabilidad de aquellos que dependen de empleos precarios o enfrentan períodos de informalidad laboral, lo cual debilita su capacidad de ahorrar adecuadamente para la jubilación. En efecto, el optimismo cruel se agrava en el caso de los trabajadores informales, que se ven obligados a seguir trabajando en la vejez o a depender de redes familiares informales. Según la Cepal (2021), alrededor del 35% de los trabajadores informales uruguayos no tiene acceso a pensiones contributivas, lo que perpetúa su exclusión social.
La exclusión de las mujeres mayores
Las mujeres mayores son particularmente vulnerables a las dinámicas de exclusión generadas por el sistema neoliberal de pensiones. A lo largo de sus vidas, enfrentan una serie de obstáculos que limitan su capacidad para ahorrar para la jubilación, como salarios más bajos, mayor informalidad y una carga desproporcionada de trabajo no remunerado en el hogar. Esto las coloca en una posición estructuralmente desventajosa en comparación con los hombres.
Un informe del BPS (2021) muestra que, en promedio, las mujeres en Uruguay reciben pensiones 30% más bajas que los hombres. Esta brecha se explica no sólo por la desigualdad salarial, sino también por las interrupciones en las trayectorias laborales debido a las responsabilidades de cuidado. Claro que esta situación no es exclusiva de Uruguay, sino que refleja un patrón presente en toda América Latina (Arenas de Mesa y Gana, 2012).
Nancy Fraser (2016), por otro lado, argumenta que el sistema neoliberal ha utilizado la feminización del trabajo informal y el trabajo de cuidados no remunerado para sostener el modelo económico, mientras se recorta la participación del Estado en el bienestar social. Esta exclusión estructural de las mujeres en el sistema de pensiones no sólo perpetúa la desigualdad de género, sino que también debilita las bases económicas del propio sistema de seguridad social.
El neoliberalismo y la privatización de la vejez
El neoliberalismo ha privatizado la responsabilidad del bienestar en la vejez, reduciendo el papel del Estado en la provisión de seguridad social. Al redefinir el envejecimiento como un problema individual, esto ha promovido una visión de las personas mayores como una “carga” económica, justificando la implementación de políticas de austeridad y reducción del gasto, lo que las sitúa en una situación de mayor precariedad.
En Uruguay, este fenómeno se refleja en la dependencia de las pensiones mínimas subsidiadas por el Estado para quienes no logran acumular suficientes ahorros a través de las AFAP. Según la Superintendencia de Servicios Financieros (2020), las personas jubiladas que dependen de estos subsidios enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas, lo que perpetúa su vulnerabilidad. Como alerta la OIT (2021), la privatización de los sistemas de pensiones en América Latina ha aumentado la inseguridad económica entre las personas mayores, producto de las fluctuaciones de mercado que afectan los fondos de pensiones.
Injusticia y engaño
La retórica neoliberal que culpa a las personas mayores de la insostenibilidad de los sistemas previsionales es injusta y engañosa, en tanto oculta las verdaderas causas de la crisis: la informalidad laboral, la precarización del empleo y las políticas que han erosionado la solidaridad social. Como señala Walker (2018), esto es una forma de “edadismo estructural”, que perpetúa la discriminación hacia este grupo y protege los intereses financieros de las élites económicas.
Narrativa de “carga” económica
El edadismo estructural se refleja en la representación de las personas mayores como “carga” para las finanzas públicas, dado que suelen ser vistas como beneficiarias pasivas que no contribuyen al crecimiento económico. Este enfoque deshumaniza a las personas mayores y minimiza su rol productivo, económico y social, ignorando aspectos como el trabajo no remunerado, el voluntariado y el cuidado no remunerado que muchas continúan realizando.
Individualización de la responsabilidad
El sistema de capitalización individual, impulsado en muchas reformas neoliberales, parte de la premisa de que los individuos deben ser responsables de su propio bienestar financiero en la vejez mediante el ahorro personal. Como se analizó, este enfoque ignora las desigualdades estructurales que enfrentan diferentes grupos de trabajadores y trabajadoras en el curso de sus vidas laborales.
Negación de las desigualdades intergeneracionales
El edadismo estructural en las reformas previsionales tiende a ignorar las desigualdades generacionales y laborales que afectan de manera desproporcionada a las personas mayores. Estas desigualdades incluyen la segregación por edad en el empleo, el subempleo y el desempleo que muchas personas enfrentan en las últimas etapas de su vida laboral.
Justificación de reformas regresivas
El edadismo estructural justifica la implementación de reformas que recortan beneficios y aumentan la edad de jubilación bajo el argumento de que las personas mayores viven más tiempo y, por tanto, los sistemas de pensiones son insostenibles. Este enfoque no considera que, aunque la esperanza de vida ha aumentado, las condiciones de vida y salud de muchas personas mayores no permiten que continúen trabajando hasta edades avanzadas. Además, el incremento en la edad de jubilación perjudica a quienes desempeñan trabajos físicamente demandantes o aquellas personas que han tenido trayectorias laborales intermitentes.
Externalización del cuidado
Las reformas de los sistemas de pensiones que no incluyen mecanismos robustos para la atención a las personas mayores o que subfinancian los sistemas de salud públicos refuerzan el edadismo estructural. Al externalizar el cuidado y atención de las personas mayores a las familias, generalmente las mujeres, los estados eluden su responsabilidad de proteger el bienestar de los adultos mayores.
Conclusión
El envejecimiento bajo el neoliberalismo ha dejado de ser un problema colectivo que requiere políticas públicas inclusivas para convertirse en una cuestión de responsabilidad individual. Esta transformación ha creado nuevas formas de exclusión y vulnerabilidad para las personas mayores, especialmente para las mujeres y los trabajadores informales. Al ignorar las condiciones estructurales que limitan la capacidad de los individuos para planificar su vejez, el sistema ha perpetuado una crisis invisible que profundiza las desigualdades. Para abordar esta crisis, es fundamental replantear el envejecimiento desde una perspectiva de derechos sociales y protección colectiva.
Adriana Rovira es docente e investigadora de la Universidad de la República en derechos humanos, cuidados y participación política en el campo del envejecimiento y la vejez. Integrante de la Comisión de Expertos ante la OEA que redactó la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores. Directora del Instituto Nacional de Personas Mayores entre 2012 y 2020.
Referencias
- Arenas de Mesa, A y Gana, A (2012). Los sistemas de pensiones en América Latina: un análisis de género. Santiago de Chile.
- BCU (2020). Informe sobre las tasas de retorno de los fondos de capitalización.
- BPS (2021). Informe sobre las desigualdades de género en el sistema previsional uruguayo.
- Berlant, L (2011). Cruel Optimism. Durham: Duke University Press.
- Cepal (2021). Panorama social de América Latina 2020: inclusión y derechos de las personas mayores.
- Fraser, N (2016). Expropiación y explotación en el capitalismo financiero.
- Lazzarato, M (2013). La fábrica del hombre endeudado: ensayo sobre la condición neoliberal.
- OIT (2021). Panorama laboral de América Latina y el Caribe.
- Piketty, T (2014). Capital in the Twenty-First Century. Cambridge: Harvard University Press.
- Superintendencia de Servicios Financieros (2020). Informe sobre el desempeño de las AFAP y el sistema de capitalización individual en Uruguay.
- Walker, A (2018). “Ageism in the welfare state: The impact of neoliberalism on old age pensions”. Ageing & Society.