Economía Desigualdad y pobreza

Ilustración: Luciana Peinado

La segregación territorial también es un problema económico: “Tenemos Einsteins que nunca fueron”

La experta María José Álvarez Rivadulla advirtió que el país consolidó, desde la década de 1980, una segregación territorial que empujó a miles de personas hacia la periferia, lo que calificó de “fracaso” de la política de vivienda.

Contenido exclusivo con tu suscripción de pago
Contenido no disponible con tu suscripción actual
Exclusivo para suscripción digital de pago
Actualizá tu suscripción para tener acceso ilimitado a todos los contenidos del sitio
Para acceder a todos los contenidos de manera ilimitada
Exclusivo para suscripción digital de pago
Para acceder a todos los contenidos del sitio
Si ya tenés una cuenta
Te queda 1 artículo gratuito
Este es tu último artículo gratuito
Nuestro periodismo depende de vos
Nuestro periodismo depende de vos
Si ya tenés una cuenta Ingresá
Llegaste al límite de artículos gratuitos
Nuestro periodismo depende de vos
Para seguir leyendo ingresá o suscribite
Si ya tenés una cuenta
o registrate para acceder a 6 artículos gratis por mes

Editar

El lugar donde crece una persona puede marcar las oportunidades que tendrá a lo largo de su vida. Puede determinar a qué escuela asiste, qué trabajos conoce, con quiénes se relaciona y hasta qué posibilidades tiene de imaginar un futuro diferente. Sin embargo, la segregación territorial no solo condiciona las trayectorias individuales: también tiene un costo para la sociedad en su conjunto.

“La segregación tiene un efecto económico. Sus efectos negativos hacen que perdamos muchos talentos”, advirtió, en diálogo con la diaria, María José Álvarez Rivadulla, profesora de Sociología de la Universidad de los Andes de Colombia. Esto lo resumió con una frase contundente: “Tenemos Einsteins que nunca fueron”.

En Uruguay ese problema tiene una historia que pudo haberse evitado, sostuvo. Entre 1985 y el 2000, el país expulsó a miles de personas hacia las periferias y consolidó una segregación territorial que antes no tenía. Hoy, alrededor del 10% de la población vive en asentamientos, distribuidos en unos 400 barrios informales. “Para mí, esto representa un gran fracaso de la política de vivienda de Uruguay. No recibimos un aluvión de migrantes ni tenemos un crecimiento poblacional que explique esa expansión. Por el contrario, desde hace mucho tiempo nuestra tasa de fecundidad es baja. No hay ningún motivo para que hoy tengamos más de 400 asentamientos irregulares”, afirmó la académica, que además cuenta con un doctorado en Filosofía Sociológica por la Universidad de Pittsburgh, de Estados Unidos.

¿Qué entendemos exactamente por segregación residencial y social y cómo se diferencia de la desigualdad económica o de la pobreza?

La segregación es teóricamente distinta de la desigualdad. La desigualdad tiene que ver con la distribución económica, mientras que la segregación refiere a la falta de interacción entre quienes tienen desigualdades económicas, raciales o de otro tipo.

La segregación puede ser residencial o social. La residencial es la distribución desigual en el territorio de grupos con distinto poder adquisitivo y diferente acceso a los recursos que todos valoramos. La segregación social, en cambio, tiene que ver con la falta de interacción entre esos grupos, más allá de dónde residen.

Podría haber una sociedad muy desigual económicamente, pero donde todos vivan relativamente cerca. Por ejemplo, en una ciudad medieval, que era pequeña y estaba dentro de un muro, convivían personas con niveles de acceso a recursos muy diferentes; incluso el señor feudal y el campesino más pobre. Allí había mucha más desigualdad que segregación residencial. Sin embargo, también existía una altísima segregación social: el hijo del campesino y el hijo del rey no tenían acceso a la misma educación, no se hacían amigos ni se casaban entre ellos.

Por otro lado, una sociedad puede haber superado la pobreza, es decir, haber mejorado los recursos de los sectores más bajos de la distribución, pero mantener una altísima desigualdad entre las clases medias y altas o una fuerte segregación social si esos grupos viven en distintos lugares y no asisten a las mismas escuelas.

¿Cuándo podemos decir que una ciudad está segregada? ¿Alcanza con que los sectores de mayores y menores ingresos vivan en barrios diferentes?

Si hablamos de segregación en un sentido más general, hay que considerar todas las dimensiones. Importa que vivan en barrios diferentes, porque eso significa que existe segregación residencial, pero también importa mucho si van a las mismas escuelas, si tienen oportunidades de encontrarse en los espacios públicos, si pueden hacerse amigos o conocidos y, eventualmente, si existe la posibilidad de que se emparejen.

¿Qué significa el concepto de efecto vecindario?

En sociología hablamos de efecto vecindario para referirnos al efecto independiente que tiene el barrio sobre los individuos, más allá de los factores que más nos determinan, que son nuestra familia y nuestra educación. Es ese efecto adicional que los entornos más inmediatos de los niños pueden tener sobre sus oportunidades y sus trayectorias de vida, tanto para perjudicarlos como para mejorar sus posibilidades.

