El gobierno argentino presentó un proyecto para modificar la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), con el objetivo de impedir que futuros gobiernos financien el déficit fiscal mediante la emisión monetaria. La propuesta busca prohibir la emisión de dinero por la vía legal, limitando el accionar del BCRA a preservar la estabilidad de precios. En esta línea, el mandatario argentino anunció un “grillete fiscal” que operaría para paralizar las actividades no esenciales del gobierno ante la persistencia de déficits.
Un poco de contexto
Cuando los gobiernos tienen gastos que superan sus ingresos deben buscar formas de financiarlos, y para ello existen dos grandes alternativas: el endeudamiento y el financiamiento monetario. Cuando hablamos de esta última hay dos conceptos que son relevantes, el señoreaje (ingreso que obtiene el Estado por emitir dinero) y el impuesto inflacionario (erosión del valor del dinero que genera la monetización del déficit fiscal). Naturalmente, la financiación del déficit vía emisión genera crecientes presiones inflacionarias, dado que la oferta de dinero supera la demanda, deteriorando el poder adquisitivo de la población.
Tras la ruptura de la convertibilidad en el marco de la crisis del 2001 y la posterior decisión de no afrontar el pago de la deuda externa, Argentina vio limitadas sus opciones para financiar las cuentas públicas mediante el endeudamiento en los mercados. Sin embargo, de la mano del fuerte crecimiento económico posterior, los ingresos públicos superaron sus gastos y se logró mantener la inflación controlada.
No obstante, cuando la economía se desaceleró a partir de 2012 y el sector público comenzó a registrar crecientes déficits fiscales, se recurrió a la emisión monetaria para financiar parte de ese desbalance. En la medida en que los déficits iniciales no eran excesivos (menores a 2 puntos del PIB) y el financiamiento monetario era moderado, la inflación no aumentó de forma descontrolada y se ubicó, lentamente, por encima del 10%.
Pero el problema no solo se prolongó en el tiempo, sino que se profundizó en gravedad a medida que se deterioraba el contexto macroeconómico en un entorno internacional menos benevolente con respecto al observado entre 2003 y 2014. Con una oferta monetaria creciente y una demanda de dinero en caída (dada la incapacidad del peso argentino para cumplir con las funciones esenciales del dinero), la inflación comenzó a despegar aceleradamente y alcanzó registros de dos dígitos mensuales y tres dígitos interanuales.
Es por esto que el objetivo final de la propuesta desplegada actualmente por la administración de Javier Milei es “disciplinar” el manejo de las cuentas públicas, en particular para evitar el financiamiento monetario (bajo el mantra de que la “inflación es siempre y en todos lados un fenómeno monetario” y que el BCRA es un “falsificador” y la raíz de todos los males argentinos).
¿Alcanza con prohibir el financiamiento monetario para reducir la inflación?
La experiencia argentina sugiere que limitar el financiamiento monetario del déficit puede contribuir significativamente a reducir una de las principales fuentes estructurales de inflación que ha caracterizado al país durante las últimas décadas. No obstante, ello no garantiza por sí solo una inflación baja y estable.
Para producir los resultados esperados, la reforma deberá formar parte de una estrategia macroeconómica más amplia, que sostenga la disciplina fiscal y la combine con acceso al financiamiento, una política monetaria creíble y un marco institucional capaz de preservar esas reglas más allá de los cambios de gobierno. En otras palabras, prohibir el financiamiento monetario del déficit elimina una fuente de inflación, pero no sustituye la necesidad de mantener las cuentas públicas equilibradas ni genera confianza en la moneda.
Además, ante la legítima demanda por parte de la población por más gasto público, especialmente luego de los recortes que se han aplicado en Argentina, necesariamente se necesita una estrategia de crecimiento que permita, a la vez de mejorar los ingresos de la población, aumentar la recaudación tributaria, permitiendo así financiar –de manera no distorsiva– mayores y mejores servicios públicos. Este es un aspecto especialmente deficitario para el actual gobierno argentino, que no logra sostener el nivel de actividad más allá de los sectores minero y agrícola, y mucho menos logra recuperar los niveles salariales y de ingresos que esa economía ostentó hace algunos años.
Al mismo tiempo, una restricción de esta naturaleza no está exenta de costos. Al impedir que el Banco Central actúe como fuente de financiamiento del Estado (incluso de forma transitoria y ante situaciones excepcionales), también se reduce el margen de maniobra de la política económica para enfrentar situaciones excepcionales. En un escenario de crisis, una recesión profunda o de cierre de los mercados internacionales de crédito, el Estado dispondrá de menos instrumentos para responder frente al deterioro de las condiciones económicas.
En definitiva, la reforma propuesta por el gobierno argentino busca cerrar una puerta que, en reiteradas ocasiones, condujo a episodios de elevada inflación y pérdida de confianza en la moneda. Si logra consolidarse institucionalmente, puede convertirse en un ancla relevante para la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, no se trata de una “bala de plata”. A su vez, la experiencia argentina recuerda la importancia de sostener el crecimiento económico, ya que cuando este falta, todo el andamiaje social empieza a tambalear.
