La IA también disputa quién se queda con el trabajo, y el resultado no está escrito en el código

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La discusión sobre inteligencia artificial suele oscilar entre dos extremos. Por un lado, la promesa de una tecnología capaz de aumentar la productividad, mejorar los servicios y liberar a las personas de las tareas más rutinarias; por otro, el temor a una sustitución masiva del trabajo humano, al deterioro de nuestras capacidades cognitivas y a la consolidación de un poder tecnológico difícil de controlar.

Ambas miradas contienen una parte de verdad, pero ninguna alcanza para comprender el núcleo económico y político del problema. La pregunta decisiva no es solamente qué puede hacer la inteligencia artificial, sino quién controla su desarrollo, con qué objetivos se incorpora al trabajo y cómo se distribuyen los beneficios y los costos derivados de su utilización.

Esta discusión estuvo presente en la intervención del filósofo español José María Lasalle¹ ante la Comisión Especial de Futuros del Parlamento uruguayo. Su exposición tuvo la virtud de sacar la inteligencia artificial del terreno estrictamente técnico y colocarla dentro de una reflexión más amplia sobre el trabajo, la democracia, la propiedad y el poder.

Para Lasalle, la inteligencia artificial constituye el producto más avanzado de una revolución digital capaz de modificar los ejes sobre los que se organizó el mundo durante los últimos siglos. El paralelismo con la Revolución industrial no es casual. La máquina de vapor no fue solamente una innovación productiva, transformó las relaciones sociales, alteró la distribución del poder y produjo una extraordinaria expansión de la riqueza junto con enormes desigualdades.

Solo después de décadas de conflictos sociales y políticos fue posible construir instituciones capaces de redistribuir parcialmente aquella prosperidad. El derecho laboral, la negociación colectiva, la seguridad social y el Estado de bienestar no surgieron espontáneamente de la innovación tecnológica; fueron el resultado de la organización de los trabajadores, de la intervención estatal y de una nueva correlación de fuerzas entre capital y trabajo.

Esa lección histórica debería estar en el centro del debate actual. Una de las características distintivas de la inteligencia artificial es que no se limita a automatizar tareas manuales, también alcanza actividades que durante mucho tiempo parecieron protegidas por su contenido intelectual, como escribir, resumir o clasificar información; incluso hoy abarca tareas como programar o traducir, al punto tal de ser útiles para diagnosticar y hasta para formular recomendaciones.

Esto afecta de manera directa a una amplia área del trabajo moderno o contemporáneo, es decir, a la administración pública, la justicia, la educación, la salud, el sistema financiero, los servicios profesionales y buena parte de otras tareas técnicas; sin embargo, hablar de “sustitución del empleo” puede ser engañoso. Si bien la unidad relevante no es solamente el puesto de trabajo, sino las tareas que lo componen, dentro de una misma ocupación puede haber funciones que sean automatizadas, otras que se complementen con la tecnología y otras que continúen requiriendo criterio, experiencia, responsabilidad y contacto humano.

El riesgo más inmediato no siempre es la desaparición completa del puesto, sino que puede ser su fragmentación, su estandarización o la pérdida de autonomía de quien trabaja. Un funcionario que antes analizaba integralmente un expediente puede terminar limitándose a validar una recomendación algorítmica; un docente puede pasar de diseñar su propuesta pedagógica a tener que administrar contenidos producidos por una plataforma. Incluso, un trabajador de la salud puede verse obligado a seguir protocolos automatizados aun cuando su experiencia profesional le indique hacer otra cosa.

La inteligencia artificial puede complementar el trabajo humano, pero también puede transformarse en un instrumento de control, vigilancia y disciplinamiento. Por eso, la pregunta no puede ser únicamente cuántos empleos se crearán o desaparecerán; también debemos preguntarnos qué calidad tendrán los empleos que permanezcan, quién conservará la capacidad de decidir y quién asumirá la responsabilidad cuando el sistema se equivoque.

Uno de los aportes más sugerentes de Lasalle es su referencia a una “plusvalía tecnológica”. La expresión permite iluminar un aspecto frecuentemente relegado del debate. En efecto, cuando una persona utiliza inteligencia artificial, puede realizar una tarea en menos tiempo o producir una mayor cantidad de bienes y servicios. Por lo tanto, existe un aumento potencial de la productividad, o sea, una intensificación del factor trabajo –lo que Marx denomina “plusvalía relativa”–, y, como es habitual en el marco del modelo capitalista, ese incremento no se traduce automáticamente en mejores salarios, reducción de la jornada o mejores condiciones laborales.