Un barrio puede perjudicar a una persona por distintas razones. Por ejemplo, porque no cuenta con infraestructura suficiente, agua, servicios públicos, saneamiento, una buena biblioteca o una buena escuela. También puede perjudicarla porque allí viven personas homogéneamente privadas de los recursos que todos valoramos; por ejemplo, si no hay nadie con un empleo estable, con educación superior o que pueda transmitir información sobre una oportunidad de trabajo.

En la literatura hablamos de modelos de rol: personas que pueden inspirarnos a pensar que existen otras vías de movilidad social y que, además, pueden transmitirnos información sobre cómo acceder a ellas. Es un efecto de capital social, es decir, del conjunto de personas que nos rodean y que pueden facilitarnos recursos a los que nuestra familia no puede darnos acceso.

Asimismo, pueden existir efectos negativos asociados a ese capital social, vinculados a la presencia de pandillas o de vías alternativas a la movilidad social a través de la educación y el empleo, como los mercados ilegales. Un niño puede vincularse a esas actividades como forma de acceder a la supervivencia o a la movilidad social. También pueden afectar la seguridad de la zona y hacer que ir a la escuela o al trabajo dependa de los horarios en que el territorio está controlado por determinadas personas.

Si damos vuelta ese escenario, el efecto puede ser positivo. Pensemos en el mismo niño que tiene una madre jefa de hogar y trabaja en un empleo bastante precario, pero vive en otro vecindario. Allí cuenta con infraestructura, servicios públicos, transporte, luz y saneamiento. Además, tiene alrededor personas que pueden ser inspiradoras, ofrecerle oportunidades laborales o acercarlo a otros recursos, como libros y música. En ese entorno, el control territorial no está en juego, no hay violencia ni vías alternativas a la educación y al trabajo vinculadas a mercados ilegales. Entonces, el efecto sobre ese niño puede ser positivo.

¿Hay otros efectos del vecindario que deban tenerse en cuenta?

Un efecto negativo del vecindario que no mencioné es el estigma. Algunos barrios adquieren un estigma que luego se reproduce en la sociedad y en el mercado de trabajo. Puede ocurrir que no te den un empleo por vivir en determinado lugar o que otras personas tengan miedo de ir a ese barrio. El estigma constituye un efecto muy negativo, que refuerza la segregación y también tiene un impacto en el mercado inmobiliario.

¿Existe suficiente conciencia en América Latina sobre la importancia del barrio en el acceso a oportunidades a la hora de diseñar políticas de vivienda?

Todos sabemos que el barrio donde vivimos determina en cierta medida nuestras oportunidades, y los políticos y quienes diseñan las políticas públicas también lo saben. Pero, más allá de esa conciencia, creo que la mirada sobre la segregación territorial y sus efectos negativos no ha primado en el diseño de las políticas públicas.

En América Latina hemos hecho principalmente dos cosas. Por un lado, hemos consolidado la ciudad informal, que fue la forma de urbanización prioritaria en muchas ciudades de la región. Con la migración rural-urbana, las ciudades comenzaron a formarse con personas que no encontraban viviendas en el mercado formal y tuvieron que construir esa ciudad informal.

Por otro lado, está el modelo de vivienda social con subsidio a la demanda, construida por privados, que se ha aplicado en países como Chile, donde comenzó, y también en Brasil, Colombia y México. El Estado entrega un subsidio a las personas para que compren una vivienda. Ese modelo, que es hoy el predominante en América Latina, también ha consolidado y aumentado la segregación residencial, porque las viviendas se construyen donde los terrenos son más baratos y los constructores pueden maximizar sus beneficios: en las periferias.

María José Álvarez Rivadulla en la Facultad de Ciencias Sociales. Foto: Gonzalo Cortizo

¿Cómo definiría la situación de Montevideo en materia de segregación?

La primera cuestión tiene que ver con la demografía y la historia económica del país. Montevideo y Uruguay se urbanizaron muy temprano. En los años 60 y 70, Montevideo ya era una ciudad que albergaba a gran parte de la población y Uruguay tenía muy pocas personas en el ámbito rural.

En ese momento, Colombia, por ejemplo, comenzaba a urbanizarse, cuando Uruguay ya había terminado su proceso de urbanización. Esto fue producto de la política de sustitución de importaciones, la falta de inversión en el campo, las grandes extensiones de tierra y el tipo de producción agropecuaria, que era poco intensiva en términos de trabajo.

Esa es una gran diferencia. A diferencia de muchas ciudades latinoamericanas, Montevideo logró albergar a todo ese aluvión de población rural que llegó a la ciudad formalmente, básicamente mediante una política muy importante de lotes con servicios.

Hay barrios enteros de Montevideo que se construyeron a partir de esa política. Fue una iniciativa orientada a la formalidad y a albergar a quienes llegaban a la ciudad con dignidad y con todos los servicios públicos. Eso es muy importante porque la mayor parte de las ciudades latinoamericanas recibieron ese aluvión más tarde y con mucha informalidad.

