Aunque la pandemia atravesó y desacomodó los planes de las autoridades, en el primer año de gobierno fueron varios los cambios que se establecieron en la educación. Los contenidos de la ley de urgente consideración (LUC) en materia educativa, el Presupuesto Nacional, los planes en materia de reforma curricular y la actuación de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) frente al impacto del coronavirus son algunos de los puntos que se pueden evaluar.
La pandemia
Para Eloísa Bordoli, maestra, licenciada en Ciencias de la Educación y directora del Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, hay que reconocer que la pandemia “sorprendió a todos en sus efectos”, en particular durante 2020, pero entiende que en el comienzo de las clases de este 2021 se da “un panorama muy complejo para la educación pública”, por la falta de previsión en la búsqueda de espacios educativos que permitan mayores niveles de presencialidad.
Algo similar apunta Rudyard Pereyra, educador social, docente del Consejo de Formación en Educación e integrante de Eduy21. “La pandemia movió cualquier planificación el año pasado, pero eso no debería pasar este año”, señaló. En octubre de 2020 Eduy21 propuso una serie de medidas ante lo que consideraban una “emergencia” educativa y plantearon la necesidad de aumentar la presencialidad en el ámbito público: “En agosto, setiembre, entendíamos que se daba el lugar para trabajar con mayor presencialidad”, señaló Pereyra a la diaria.
En aquel entonces también plantearon la necesidad de generar un Fondo Covid de emergencia para la educación, para destinar recursos económicos de forma de contar con más espacios y docentes. Esa búsqueda de espacios no se vio en 2020, advirtió el educador, y señaló que si bien se está encaminando este año, “veremos si el gobierno puede llegar con estos tiempos”.
También desde la perspectiva del manejo de la pandemia, para Pereyra se debería haber aprovechado con más fuerza la situación para formar a los docentes en el trabajo con la virtualidad y los formatos de educación combinada. “Hay una brecha entre quienes se pueden conectar y quienes no, y del acumulado de 2020 se debía preparar para este 2021; entendemos que ahora se empezó a dinamizar más, pero lo planteamos en octubre”, señaló el educador.
Consideró positivo que en un año “calificado a nivel mundial como de catástrofe educativa, Uruguay fue uno de los primeros en retornar a la presencialidad, aunque no se dio en forma completa”, y retomó el planteo de Eduy21de conformar un grupo asesor o comisión para analizar iniciativas que permitan avanzar en el marco de la pandemia, en particular por la desvinculación de los adolescentes del sistema educativo, “algo que entendemos va a ser complicado”.
Los cambios de la LUC
Para Bordoli la LUC introdujo cambios estructurales en materia educativa y modificó “una serie de leyes que llevaron 15 años de discusión y debate parlamentario y con la sociedad civil, y se instrumentó casi ‘de contrabando’, alterando tradiciones de más de 100 años a nivel de la educación pública”. La referencia al centenario es por la desaparición de los consejos desconcentrados de educación, que pasaron a ser direcciones generales y por ejemplo, en el caso de Primaria, tenían un funcionamiento colegiado desde 1918.
Bordoli enumeró los principales cambios: “La lógica de centralización en la toma de decisiones, la erosión de la autonomía de la ANEP, la eliminación de la participación docente, la eliminación del Sistema Nacional de Educación Pública, que con sus limitaciones, reparos o críticas que uno pueda realizar, de alguna manera estructuraba a nivel central y a nivel de territorio y del interior del país redes de solidaridad y complementariedad con las instituciones públicas que eran sustantivas para el desarrollo de la educación pública y del desarrollo local en el interior”.
En particular la “erosión de la representación docente”, que estará únicamente en el Consejo Directivo Central de la ANEP, es uno de los aspectos, para la investigadora, “medulares, que alteran la organización y vida de las instituciones educativas. Todavía no lo podemos evaluar en su justo término, pero se ha generado malestar en el cuerpo docente”, señaló.
Otro de los cambios afecta las condiciones laborales de los docentes, con la creación de un régimen alternativo para determinados centros, por el cual los directores pueden establecer la permanencia de los educadores en función del compromiso con el proyecto del centro. “Esto sin dudas altera las condiciones laborales de una forma radical, es muy grave”, valoró. Se suman también las modificaciones en el sistema de formación en educación, con un giro institucional y con cambios en el sistema de becas.
Bordoli considera que estos cambios en las lógicas de funcionamiento institucional todavía no se pueden evaluar “en virtud de la excepcionalidad del año que se vivió, y del proceso de cómo se dio esta discusión en el tiempo”, pero se van a empezar a vislumbrar “una vez retomada cierta normalidad del funcionamiento institucional”.
Respecto de los cambios introducidos por medio de la LUC, Pereyra recordó que Eduy21 no planteó ese mecanismo sino la discusión de la Ley de Educación. Eduy21 reivindicaba dar mayor protagonismo al Ministerio de Educación y Cultura en el diseño de la política educativa, algo que para Pereyra se instrumentó “con otra propuesta; no es lo que habíamos planteado, pero entendemos que va en el sentido correcto”. Mencionó que la asociación no proponía la eliminación de la representación docente en los desconcentrados, y que enfatizaba que el cambio en la gobernanza del sistema educativo debe ir de la mano con “cómo se hacen cambios en lo curricular”.
