El riesgo país de Uruguay mostró en las últimas semanas una clara tendencia a la baja, ubicándose apenas por encima de su mínimo histórico (50 puntos básicos). Como se aprecia en el gráfico, el indicador pasó de ubicarse cerca de los 80 puntos básicos a fines de marzo a niveles cercanos a los 50 puntos durante las últimas semanas.
Respecto del cierre de 2025, el indicador cayó unos 10 puntos básicos, una magnitud relativamente acotada. No obstante, si se lo compara con el valor vigente hace un año, la caída asciende a casi 30 puntos. Aunque Uruguay ya partía de niveles históricamente bajos, la caída reciente resulta significativa porque consolida una percepción favorable de los mercados internacionales, en el marco de un escenario internacional particularmente convulso e incierto.
¿Qué es lo que mide el riesgo país?
Este indicador mide el sobrecosto que debe pagar un Estado para financiarse por encima de lo que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos al mismo plazo, considerados el activo más seguro del sistema financiero internacional. En otras palabras, refleja cuánto más caro le resulta a un país endeudarse debido a la percepción de riesgo que tienen los inversores. En ese sentido, también suele interpretarse como una aproximación a la probabilidad de incumplimiento del pago de la deuda pública.
Por eso, cuando el indicador sube, el mensaje de los mercados es claro: hay un aumento de la incertidumbre sobre el escenario económico y financiero local y, en consecuencia, se le exige al país un interés más alto para acceder a recursos (es decir, condiciones financieras más restrictivas, que dan cuenta del incremento en la percepción del riesgo soberano). En economías pequeñas y abiertas como la uruguaya, este tipo de movimientos pueden estar asociados tanto a factores internacionales como a eventos estrictamente domésticos.
El contexto
La dinámica reciente del riesgo país uruguayo se enmarca en un escenario internacional complejo, signado por niveles de volatilidad e incertidumbre inusitadamente altos. Después del shock inflacionario global posterior a la pandemia, la mayoría de las economías reaccionó aumentando sus tasas de interés para mantener las expectativas inflacionarias a raya, lo que supone condiciones financieras menos benevolentes, que se tornaron más restrictivas luego de la irrupción de la guerra en Medio Oriente.
En particular, en Estados Unidos la Reserva Federal continúa mostrando cautela sobre la posibilidad de reducir las tasas de interés, dado que las expectativas sobre la evolución futura de la inflación empeoraron producto del shock de oferta petrolero. Dado que la tasa de interés estadounidense no es otra cosa que la tasa libre de riesgo, su eventual incremento encierra dos efectos sobre el resto de las economías: encarece el financiamiento global, dado que representa el piso de lo que pagan todos los países, y además vuelve relativamente más atractivos los activos estadounidenses frente a las inversiones en economías emergentes (y esto dificulta la captación de recursos).
A eso se suman otros factores de incertidumbre, más allá de los que derivan de la guerra en curso, y que tienen que ver –entre otras cosas– con las tensiones geopolíticas de un mundo fragmentado, el nivel elevado de los aranceles, las presiones “estanflacionarias” asociadas a la profundización del conflicto y la fragilidad que desde hace varios años caracteriza a las finanzas públicas de la mayoría de los países. Naturalmente, en un contexto como este, los inversores tienden a adoptar posiciones más conservadoras y buscan reducir su exposición a los activos riesgosos o a exigirles mayores compensaciones (tasas de interés más altas).
Frente a ese panorama, las virtudes y diferenciales de Uruguay en materia de estabilidad institucional y reputación (que son algunos de los principales factores que están detrás de nuestro grado inversor) adquieren una importancia mayor, trasmitiendo la señal de confianza ante un mundo crecientemente incierto y complejo.
A este respecto, vale la pena destacar las fortalezas derivadas de la gestión profesional de la deuda, que de alguna manera se ha consolidado como una política de Estado desde la salida de la crisis de 2002. En concreto, el perfil actual de nuestra deuda reduce nuestras vulnerabilidades a los vaivenes del escenario internacional, destacándose el hecho de que la mayor parte de nuestra deuda pública es a tasa fija (94%), que tres cuartas partes vence en plazos mayores a cinco años y que más de la mitad está nominada en moneda nacional (55,5%). Además, la reciente reforma de la seguridad social y los cambios introducidos en la institucionalidad fiscal reforzaron la solidez de nuestro perfil, más allá de los ruidos recientes que han derivado de la discusión en torno al proceso del Diálogo Social.
En efecto, todo lo anterior ayuda a explicar por qué nuestra prima de riesgo es la más baja de América Latina, a pesar de que hay otros países, como Chile, que tienen una mejor calificación crediticia, tal como indicó días atrás el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odoone.
Las implicancias
La principal implicancia detrás de la caída del riesgo país es que el “sobrecosto” que debemos pagar para acceder a crédito en los mercados internacionales, de forma de financiar el déficit fiscal, es muy reducido. En otras palabras, cuanto menor es el spread soberano, menor es la cantidad de recursos que Uruguay debe destinar al pago de intereses y mayor es el margen para orientar fondos hacia políticas sociales, inversiones en infraestructura o políticas enfocadas en el desarrollo productivo.
Joaquín Pascal, Centro de Estudios Etcétera.