La historia económica muestra que los aumentos de productividad no se distribuyen por sí solos. Su apropiación depende de las instituciones, del poder de negociación y por supuesto de las correlaciones sociales. En el nuevo entorno digital, la cadena de apropiación se vuelve todavía más compleja; el trabajador genera el “producto”, la empresa obtiene una mejora de eficiencia, el proveedor de inteligencia artificial cobra por el servicio y la corporación que controla la nube, los datos o la infraestructura computacional captura otra parte de la renta.

Además, mientras se trabaja con estas herramientas se producen datos sobre el propio proceso laboral. El sistema aprende cómo se realiza una tarea, cuánto demora, qué errores se cometen y qué decisiones se toman. Esos datos pueden utilizarse posteriormente para perfeccionar la herramienta, aumentar la supervisión o avanzar en la automatización.

El trabajador no solo produce un bien o un servicio, también contribuye, muchas veces sin saberlo ni recibir una compensación, a entrenar el sistema que puede reorganizar o sustituir parte de su trabajo futuro. Este punto debería ocupar un lugar central en la agenda sindical, porque cuando una tecnología aumenta la productividad, ¿quién se queda con esa ganancia? ¿Para qué se utiliza? ¿Se convierte en una renta extraordinaria para el empleador o permite reducir el tiempo de trabajo? La tecnología no determina la respuesta, la determina la correlación de fuerzas.

Asimismo, las plataformas digitales han convertido los datos en un recurso económico estratégico. En efecto, cada interacción o búsqueda es registrada, procesada y convertida en valor. En el ámbito laboral, los datos permiten medir tiempos, comparar desempeños, identificar patrones y elaborar predicciones; también pueden utilizarse para seleccionar personal, asignar tareas o evaluar productividad; incluso se emplea para detectar supuestos comportamientos de riesgo.

Pero esos datos no aparecen de la nada, son producidos por personas concretas en el marco de relaciones laborales concretas. Por eso no deberían considerarse exclusivamente propiedad de la empresa que instala el sistema o de la corporación que procesa la información: los datos laborales poseen una dimensión colectiva, y describen procesos de trabajo, formas de cooperación y conocimientos construidos a lo largo del tiempo.

Permitir que esos datos sean utilizados sin participación de los trabajadores supone transferir gratuitamente una parte del conocimiento colectivo hacia quienes controlan la tecnología. Esto resulta particularmente sensible en el sector público dado que los datos generados en educación, salud, seguridad social o justicia no son una mercancía cualquiera, son información producida mediante recurso público y vinculado al ejercicio de derechos fundamentales.

Uruguay debería discutir qué datos considera estratégicos, dónde se almacenan, quién puede utilizarlos y bajo qué condiciones. La soberanía digital no consiste solamente en proteger la privacidad individual; también implica preservar la capacidad del país para decidir sobre sus infraestructuras, sus conocimientos y sus políticas públicas. La concentración de la inteligencia artificial en un reducido número de corporaciones plantea un desafío adicional para países como Uruguay.

Buena parte de los modelos, la capacidad computacional, los servicios en la nube o las plataformas utilizadas por empresas y organismos públicos pertenecen a compañías extranjeras. Esto genera una relación de dependencia que no es únicamente tecnológica, sino también económica y política. La adopción de inteligencia artificial puede mejorar la productividad, pero si se realiza sin una estrategia nacional, también puede provocar una transferencia permanente de recursos hacia el exterior, aumentar la dependencia de proveedores privados y debilitar la capacidad del Estado para controlar tecnologías esenciales.

No se trata de imaginar una imposible autosuficiencia tecnológica. Nuestro país no necesita producir por sí solo todos los componentes de la inteligencia artificial, pero sí debe definir qué capacidades quiere desarrollar, qué funciones no puede delegar y qué condiciones impondrá a los proveedores. Acá se juega el verdadero partido de la soberanía nacional.

Las compras públicas pueden ser una herramienta central. El Estado debería exigir transparencia, protección de datos, capacidad de auditoría, así como transferencia de conocimiento e interoperabilidad.

En este sentido, debería evitar quedar atrapado en sistemas cerrados de los que después resulte costoso o técnicamente imposible salir. La discusión sobre inteligencia artificial es, por tanto, parte de una discusión más amplia sobre desarrollo productivo. No alcanza con promover la adopción tecnológica; es necesario evaluar qué tipo de especialización genera, qué empleos crea, qué capacidades nacionales desarrolla y qué parte del valor queda en el país.