Respecto del tan propuesto fortalecimiento del MEC, algo que no se ha visto todavía en este primer año, Bordoli consideró que el ministro de Educación, Pablo da Silveira, y el presidente de ANEP, Robert Silva, además de provenir de distintos partidos políticos “materializan distintas visiones, porque sin dudas el presidente del Codicen tiene una trayectoria dentro del sistema educativo público y lo conoce, mientras que el ministro ha estado muy ajeno a lo que es la educación pública y sus dinámicas institucionales”. Consideró que, de todas formas, Da Silveira ha trabajado con énfasis en algunos aspectos, por ejemplo, en los cambios en formación docente, que quizá no tuvieron mayor notoriedad pública porque es “desgastante someterse a la opinión pública en temas como el de los comedores escolares”, por lo que hay “una elección estratégica de los tópicos”.
El presupuesto
Otra tónica del primer año de gobierno, un año de definición de recursos, ha sido la de proyecciones “francamente de recorte”, según Bordoli. La investigadora reconoce y reitera que la pandemia sorprendió, pero menciona desde recortes en las horas de apoyo en primaria para proyectos como Trayectorias Protegidas, el recorte de miles de horas en secundaria de la mano con la disminución de grupos, la disminución de horas de coros, la disminución de grupos de formación profesional básica en UTU, entre otros.
“Uno no necesita ser especialista en educación para ver que prima una lógica económica y de recaudación más que una apuesta a un proyecto integral de formación de los sujetos”, opinó. Enumeró además el recorte en el Programa de Maestros Comunitarios y la suspensión de varios convenios entre ANEP y otros organismos, en particular con la Universidad de la República.
“Se vislumbra una situación difícil, incierta, hay una lógica de funcionamiento dentro de una burbuja que no se conecta con el acontecer de las cosas en las escuelas; uno percibe, por el trabajo con docentes en las tareas de investigación y extensión, mucho malestar e incertidumbre frente a cómo se va a presentar el año 2021”, resumió.
En materia presupuestal, para Pereyra si bien la inversión “no es el único aspecto que juega, porque podés invertir y que no haya cambios, es claro que es necesario aumentar un 1% del PIB los recursos en educación para la reforma educativa”. Para el educador, “se pueden hacer cambios con el mismo presupuesto, y algunas cosas van en la línea correcta, pero para reorganizar recursos la inversión es importante”. Mencionó que la asociación no ha discutido específicamente cómo pueden impactar los recortes mencionados, y que “hay que evaluar qué se pone en su lugar: estamos expectantes de cómo se reordena el gasto”.
La reforma curricular
En el plan de la ANEP, los años 2021 y 2022 serán para discutir y diseñar una reforma curricular integral para comenzar a aplicar en 2023. Por el momento la única modificación en ese sentido es la creación de los centros María Espínola, 12 centros de educación media (seis liceos y seis escuelas de UTU) cuyos directores podrán implementar proyectos educativos genéricos y tendrán a docentes bajo el nuevo régimen laboral, por el que podrán permanecer tres años en el mismo centro. También se crearán figuras de acompañamiento a las familias y a los grupos.
“Las transformaciones no son por proyectos, tienen que ser generales, o al menos para un amplio sector de la población”, evaluó Pereyra en relación con el proyecto de los centros María Espínola, que consideró una “buena propuesta”. Pero aclaró que “Eduy21 plantea otra cosa, una educación de cero a 14 años, integrada, sin la diferenciación con la educación técnica, con extensión del tiempo pedagógico y con un marco curricular por competencias que no sea un documento que nadie está obligado a aplicar”, señaló, y consideró que si el proyecto María Espínola “queda en eso, quedará corto para el alcance de las transformaciones que se proponen”.
Bordoli opinó que algunas propuestas presentadas no son del todo originales: “Hay algunos cambios que se venían procesando, sobre todo en el último período, con las evaluaciones por ciclo, los perfiles de egreso, que se mantienen; pero por ahora no hay una creación, y la reforma curricular se transfiere al final del período”. Las autoridades “pareciera que se están ubicando en un mundo que les era muy ajeno, por su trayectoria en la educación privada y no en la pública”, dijo en relación con la directora de Políticas Educativas de ANEP, Adriana Aristimuño. “Hubo cambios en los énfasis, en las intenciones u objetivos del quinquenio; si se quiere, hubo un freno”, opinó.
Para Bordoli, en el planteo educativo de la coalición de gobierno hay incoherencias. “En la lógica de lo que habían planteado creo que se han quedado cortos, porque partieron de un diagnóstico de crisis en la educación y hay un desfasaje con lo que se propone en material conceptual, de desarrollo de programas y en materia económica; ahí hay una incoherencia interna”, resumió.
Bordoli añadió que la situación de “crisis” que atraviesa Eduy21, cuya propuesta de Libro Abierto tomó la coalición como base del programa electoral en materia educativa, refleja que fue una organización “funcional a un gobierno que está teniendo un sesgo marcadamente personalista, no sólo en la figura del presidente sino en las distintas figuras que aparecen en los organismos. Hay gente muy bien intencionada que pensaba en contribuir con propuestas pero que se han decepcionado”, señaló.
Dijo que como plataforma aglutinadora de distintos sectores sociales y partidarios, Eduy21 tiene que “pensar el país a diez años, y si eso alguien no lo pone en la cancha no se da”, y afirmó que así como se planteó como con la reforma de la seguridad social, para la que se creó una comisión de expertos, se debería plantear el camino en educación.
Pereyra afirmó que Eduy21 está en un proceso de “repensarnos constantemente”, y mencionó que el 11 de marzo habrá una asamblea de socios para discutir su futuro. “No recibimos aportes gigantes y tenemos que ver nuestra viabilidad, porque lo hacemos a pulmón”, señaló. Para el educador, Eduy21 debe evaluar “cómo valora los cambios que se puedan estar dando y cuál es su rol en adelante, en el marco de seguir proponiendo: en Eduy21 no se hacen planteos sin una propuesta”. Opinó que la organización “no se va a terminar”.