“Ante la posibilidad de que mi hijo/a pueda ser adoctrinado en ideología de género contra mi voluntad y contra mis principios y valores morales, a través de contenidos curriculares en asignaturas, actividades tutoriales, talleres y clases sobre ideología de género, así como una educación afectivo sexual que incumpla el artículo 27.3 de la Constitución Española y los derechos que me asisten como padre, para que nuestros menores sean educados de acuerdo con nuestra ideología, nuestras propias convicciones y en el respeto a las mismas”. Ese es el primer párrafo del documento con el que el partido de ultraderecha Vox promueve el llamado “pin parental” en España, y que logró instalar en la región de Murcia tras las negociaciones con el gobierno del Partido Popular en la región y en acuerdo con Ciudadanos.
En agosto de 2019, a instancias de Vox, el gobierno de Murcia introdujo el llamado pin parental en una resolución con las instrucciones de comienzos de curso para todos los centros educativos, desde educación inicial hasta bachillerato. Allí se establece el mecanismo, aunque sin hacer mención a la ideología de género. Indica que para las actividades “que vayan a ser impartidas por personas ajenas al claustro del centro educativo se dará conocimiento a las familias, además de por las vías o vías que el centro utilice para dar a conocer los documentos institucionales, por medio de una relación detallada que los tutores de los distintos grupos de alumnos facilitarán a padres y madres al inicio del curso escolar con objeto de que puedan manifestar su conformidad o disconformidad con la participación de sus hijos menores en dichas actividades”.
El cambio introducido en agosto generó el rechazo de organizaciones sociales de Murcia y del resto de España, y la polémica volvió a surgir en enero, ya que para acompañar con su voto el presupuesto del gobierno de Murcia, Vox exigió que el “pin parental” pasara a ser parte de la normativa educativa. La iniciativa del partido de ultraderecha se ve acompañada del activismo de organizaciones como Hazte Oír, que desde setiembre ha difundido en miles de escuelas un kit conocido como Mis hijos, mi decisión, que incluye un libro y materiales para trabajar contra “el adoctrinamiento de género”.
El derecho a la educación
El nuevo gobierno de España respondió a la intención de Vox este año: presentó un requerimiento al gobierno de Murcia para que derogara la resolución de 2019 y anunció que, si en un mes eso no sucedía, trasladaría el debate a nivel judicial. El gobierno regional, en respuesta, está analizando blindar el pin parental por medio de un decreto.
El gobierno de Pedro Sánchez asegura que el nombre “pin parental”, que remite a las contraseñas con las que los padres controlan los contenidos que puede ver los niños en plataformas tecnológicas, oculta la esencia de la medida, que es impedir que sus hijos reciban determinados contenidos educativos, y se optó, entonces, por referirse a la medida como un veto parental. El ministerio comandando por Isabel Celaá aseguró que la iniciativa es contraria a la Ley Orgánica de Educación, a las normas autonómicas de Murcia y a la Ley Contra la Violencia de Género, y lo describió como un acto de “‘censura previa’ para todas las actividades de los centros” que, puntualizan, son obligatorias y evaluables. “El veto por parte de los padres a la asistencia de los alumnos a estas actividades supondría una ‘objeción de conciencia encubierta’ que podría aplicarse a contenidos curriculares y que va en contra de la legislación española”, explicó esa secretaría de Estado en un comunicado.
El ministerio enfatiza que según el marco normativo actual son los docentes los que tienen la competencia para, con autonomía pedagógica, diseñar las actividades complementarias que consideren convenientes, y aseguran que el veto colisiona con el derecho a la educación. “Cualquier norma que recogiera esta censura previa, este veto, vulneraría los derechos de los alumnos y alumnas a recibir una educación integral, para el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”, afirmó Celaá. “No podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres”, aseguró la ministra, lo que provocó la respuesta del líder de Vox, Santiago Abascal, que dijo que “tampoco son del Estado, ni del PSOE [Partido Socialista Obrero Español] ni de [Unidas] Podemos”. Abascal afirmó que la enseñanza de “juegos eróticos a niños de cero a seis años está lejos de la educación y al lado de la corrupción de menores”.
La Plataforma Estatal por la Escuela Pública comenzó una campaña en contra de la aplicación del veto parental, que Vox pretende instalar también en Andalucía y Madrid. Una de las organizaciones que integran la Plataforma, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA), también cuestionó la medida. En un comunicado afirma: “Cualquier intromisión en la autonomía de los centros escolares es una fórmula de ‘censura’ a los contenidos educativos. Si una familia ‘terraplanista’, que cree que la Tierra es plana, o creacionista, que niega la evolución, se negara a que su hijo o hija recibiera contenidos sobre Geografía o sobre Darwin en Ciencias Naturales nos llevaríamos las manos a la cabeza. Con el ‘pin parental’ se abre de igual modo la puerta a la posibilidad de que una familia homófoba, machista o racista se niegue a que su hijo o hija reciba información sobre diversidad, igualdad o interculturalidad”.