Lasalle, en ese sentido, advierte correctamente que la digitalización está alterando la relación de las personas con el trabajo, la información y la democracia; sin embargo, por momentos deposita demasiada esperanza en la capacidad individual de establecer límites en el vínculo con la tecnología. Ningún trabajador aislado puede negociar en igualdad de condiciones con una empresa que introduce sistemas de vigilancia algorítmica, como ningún usuario individual puede controlar qué hace una plataforma global con sus datos. Del mismo modo, ningún organismo público pequeño puede auditar por sí solo un modelo complejo desarrollado por una corporación multinacional.

En este marco, la respuesta tiene que ser colectiva. Eso supone regulación estatal, cooperación internacional, investigación pública, organismos de control con capacidad técnica y, fundamentalmente, participación sindical. La incorporación de inteligencia artificial en los lugares de trabajo no debería tratarse como una decisión exclusivamente empresarial o administrativa; porque cuando modifica tareas, ritmos, evaluaciones, dotaciones o condiciones de empleo, debe formar parte de la negociación colectiva.

Los sindicatos deberían tener derecho a conocer qué sistemas se utilizan, qué datos recopilan, qué decisiones apoyan y qué criterios aplican; también deberían poder solicitar auditorías cuando existan riesgos de discriminación, errores sistemáticos o afectación de derechos.

La transparencia algorítmica no significa necesariamente que una empresa deba publicar todos sus secretos comerciales, pero sí significa que no puede invocar la propiedad intelectual para impedir que trabajadores y ciudadanos conozcan por qué una decisión que afecta sus derechos fue tomada de determinada manera. La respuesta sindical no debería consistir en oponerse genéricamente a la innovación, pues la tecnología puede reducir tareas repetitivas, mejorar la seguridad, ampliar el acceso a servicios y permitir una mejor utilización de recursos escasos; pero esos beneficios solo pueden materializarse plenamente si los trabajadores participan en las decisiones.

Desde el movimiento sindical organizado, la agenda debería incluir al menos cinco derechos: i) el derecho a la información previa (antes de introducir un sistema de inteligencia artificial, el empleador debería explicar qué problema busca resolver, qué tareas afectará, qué datos recopilará y qué consecuencias puede tener sobre el empleo; ii) el derecho a la negociación (los cambios tecnológicos que alteren la organización del trabajo, la evaluación, la jornada o las dotaciones deben ser negociados colectivamente); iii) el derecho a la transparencia y la auditoría (los trabajadores deben poder conocer los criterios utilizados por los sistemas que influyen en decisiones laborales y evaluar si producen errores o discriminaciones); iv) el derecho a la intervención humana (ninguna decisión relevante sobre contratación, despido, sanciones, promociones o acceso a derechos debería quedar exclusivamente en manos de un algoritmo); v) el derecho a participar en la distribución de la productividad (si la inteligencia artificial permite producir más en menos tiempo, una parte de esa ganancia debería traducirse en mejoras salariales, reducción de la jornada, formación y mejores condiciones de trabajo).

La inteligencia artificial no debe pensarse como una fuerza externa que avanza inevitablemente sobre la sociedad; sus efectos dependen de decisiones políticas, económicas e institucionales. El conflicto fundamental no es entre los seres humanos y las máquinas, es entre diferentes formas de organizar la producción, distribuir la riqueza y ejercer el poder. La cuestión no es aceptar o rechazar la tecnología en abstracto, es decidir democráticamente para qué la queremos.

Uruguay cuenta con fortalezas importantes: instituciones públicas, universidad, capacidades científicas, protección social, negociación colectiva y una tradición de políticas digitales y, sobre todo hoy, mucha gente pensando en estas cosas. No obstante, estas capacidades deben articularse dentro de una estrategia nacional que incorpore explícitamente la dimensión laboral y productiva.

No alcanza con hablar de ética o de adopción responsable. Hay que discutir propiedad, poder, productividad, salarios, empleo y soberanía. La inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta para mejorar la vida y el trabajo, pero lamentablemente también puede profundizar la concentración, la vigilancia y la desigualdad. Dependerá de quién participe en las decisiones, de qué instituciones construyamos y de nuestra capacidad colectiva para disputar el sentido del cambio tecnológico.