Existe una paradoja en el núcleo de la política climática. Una abrumadora mayoría de personas en todo el mundo quiere que los gobiernos hagan frente al calentamiento global. Sin embargo, en muchas de las mayores economías, los votantes apoyan a partidos que niegan o restan importancia a la crisis climática.
La paradoja climática tiene su origen en un profundo sentimiento de injusticia económica. A principios de este año, cuando Elon Musk se convirtió brevemente en el primer trillonario del mundo, una encuesta realizada por Ipsos para Earth4All reveló que cuatro de cada diez personas en las principales economías mundiales temían que su hogar no pudiera cubrir las necesidades básicas en los próximos 12 meses. Y en los países de bajos ingresos, la inseguridad económica es aún más aguda.
Detrás de esa cifra se esconden cuatro décadas de promesas incumplidas. La visión neoliberal del goteo de la riqueza no se ha materializado, mientras que la crisis financiera de 2008 y las posteriores crisis mundiales pusieron al descubierto un sistema en el que los beneficios se privatizan y los riesgos se socializan, y en el que los pobres asumen los costes de forma desproporcionada. El resultado ha sido una desconfianza cada vez mayor hacia los gobiernos. Sin embargo, esos mismos gobiernos piden ahora a la población que confíe en sus garantías de que la actual transformación de gran alcance será más justa que la anterior.
La encuesta de Earth4All pone de relieve el alcance de la actual crisis de legitimidad. Realizada entre 13.516 personas de 17 países –los miembros del G20 más Suecia, excluyendo a China, Rusia y Arabia Saudita–, reveló que el 70% cree que la desigualdad económica en su país es demasiado elevada, y el 65% afirma que el sistema económico está “amañado para beneficiar a los ricos y poderosos”. Más de dos tercios desean cambios importantes en el sistema económico, frente a solo un 8% que no está de acuerdo.
Estas respuestas, respaldadas por la experiencia vivida, son totalmente racionales. En un mundo en el que la riqueza se ha concentrado de forma espectacular, lo que permite a las grandes empresas y a los ultrarricos sesgar la regulación, la fiscalidad y el gasto público a su favor, la sensación de que las reglas las escriben y las dictan los poderosos está bien fundada. Los mismos mecanismos políticos y económicos que generan una desigualdad extrema también socavan la capacidad de los gobiernos para proporcionar energía asequible, empleos dignos, servicios públicos y resiliencia frente a las crisis climáticas.
En consecuencia, el compromiso con la acción climática sigue estando condicionado. En los países encuestados, el 54% apoya una acción gubernamental firme para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, incluso si eso conlleva un aumento de los precios. Esto incluye a Estados Unidos, a pesar del desmantelamiento de políticas climáticas clave por parte del presidente Donald Trump. Sin embargo, el apoyo disminuye entre los grupos de menores ingresos y los encuestados de tendencia conservadora en los 17 países.
Las políticas climáticas no pueden obtener apoyo social y político si permiten que los ricos, que son los que más emisiones generan, sigan actuando como si nada hubiera cambiado. El reto se ve agravado por la rápida erosión de la cohesión social: dos de cada tres encuestados (67%) afirman que su país está más dividido que hace una década. Las divisiones políticas son las más pronunciadas: el 71% percibe tensiones graves entre los seguidores de diferentes partidos políticos, muy por delante de las tensiones entre personas con ingresos altos y bajos (63%), entre inmigrantes y ciudadanos nacidos en el país (62%), y entre quienes están preocupados por el cambio climático y quienes se muestran escépticos al respecto (53%).
Las sociedades marcadas por tales divisiones tienen dificultades para tomar decisiones colectivas, compartir costes y llevar a cabo proyectos ambiciosos cuyos beneficios pueden tardar años o décadas en materializarse. Nuestra capacidad para hacer frente a los retos determinantes de este siglo –desde la reducción de las emisiones y la reversión del colapso ecológico hasta la gestión de los efectos disruptivos de la inteligencia artificial– depende de que las instituciones públicas puedan hacer inversiones a largo plazo, actuar de forma justa y gozar de la confianza suficiente para resistir la inevitable reacción negativa.
Sin embargo, la confianza escasea peligrosamente en la actualidad. Menos de uno de cada tres encuestados (31%) cree que se puede confiar en que su gobierno tomará decisiones que beneficien a la mayoría de la población dentro de 20 o 30 años.
No obstante, la democracia sigue contando con un apoyo considerable: el 68% de los encuestados afirma que un sistema político en el que los líderes se eligen mediante elecciones libres y justas es la mejor forma de gobernar su país. Pero esa legitimidad dista mucho de estar asegurada: el 40% de los encuestados cree que su país estaría mejor con un líder fuerte que no estuviera limitado por el Parlamento ni por las elecciones; en varios países de renta media, como Indonesia, India, Sudáfrica e incluso Brasil, esa cifra supera el 50%.
En última instancia, la supervivencia de la democracia depende de si mejora la vida de las personas. Es inconcebible que, a pesar de que las sociedades se han enriquecido enormemente, tantas personas –incluso en los países más ricos del mundo– sigan padeciendo inseguridad económica. Las democracias deben ofrecer a los más desfavorecidos una participación real en el futuro mediante energía limpia asequible, salarios dignos, servicios públicos universales y resiliencia ante las crisis económicas y climáticas. También deben garantizar que los mayores emisores paguen la parte que les corresponde de los costes de la transición climática.
El mandato climático solo perdurará si la transición es demostrablemente justa. Cuando la energía limpia reduce las facturas de los hogares, la inversión pública crea puestos de trabajo seguros, se protegen los servicios esenciales y los más ricos y los mayores emisores pagan lo que deben, ¿qué hay que rechazar? En lugar de intentar fabricar un consenso a favor de la acción climática, los gobiernos deben forjar un contrato social capaz de sostenerla.
Jayati Ghosh, catedrática de Economía en la Universidad de Massachusetts Amherst, es miembro de la Comisión de Economía Transformacional del Club de Roma y copresidenta de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Internacional de las Empresas. Owen Gaffney, copresidente de Earth4All, es investigador del Instituto Copérnico de Desarrollo Sostenible de la Universidad de Utrecht. Derechos de autor: Project Syndicate, 2026.