El anteproyecto de ley de urgente consideración (LUC) sigue en debate entre los diferentes partidos de la coalición de gobierno y, mientras se escribe la versión final, continúan las reuniones con diferentes actores sociales que brindan su opinión sobre el texto. El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, y el futuro presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, se reunieron con representantes de la Asamblea Técnico-Docente (ATD) del Consejo de Formación en Educación (CFE), en la que los educadores comentaron algunas de sus inquietudes respecto de la LUC; los planteos fueron recibidos por las autoridades entrantes, pero no hubo ningún compromiso de cambios en la redacción.
La mesa permanente de la ATD, el equipo de asesores y la consejera docente del CFE, Rosana Cortazzo, plantearon algunas consideraciones sobre la LUC en una declaración pública. En diálogo con la diaria, la consejera aseguró que les “preocupa demasiado” el impulso que el proyecto de ley le da al sector privado de la educación. “Es el ámbito privado el único que ofrece titulación universitaria para la formación docente. Desde el sector público estamos en una situación de desventaja. Esa brecha que existe puede aumentarse por la acción o por la inacción. Por un lado, no vemos cómo profundizan el carácter universitario en la formación pública de los educadores; por otro, vemos que el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Profesión Docente, que propone la LUC, favorece a la órbita privada, de manera que se amplía esa brecha”.
En la declaración los docentes advierten que esta iniciativa busca “promover el desarrollo de programas universitarios de formación docente en el marco de respeto a la autonomía de las instituciones formadoras”, pero “el resto de la ley deja claro que las instituciones públicas no tienen ninguna autonomía, ni económica, ni académica, ni política. En consecuencia, se puede suponer que sólo en las instituciones privadas podría concretarse dicho apoyo”.
Otra de las acciones propuestas en la LUC que pueden “profundizar la brecha” es la creación del Sistema Nacional de Becas de Formación Docente. El borrador del proyecto propone un sistema “que permita la continuidad y calidad de los estudios, por parte de estudiantes de formación docente universitaria de todo el país”. Los docentes advierten que “hasta tanto algún instituto lograra el reconocimiento de universitario, y ninguno lo es hoy en la Educación Pública, los estudiantes del actual CFE no tendrían derecho a su solicitud. El Estado a través de este inciso desampara a todos aquellos estudiantes que por sus condiciones de vida no pueden lograr la continuidad de estudios docentes. Se afectará de manera radical la matrícula de las instituciones de formación docente pública”.
Sobre este punto Cortazzo insistió en que el CFE ya cuenta con un sistema de becas que ha sido evaluado a la interna del consejo y por agentes externos con “excelentes resultados”, y han demostrado que otorgar becas permite la retención y promoción de estudiantes en la formación.
“El proceso de transición en el CFE ha sido nulo”
La consejera elegida por los docentes advirtió que en el CFE el proceso de transición “ha sido nulo”. Para que los nuevos tres consejeros asuman sus cargos es necesario que antes se designe a los responsables del Codicen y sean aprobados en el Parlamento. De todas formas, para Cortazzo, si ya hubiera una decisión sobre quiénes integrarán el CFE, se podría haber empezado el proceso de transición. Hasta el momento “el único que pidió información es Robert Silva, mientras que los demás nombres que se han manejado son trascendidos no oficiales”. Según informó El Observador, Patricia Viera, doctora en Educación y docente del CFE y de la Universidad de la República, será presidenta del CFE, pero Cortazzo resaltó que no ha habido ningún acercamiento con las actuales autoridades.