Han pasado casi diez años desde que el mundo se reunió en París y acordó por fin tomarse en serio la prevención de un desastre climático. Pero, aunque está surgiendo un consenso respecto de las reformas económicas estructurales que se necesitan para transformar sectores como la energía, el transporte y la agricultura, el ritmo de las inversiones es insuficiente.
Por el contrario, a los sistemas de gobernanza les está costando generar una respuesta adecuada a una crisis climática y ecológica cada vez más evidente y grave. Muchos gobiernos han propuesto medidas contundentes contra el cambio climático, pero es común que generen rechazo social porque se las percibe como injustas e inequitativas. Muchos ven en ellas políticas que enfrentan a los ancianos contra los jóvenes, a las ciudades contra el campo o al norte global contra el sur global. Estas controversias hallan campo propicio en las redes sociales, donde prosperan y degeneran en un infierno de desinformación, retórica incendiaria y polarización.
Que son necesarias grandes reformas ya no lo discute nadie, la cuestión es cómo hacerlo con justicia, y se volverá cada vez más difícil conforme avancemos en la transición hacia la neutralidad de carbono. Para la mayoría de la gente, dar respuesta a la crisis climática es una preocupación importante: en una encuesta realizada en dieciocho países del G20, el 71% de los encuestados estuvo de acuerdo en que se necesitan acciones significativas inmediatas para reducir las emisiones de carbono. Pero sólo el 39% cree que las acciones de sus respectivos gobiernos serán eficaces.
Un modo de dar respuesta a esta divergencia es permitir la participación ciudadana en la elaboración e implementación de las políticas y medidas de acción climática diseñadas por los gobiernos. En lugar de una imposición tecnocrática verticalista, los gobiernos deben combinar las metodologías dirigistas (“de arriba a abajo”) con otras participativas (“de abajo a arriba”) que reúnan a ciudadanos comunes para la tarea de formular una visión de futuro compartida.
Ya hay ejemplos exitosos de estos métodos participativos. En Francia existen “asambleas ciudadanas”, órganos de toma de decisiones formados por individuos elegidos al azar, con representatividad demográfica, que deliberan sobre un tema específico de interés público y recomiendan políticas.
Además de alentar consenso en relación con temas divisivos, las asambleas ciudadanas educan a la población sobre cuestiones de gobierno complejas y dan a los ciudadanos un papel directo en la toma de decisiones que los afectan. Estos elementos son especialmente importantes para cuestiones como la transición hacia la neutralidad de carbono, que implica grandes transformaciones económicas con capacidad de generar división en las sociedades. A diferencia de los políticos, los asambleístas toman decisiones sin presiones electorales o de grupos de intereses. Algunos ejemplos notables son las asambleas que debatieron en Irlanda sobre el matrimonio igualitario y el aborto y llevaron a referendos nacionales y la sanción de leyes innovadoras; también lo es la asamblea francesa sobre el clima, que ayudó a dar forma al proyecto de ley climática más ambicioso que haya habido en Francia hasta la fecha.
También ha sido muy exitoso el enfoque participativo que viene aplicando Brasil a la formulación de políticas desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, la elaboración del Plan Climático brasileño se desarrolla a través de una estructura de gobernanza que incluye a varios ministerios del gobierno federal junto con representantes de la comunidad científica, gobiernos de nivel subnacional, el sector privado y la sociedad civil.
También se ha creado una plataforma participativa sobre el clima en la que todos los ciudadanos brasileños pueden dialogar (en forma digital o presencial) y proponer soluciones. Este proceso participativo se ha reforzado por el hecho de que la Conferencia Nacional sobre el Medio Ambiente y el Consejo Nacional de Desarrollo Económico y Social brasileños han asignado alta prioridad al Plan Climático.
Estos métodos pueden evitar posibles fuentes de polarización al momento de formular propuestas de política climática y generar, en cambio, oportunidades de colaboración y deliberación. En los países del G20, el 62% de la gente está de acuerdo con el uso de asambleas ciudadanas para la toma de decisiones; y esa cifra ya supera el 70% en países como Brasil, India, Indonesia, México y Sudáfrica, y más del 80% en Kenia. Se han celebrado más de 170 asambleas ciudadanas en más de 30 países, con el objetivo de acelerar la acción climática en formas conducentes a una transición justa y equitativa para todos.
Tomando como modelo el Foro Social Mundial, lo que necesitamos ahora es un Foro Social y Climático Mundial, o una Asamblea Mundial de Ciudadanos para la Gente y el Planeta, que reúna a ciudadanos de todos los países, no sólo para trazar una senda colectiva hacia el futuro, sino también para reimaginar la política y alentar una reevaluación ética mundial. Daría a la humanidad una oportunidad de reunirse, comprender las aspiraciones y temores de cada parte y crear en forma conjunta una transición verde que beneficie a todos. En vez de un mundo con rezagados, podemos forjar un nuevo contrato social basado en la solidaridad, la equidad y la justicia.
En 2015, Francia y Perú crearon un mecanismo llamado Agenda de Acción, porque reconocieron que la crisis climática exige cambios cuya escala trasciende la acción de los gobiernos y demanda también la riqueza de ideas que puede ofrecer la sociedad civil (incluidas empresas, ciudades y comunidades).
Mientras los países se preparan para anunciar en 2025 sus próximos compromisos climáticos, debemos reconocer el papel fundamental que le corresponde a la ciudadanía de a pie (en forma individual y colectiva) para dar respuesta a la crisis climática. En la COP30 y después de ella, debemos ofrecer un espacio que permita oír todas las voces y asegurar una transición no solamente rápida sino también justa. De lo contrario, nuestros objetivos compartidos serán inalcanzables. Por eso Brasil está decidido a hacer que la COP30 (en noviembre de 2025) sea la COP de la gente y que cada habitante de la Tierra tenga la oportunidad de participar en las decisiones que afectarán el futuro de toda la humanidad.
Laurence Tubiana, exembajadora de Francia ante el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, es directora ejecutiva de la European Climate Foundation y profesora en el Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po). Ana Toni es la secretaria nacional para el cambio climático del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Brasil. Copyright: Project Syndicate, 2024. Traducción: Esteban Flamini.