El dato
El año pasado el Banco de Previsión Social (BPS) otorgó 6.700 jubilaciones más que en 2024 y alcanzó las 38.800 altas. En perspectiva, esta cifra supone el mayor nivel de los últimos 15 años.
¿Por qué aumentaron tanto?
Tras una evaluación realizada en 2025, se constató un creciente número de expedientes atrasados en el organismo, que alcanzó los 58.103. Esto es producto, esencialmente, de las demoras persistentes que caracterizan el proceso de resolución. En efecto, tres cuartas partes de estos expedientes estaban pendientes desde hacía más de tres meses, y un tercio desde hacía más de un año. Expresado de otra manera, el tiempo promedio de resolución de los trámites supera los seis meses (en promedio, 220 días).
Ante esta problemática, el BPS implementó una serie de medidas para mejorar la gestión de los trámites. Entre ellas, redujo los plazos para la evaluación médica de las jubilaciones por incapacidad, eliminando etapas redundantes, introdujo un nuevo criterio de análisis para las jubilaciones comunes y creó equipos especializados para gestionar los trámites sensibles a través de un call center especializado. En paralelo, también simplificó procedimientos y mejoró la comunicación con los usuarios para reducir las “idas y vueltas” inherentes a estos procesos administrativos.
Con este conjunto de iniciativas, los tiempos de atención mejoraron significativamente, reduciéndose de 50 minutos a 15. En ese sentido, en la actualidad la mitad de las evaluaciones médicas para pensiones y jubilaciones por incapacidad se resuelven en menos de 30 días.
De esta forma, la cantidad de trámites en curso cayó un 77%, llegando a 13.160 en febrero de este año, por lo que el máximo registrado el año pasado fue en parte consecuencia de una reducción en el atraso en los trámites; el mayor número de jubilaciones otorgadas refleja, en buena medida, la resolución de expedientes acumulados durante años anteriores.
¿Cuáles son los cambios propuestos por el gobierno en materia de jubilaciones?
El Poder Ejecutivo trabaja actualmente en la creación de una causal de retiro anticipado que permita jubilarse a los 60 años a quienes acumulan 30 años de aportes, en línea con las recomendaciones del Diálogo Social. Entre los fundamentos de esa propuesta figura el potencial impacto del cambio tecnológico y la automatización que, según se sostiene, podrían reducir las posibilidades de permanencia en el empleo de los trabajadores de mayor edad.
Lo anterior también se apoya en la evidencia internacional, que muestra que elevar la edad de retiro sin mecanismos de flexibilidad puede incrementar el uso de subsidios por enfermedad y desempleo, así como las jubilaciones por incapacidad. A eso se suman las desigualdades que enfrentan los trabajadores de menores ingresos y con trayectorias laborales más precarias, quienes suelen llegar a la edad de retiro con mayor desgaste y una esperanza de vida menor.
De acuerdo con la exposición de motivos que acompañó la Rendición de Cuentas, la nueva causal permitiría acceder a la jubilación, pero su diseño mantiene incentivos a la permanencia en el mercado laboral hasta los 65 años (entre otras cosas, la jubilación anticipada no es compatible con seguir trabajando), especialmente entre los trabajadores de ingresos medios y altos.
En el caso de los trabajadores de menores ingresos, estos incentivos se complementan con un mayor suplemento solidario, el mecanismo que complementa las jubilaciones más bajas para alcanzar un ingreso mínimo. El objetivo es que quienes opten por retirarse a los 60 años puedan hacerlo en condiciones similares o incluso más favorables que las vigentes antes de la reforma previsional de 2023.
El Poder Ejecutivo estima que el número de beneficiarios será relativamente reducido y, como punto de partida, señala que la edad promedio de retiro hoy es de 63 años. Entre los múltiples factores que explican esa situación, se destacan que muchas personas no alcanzan los 30 años de aportes a los 60 años –en parte porque los registros completos de historia laboral existen desde 1996– y que, entre quienes sí cumplen los requisitos, una proporción importante decide continuar trabajando para acceder a una jubilación mayor. Además, cerca de una cuarta parte espera hasta los 65 años y una parte importante termina accediendo a una jubilación por incapacidad o por edad avanzada, en lugar de hacerlo por la causal común de vejez.
Según estimaciones del BPS, el costo máximo anual de esta medida hacia el quinquenio 2040-2044 sería del entorno del 0,15% del PIB al año, por lo que el Poder Ejecutivo considera que no implicaría un desvío significativo de las proyecciones del gasto previsional en el mediano y largo plazo.
Joaquín Pascal, Centro de Estudios Etcétera.
