El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) presentó ante la Asamblea General el Plan de Política Educativa Nacional dispuesto en la ley de urgente consideración (LUC). En uno de los centenares de artículos, la LUC establece que el MEC tiene la obligación de elaborar y enviar al Parlamento este plan, que fija los principios generales y metas que servirán de marco a la elaboración de políticas educativas.
El actual gobierno dio sus lineamientos el año pasado, puesto que la LUC se promulgó el 9 de julio. De ahora en más, en cada período de gobierno el MEC tiene que presentar un plan de este tipo que explicite las grandes líneas de acción y los grandes objetivos para el quinquenio. La LUC establece que este plan se tiene que presentar “muy al principio” de cada nueva administración para que ya esté “sobre la mesa al momento de elegir los tres miembros del Codicen que se eligen con venia parlamentaria”, explicó en una conferencia de prensa el titular del MEC, Pablo da Silveira.
En el documento difundido en la tarde de este miércoles se establecen cinco principios: control ciudadano y gestión responsable; más coordinación para un mejor aprovechamiento de los recursos; más oportunidades para todos; aprendizajes de calidad, con énfasis en los más vulnerables; y docentes mejor formados para una mejor educación.
Para el primer punto se planea “un mejor funcionamiento” de la educación. Para ello, explica el documento, se requiere una “reforma de la gobernanza que fortalezca la lógica ciudadana, y un mejoramiento de la gestión que reduzca las trabas burocráticas y la disolución de responsabilidades”. En la LUC se suprimieron los consejos de Inicial y Primaria, de Secundaria y de Educación Técnico Profesional por ese motivo, adujeron las autoridades en el debate del año pasado. Ahora hay direcciones generales unipersonales al frente.
En tanto, en el segundo punto explicitan que hace falta más coordinación entre los diferentes organismos públicos y más sinergia intrainstitucional para “lograr un mejor aprovechamiento del esfuerzo que hacen los uruguayos al financiar las políticas educativas”. Entre las metas, algunas ya cumplidas, se busca el mejoramiento de los sistemas de información de la Administración Nacional de Educación Pública, a efectos de “optimizar la gestión, con énfasis en la descentralización”.
Respecto del tercer punto se indica que la “construcción” de una “sociedad más justa” requiere una ampliación “significativa” del acceso y del egreso en los distintos trayectos educativos. “La desvinculación temprana del sistema educativo (ya sea intermitente o definitiva) se refleja en las bajas tasas de egreso y, al afectar a los más débiles, atenta contra la igualdad de oportunidades”, apunta.
En el penúltimo, se busca asegurar la “concurrencia a los establecimientos educativos”, dado que “es necesario, pero no suficiente”. “Lo importante es que, como resultado de esa asistencia, se generen aprendizajes de calidad que abran oportunidades. Tenemos que mejorar la calidad global de los aprendizajes que se logran en el sistema y tenemos que lograrlo al tiempo que conseguimos reducir la inequidad en los resultados”, señala el documento.
Por último, el plan educativo plantea que una educación de “mayor calidad” requiere “reforzar la formación docente”. Es por eso que se debe “avanzar en una reforma de la formación en educación que permita aumentar las tasas de titulación de nuestros docentes y fortalezca su preparación de cara a los desafíos que imponen la evolución tecnológica, el desarrollo de la economía del conocimiento, la inclusión educativa y las crecientes exigencias asociadas al ejercicio de la ciudadanía”.
Da Silveira aseguró que esto no viola la autonomía de los organismos de la enseñanza puesto que fue “conversado”. “Esto es una hoja de ruta que marca cinco grandes orientaciones y luego un conjunto de organismos que, cada uno a su manera, va a hacer de sus cosas, pero siempre sumando dentro de estos cincos rumbos. Esa es la lógica del documento”, expresó.