Sin embargo, entre los años 80 y el 2000, expulsamos de la ciudad a mucha gente. Alrededor del 10% de nuestra población vive en asentamientos, distribuidos en unos 400 asentamientos informales. La enorme mayoría de esos asentamientos no existían antes de los 80 y sus habitantes no son migrantes rurales que llegan a la ciudad, como sucede en otras ciudades de América Latina.

Ante la falta de oportunidades de vivienda, la permisividad para que las personas resolvieran su situación por cuenta propia y la energía organizativa de muchos uruguayos, se construyeron viviendas en la periferia, que eran la única opción disponible. Así consolidamos una segregación que no teníamos y extendimos enormemente la mancha urbana. Esto hoy tiene un costo muy alto: regularizar asentamientos es mucho más caro que construir y planificar lotes con servicios en lugares que cuentan con buena infraestructura.

No lo hicimos y pagaremos las consecuencias durante los próximos años. Vamos muy lento en la regularización y hay generaciones que no tuvieron una escuela a tiempo: ya pasaron por esa etapa y todavía no se regularizó su barrio.

Esto representa un gran fracaso de la política de vivienda de Uruguay. No recibimos un aluvión de migrantes ni tenemos un crecimiento poblacional que explique esa expansión. Por el contrario, desde hace mucho tiempo nuestra tasa de fecundidad es baja. No había ningún motivo para que hoy tengamos más de 400 asentamientos irregulares.

¿Cómo se encuentra hoy Montevideo en materia de segregación?

Hay investigaciones que encuentran una mayor segregación en términos educativos, pero tal vez una pequeña disminución en términos de ingresos. Hay que mirar muchas cosas. Primero, dónde están localizados los recursos que todos valoramos: los empleos, los supermercados que venden comida más saludable, las áreas verdes, la contaminación ambiental. Hay que observar cómo se distribuyen esos recursos en relación con la ubicación de la población.

Lo que sí es claro es que ha habido un aumento [de la segregación] en el tiempo, sobre todo por una mayor concentración de la población con más recursos en determinadas zonas de la ciudad. Esas zonas son las que tienen los recursos más valorados por todos: mejor calidad del aire, mejor transporte y mejor acceso a los empleos.

¿Cuál cree que es el principal desafío que tiene Montevideo en materia de segregación?

Hay que evitar seguir incentivando la ciudad informal, aunque, por supuesto, hay que consolidar la que ya existe. La desigualdad económica es una condición necesaria para que exista segregación, aunque no suficiente. Por eso hay políticas nacionales vinculadas al empleo, los impuestos y la distribución de recursos que son prioritarias, pero que tal vez están por fuera de lo que puede hacer el gobierno de una ciudad.

Entre las competencias de un gobierno departamental o de un ministerio de vivienda, podemos distinguir entre políticas de lugares y políticas de personas. Las políticas de lugares tienen que ver con dignificar las periferias que ya existen. Hay personas que viven en zonas muy empobrecidas, sin servicios públicos como agua y saneamiento, pero también sin acceso a otros recursos, como buenas bibliotecas y escuelas. Toda política de vivienda debe estar muy vinculada a la atención de la segregación educativa. Si el barrio es importante, la escuela lo es todavía más.

La segregación educativa por barrios, en términos de resultados educativos, es mayor que la segregación entre el subsistema público y el privado. Hay mucha segregación en los resultados educativos debido a las dotaciones, el tipo de maestros, la infraestructura y otros factores que hacen que en muchos barrios pobres no tengamos las escuelas que se merecen. Por eso hay que atender con políticas territoriales y llevar servicios públicos, educativos y de transporte a los barrios periféricos que lo necesiten.

Creo que las políticas de subsidios al alquiler tienen mucho potencial y que en Uruguay tenemos mucho para innovar en esa materia. En muchos lugares del mundo, la política de vivienda social se basa en el alquiler y no en la propiedad. Esto facilita la tarea de los gobiernos, porque es mucho más fácil un alquiler que comprar viviendas en zonas centrales y costosas de la ciudad.

¿Podemos considerar que la segregación es también un problema económico?

Sin duda. Estamos perdiendo talento. Pensemos en las mujeres, por ejemplo. Si tienen que quedarse en sus hogares porque necesitan cuidar sus casas para evitar que se las roben en un barrio periférico y violento, estamos perdiendo la posibilidad de que aporten al PIB y contribuyan a reducir la pobreza de sus hogares.

La segregación también tiene un efecto más general: cuando los trabajos están en un lugar y las personas en otro, puede ocurrir que las empresas no encuentren trabajadores porque viven demasiado lejos de las oportunidades de empleo. Además, hay niños que podrían asistir a una mejor escuela y luego tener mejores oportunidades laborales, pero no lo están haciendo. Tenemos Einsteins que nunca fueron debido a la segregación educativa y residencial.

¿Te interesa la economía?
Suscribite y recibí la newsletter de Economía en tu email.
Suscribite
¿Te interesa la economía?
Recibí la newsletter de Economía en tu email todos los lunes.
Recibir