Los centros educativos no fueron parte central de la conferencia del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) del jueves, pero Rafael Radi, coordinador del grupo, fue contundente cuando fue consultado por el tema. Aseguró que la evidencia científica “se sigue acumulando” en el sentido de confirmar que los niños en edad escolar “se enferman poco, cuando se enferman tienen pocos síntomas, y estamos convencidos y seguros de que transmiten poco, lo que era una de las dudas que teníamos y lentamente se empieza a resolver”.
Con esos datos y en el actual contexto de “relativo control” de la situación epidemiológica, Radi reforzó lo que el GACH ya había planteado en agosto respecto de tomar acciones para aumentar la presencialidad en los centros educativos, aunque eso implique disminuir el distanciamiento físico establecido en los protocolos. “Si hay que disminuir un poco la distancia, hay que reforzar la ventilación, el uso de máscaras, la desinfección y tratar de hacer actividades al aire libre”, afirmó, “plenamente ratificando la conceptualización de ir hacia una mayor presencialidad”.
Aseguró que el aumento del riesgo de contagio por disminuir la distancia física en las aulas “no es gigante”, y advirtió, además, que siempre va a existir. “Si estamos esperando que alguien nos diga ‘el riesgo es cero’, entonces nunca vamos a abrir una escuela; ese riesgo tiene que ser asumido por toda la sociedad”, dijo.
Con ese nuevo espaldarazo al reclamo de las familias de aumentar la presencialidad comenzó, casi inmediatamente después de la conferencia, un conversatorio sobre “La escuela pública en tiempos de pandemia”, convocado por el colectivo Familias Organizadas de la Escuela Pública y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). Participantes de diversas procedencias, salvo del gobierno, ya que no concurrieron representantes ni de la Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP) ni del Ministerio de Salud Pública (MSP), coincidieron en que es necesario “despolitizar” la discusión sobre el aumento de la presencialidad y generar un gran acuerdo nacional entre el sistema político y las organizaciones sociales para que los niños vayan todos los días a clase.
Quién asume
El director del Institut Pasteur de Montevideo, Carlos Batthyány, dijo en el encuentro que hace unas semanas estuvo prácticamente tomada la decisión de aumentar los días y horas de escuela. “Lamentablemente lo que nos pasó con la presencialidad, en particular hace un par de semanas, cuando estuvo a punto de decretarse, creo que fue que el tema se politizó. El gobierno sintió que le estaban torciendo el brazo, y eso hizo que diera una marcha atrás cuando estaba tomada la decisión de volver a la presencialidad”, lo que coincidió en el tiempo, añadió, con el aumento de los casos en Rivera y en Montevideo y la salida por primera vez de la zona verde, de máxima seguridad epidemiológica.
Batthyány insistió con lo que viene señalando desde hace tiempo acerca de que “no hay evidencia científica que avale que las escuelas estén cerradas”, y mencionó que en los confinamientos que actualmente se están resolviendo en Inglaterra, Francia y Alemania “se cierra todo menos las escuelas”. Incluso aseguró que Uruguay “abrió las escuelas privadas y no ha pasado nada, no hay ningún dato que demuestre que haya habido brotes”.
El científico se preguntó cuál será el escenario para el comienzo del año lectivo en 2021, porque “nadie puede dudar de que el año que viene vamos a estar en una situación epidemiológica más complicada que la de hoy”, y recordó la propuesta del equipo de investigadores del Pasteur de reabrir las escuelas ahora y monitorear esa reapertura, “para demostrar que abrir las escuelas no hace que aumenten los casos”. “Si no lo hacemos hoy, que todavía estamos en una situación muy privilegiada, no veo cómo vamos a abrir las escuelas en marzo de 2021”, afirmó.
Para Pablo Cayota, director del programa de Educación del Claeh, el mayor obstáculo para volver a la presencialidad plena en las escuelas es haber fracasado “en no haber puesto al niño y a la niña en el centro”. Aseguró que debe haber un acuerdo nacional político y social amplio para que “todos los niños vayan a la escuela todos los días”, en vistas de que es “un problema de organización familiar pero en primer lugar un tema de derecho de los niños y construcción de sociedad”.
