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Pablo Abdala (archivo, diciembre de 2020).

Foto: Sandro Pereyra

Directora de la oposición en INAU pedirá informes por la no recontratación de 130 funcionarios de CAIF gestionado por la Intendencia de Paysandú

4 minutos de lectura
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Natalia Argenzio busca saber si el cambio de modalidad se ajusta al derecho; según Abdala, está garantizada la continuidad de la atención.

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Leído por Lola Livchich
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El 30 de diciembre la Intendencia de Paysandú comunicó a los 130 trabajadores de ocho centros CAIF del departamento y de un Centro Siempre que la comuna gestiona en convenio con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) que no se renovarían los contratos que vencerían al otro día. Tras una manifestación en la Junta Departamental sanducera, el intendente Nicolás Olivera les informó a delegadas de los trabajadores que la comuna seguirá siendo la responsable por los nueve centros de atención a la primera infancia, pero que una organización de la sociedad civil se encargaría de la gestión de los recursos humanos.

“La intendencia administrará estos centros CAIF y el personal que trabaja en ellos con un modelo diferente. No vamos a tercerizar la gestión; los va a seguir gestionando la intendencia, que seguirá comprando los insumos, seguirá teniendo los locales. Hará todo, salvo que una parte la cogestionará con una ONG, que tiene otro tipo de formato para contratar gente”, explicó el intendente en una conferencia de prensa posterior.

El llamado a licitación para esta ONG fue entre el 23 y el 31 de diciembre y, según informó El Telégrafo, se presentó una institución. El intendente nacionalista explicó que con este cambio la intendencia se ahorra el pago de los aportes patronales por esos trabajadores, pago del que las organizaciones de la sociedad civil están exoneradas. De esta forma, señaló, la comuna ahorraría unos 15 millones de pesos anuales.

Olivera aseguró que los 1.300 niños y niñas que acuden a los centros mantendrán su asistencia: “No se cierran los centros CAIF, no se cierra el Centro Siempre, no se afecta el laudo, no se afecta el valor hora y los niños tendrán sus 20 horas semanales de atención”, dijo, y argumentó que se busca “la eficiencia en el manejo de los recursos”.

Sin comunicación oficial

Los funcionarios, que en muchos casos trabajaban en los centros desde hace 12 años (el convenio entre el INAU y la intendencia por los centros CAIF data de 2008, mientras que el acuerdo por el Centro Siempre es de 2018), advirtieron que la medida fue resuelta sin que el INAU estuviera informado, lo que fue confirmado por el presidente del instituto, Pablo Abdala.

“Confieso que tuve noticia en pleno desarrollo de los acontecimientos, pero tampoco era imperativo que nos hubiera informado con antelación”, opinó Abdala en diálogo con la diaria. El presidente del INAU consideró que la Intendencia de Paysandú “está en su legítimo derecho de hacer lo que hizo”, y destacó que fue informado primero por el secretario general de la comuna y luego por el intendente, “quienes me garantizaron la más plena continuidad de la atención: el primer día hábil de febrero los centros reanudarán su actividad, cosa que para nosotros es tranquilizadora”, afirmó.

Abdala remarcó que la comuna “va a seguir gestionando los nueve proyectos, va a cumplir con sus obligaciones de acuerdo a los convenios, va a seguir rindiendo cuentas; lo que sí resolvió, y está en su derecho más allá de lo que se pueda opinar, es sustituir la forma de contratación del personal, lo que cualquier organización de la sociedad civil que tenga convenio con el INAU está en condiciones de hacer”. Aseguró, además, que el cambio le genera “expectativa adicional, confío que sea para mejor”, en tanto se apuesta a “mejorar la eficiencia en sentido amplio”.

Natalia Argenzio, directora del INAU en representación del Frente Amplio (FA), confirmó a la diaria que el directorio del organismo se enteró de la noticia mientras sesionaba, el pasado 30 de diciembre, a través de trascendidos de prensa, y que en ese momento se pidió al presidente que se comunicara con las autoridades sanduceras para tener información de la situación. “Nadie nos lo comunicó oficialmente”, expresó.

La jerarca solicitará informes, en la próxima sesión, tanto a diversas áreas del INAU como de la comuna sanducera, para saber si se actuó “acorde al derecho”, en tanto a su entender se debe analizar “si esto produce una modificación de un convenio en forma unilateral, sin comunicarnos”. Explicó que los gastos autorizados en el marco de las partidas que transfiere el INAU por el convenio está estipulado que sean para abonar “la retribución al personal directamente afectado al proyecto y registrado en la planilla de trabajo. ¿Esa planilla cómo la va a rendir la intendencia al INAU? ¿El INAU va a seguir transfiriendo la partida a la intendencia y la intendencia va a tercerizar? Desconocemos si eso está dentro del marco de la ley”, graficó Argenzio.

A su entender, tendría que haber habido un diálogo de las dos partes y “si hay una decisión de modificar el convenio, tomarnos un plazo máximo de seis meses para hacer la transición de proyectos, tanto para hacer la transición correcta de los trabajadores a la nueva modalidad que se vaya a diseñar como para mantener la atención a los 1.300 niños y niñas”, opinó la jerarca.

Recordó que en otros casos en que han caído convenios con organizaciones sociales y se tiene que buscar una nueva institución que se haga cargo siempre se da mayor puntaje a quienes contemplen la continuidad de los trabajadores, algo que en este caso no sucedió. “Nos ha pasado en otras situaciones en que la contraparte no cumple con este tipo de indemnización y los trabajadores reclaman y es el INAU que termina subvencionando a organizaciones que no fueron las que cumplieron”, señaló.

Respecto de esta posibilidad, Abdala señaló que no corresponde que el INAU intervenga pidiendo la continuidad de los trabajadores, ya que el convenio con la comuna sigue vigente y el vínculo con los funcionarios “es una relación jurídica ajena al INAU”. “Cuando una organización abandona el proyecto, el INAU para darle continuidad a la atención ha hecho llamados en que ha contemplado que la nueva organización absorba o incluya al personal que venía trabajando, pero este no es el caso”, señaló.

Al respecto, el intendente Olivera había informado que la institución que ganara la licitación haría un llamado público para la conformación de los equipos en los centros, y consideró que “probablemente la inmensa mayoría” de los contratados serán quienes ya cumplían funciones en esos centros.

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