Bancos y administradoras de crédito presentaron el Programa Voluntario de Reestructuración de Deudas (PVR), que tiene el objetivo de regularizar la situación crediticia de “más de 780.000 personas” que después de la pandemia han tenido dificultades para afrontar sus deudas por créditos al consumo, según explicó el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Administradoras de Crédito (Aneac), Alejandro Grasso, en conferencia este martes.
Esta iniciativa se sostiene en un acuerdo entre la Aneac y la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU), con el apoyo de la Unidad de Asistencia al Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la articulación del Banco Central del Uruguay (BCU), y está dirigida específicamente a los uruguayos que se encuentran en la categoría de “deudores irrecuperables” del BCU.
Para estas personas el programa ofrece dos tipos de soluciones, sostuvo Grasso. En primer lugar, en el caso de deudores con un saldo capital (monto original del crédito) menor a 5.000 pesos por institución, la deuda será cancelada sin necesidad de que la persona realice algún tipo de trámite. Por ejemplo, si una persona tiene deudas en cuatro instituciones de 3.000 pesos cada una, todas se eliminan.
De esta forma, este grupo recuperará “automáticamente su capacidad crediticia, lo que genera un fuerte impacto social, porque todo este conjunto de personas vuelven a ser personas aptas para el crédito”, agregó el presidente de la Aneac.
En segundo lugar, los deudores con un saldo capital de entre 5.000 y 100.000 pesos por institución podrán “reestructurar el saldo de su deuda, tomando sólo el capital adeudado sin ningún tipo de interés ni actualización y refinanciarlo a tasa cero”, sostuvo Grasso. Además, las personas tendrán la posibilidad de pagar la deuda en un plazo de hasta 36 cuotas fijas.
“Los deudores que adhieran a la refinanciación recuperarán su capital crediticio una vez que vayan cumpliendo con el pago de las cuotas acordadas y según la normativa vigente del BCU”, sostuvo Grasso, y planteó que los deudores podrán cancelar los créditos en cuotas mensuales de entre 2.000 y 2.500 pesos.
Por su parte, en rueda de prensa, la directora ejecutiva de ABPU, Bárbara Mainzer, apuntó que a partir del 11 de julio las personas podrán ingresar a la página web del programa y sólo con su número de cédula y teléfono podrán constatar si tienen alguna deuda que puede “entrar en esta reestructura”.
“Van a poder ver todas las deudas que tienen pasibles de ser reestructuradas y la cantidad de cuotas en las que se puede pagar, siempre van a tener tres opciones o incluso pueden pagarlo más rápido”, agregó.
Además, Mainzer señaló que a partir del 9 de agosto se habilitarán “dos canales adicionales”: un número de teléfono y un canal de Whatsapp para hacer las consultas necesarias y acceder a la reestructura de deuda. Por último, la directora ejecutiva aclaró que la posibilidad de acceder al programa se extenderá hasta el 15 de noviembre.
Las instituciones bancarias y administradoras de créditos adheridas son: Anda, BBVA, Banco República, Banque Heritage, Cash, Credisol, Creditel, Crédito de la Casa, Crédito Naranja, Crédito Uruguayo, Créditos Directos, Crédito Valor, Fucac Verde, HSBC Bank, Banco Itaú, Oca, Pronto, República Microfinanzas, Santander, Scotiabank y Volvé, entre otras.
Diego Labat: “Todos los sectores políticos han hecho aportes”
Durante la presentación de la iniciativa, el presidente del BCU, Diego Labat, sostuvo que para alcanzar este acuerdo se estuvo en negociaciones por “más de dos años”, y destacó que hubo aportes de todos los actores, así como de todos los partidos del sistema político.
“El directorio y los técnicos del BCU han tenido reuniones en el BCU, en el Parlamento en infinidad de ocasiones. Todos los sectores políticos han hecho aportes, algunas ideas terminaron en parte de la solución, otras no”, señaló Labat.
El presidente del BCU subrayó que este acuerdo ofrece una “solución voluntaria” y responde a una “fotografía del mercado de créditos”. “Es fundamental que las políticas públicas estén basadas en evidencias y en datos de la realidad”, manifestó. Asimismo, dijo que se definieron “soluciones fáciles de implementar, con tecnología”, para que los deudores puedan acceder con facilidad.