Cayota puso como ejemplo de este tipo de acuerdo social y político amplio la Concertación Nacional Programática (Conapro), que a la salida de la dictadura permitió generar consensos básicos entre partidos políticos y organizaciones sociales, y consideró que es necesario un acuerdo porque “los costos políticos de cualquier decisión tienen que quedar resguardados”. “Creo que hay pánico de distinto tipo y distintos actores, por desconocimiento y por las consecuencias que una medida de este tipo podría tener. ¿Quién va a pagar los costos si pasa algo?”, graficó, y planteó que es necesario generar acuerdos “para que como sociedad repartamos los costos si los hubiera, y evitamos ese obstáculo para que todos los niños vayan todos los días a la escuela”.
En línea con los planteos de los científicos, el docente se preguntó por el próximo año, cuando el virus “va a seguir y quizá haya más casos”. “¿Qué vamos a hacer en marzo? ¿No vamos a abrir las escuelas otra vez? ¿No tendremos que empezar a acostumbrarnos a, con todos los cuidados, abrir las escuelas, asumir una cuota del riesgo y gestionar esa cuota del riesgo?”.
Eloísa Bordoli, coordinadora del Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación de la Universidad de la República, opinó que el primer obstáculo es que “no se visualiza que estamos ante una emergencia educativa, que esta ausencia de lineamientos claros está fomentando las brechas en las trayectorias educativas y en los procesos de aprendizaje”, y apuntó que la situación exige “por parte del Estado hacerse cargo de la responsabilidad que le compete”.
Bordoli coincidió con Cayota en que una dificultad central, “que exige bajar la pelota al piso, es dejar cuestiones de cobrar réditos políticos y establecer grandes acuerdos nacionales”, y opinó que el espíritu debe ser el “de apuntar a la construcción concertada de todos los actores”.
También se refirió a la discusión sobre la autonomía que deberían tener los centros educativos en la aplicación del protocolo, y opinó que si bien “esa orientación es saludable, apunta a la construcción colectiva, al conocimiento del territorio; la responsabilidad en última instancia no puede quedar sólo en el maestro o el director en esa toma de decisión. La propuesta es que tiene que ser de construcción colectiva y conociendo la realidad local, pero la responsabilidad tiene que ser central”. Mencionó la organización de los comedores escolares como ejemplo de la soledad en la que a veces se encuentran los directores o maestros: “Es una responsabilidad muy pesada y no es reconocida en su justo término”.
En el conversatorio también participó Elbia Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP), quien se refirió a esto último y aseguró que “las decisiones no pueden estar en manos de los docentes”. Señaló que los protocolos sanitarios “son tan detallados que en la escuela pública, con espacios distintos, son inaplicables”.
También opinó que si hay evidencia de que los niños no contagian, “el protocolo tiene que reverse, pero alguien tiene que hacerse cargo, no puede ser el director o los maestros de clase”, y por otro lado, aseguró que si se mantienen los protocolos entonces “es necesario reforzar el personal de limpieza y los docentes” para aumentar la presencialidad.
En la mesa también participaron médicos de distintas especialidades. Por ejemplo, Gabriela Garrido, profesora agregada de Psiquiatría Pediátrica del Hospital Pereira Rossell y una de las investigadoras del GACH, se refirió a los riesgos generados por el confinamiento en dos planos. Mencionó por un lado un relevamiento que hicieron entre docentes entre mayo y junio, que concluyó que las maestras estaban “agotadas, extremadamente exigidas”. Además, señaló que si bien entre abril y mayo, durante los meses de confinamiento más fuerte, las consultas a psiquiatría pediátrica en el Pereira Rossell disminuyeron 50%, el único motivo de consulta que aumentó respecto de 2019 fue la sospecha de abuso sexual.
Claudia Romero, pediatra y dirigente de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, cuestionó que la gestión de la pandemia fue “adultocéntrica y sanitarista desde un punto de vista biológico”, y reclamó por la contrapartida de las autoridades: “Podemos tener un montón de ideas para mejorar la presencialidad, pero el tema es asegurarnos de que haya una parte que lo reciba y lo vaya a aplicar”. Gabriela Sarasúa, del colectivo de familias, aclaró que las autoridades de ANEP y del MSP fueron invitadas pero “optaron por no venir, no sabemos por qué”, y que seguirán intentando convocarlas.
En la charla también participaron Sebastián González-Dambrauskas, integrante de la Red latinoamericana de CTI Pediátricos, Margarita Percovich por la Red Pro Cuidados, Teresa Herrera por la Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual, Rudyard Pereyra, docente e integrante de Eduy21, Graciela Dede, asesora en Derechos Humanos de ONU Uruguay, y Julia Pérez, oficial de Educación de UNICEF.