Este jueves el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) instaló la Comisión Coordinadora de la Educación (CCE) creada por la ley de urgente consideración (LUC), que marca varios cambios de integración en relación al organismo coordinador del Sistema Nacional de Educación Pública de la Ley de Educación de 2008.
Dichos cambios fueron objeto de polémica durante la discusión de la LUC, principalmente porque se eliminaba la palabra “pública” del nombre del sistema y la comisión coordinadora, que incorporó a actores de la educación privada y de otros organismos del Estado: la Universidad Tecnológica, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, el Sodre, y también actores de la educación militar y policial. Además, se eliminó la presencia de dos integrantes del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), por el que sólo concurrirá su presidente u otro integrante con voto en el organismo. Otro de los cambios es que no es obligatorio que la integre el rector de la Universidad de la República (Udelar) o el vicerrector, como antes. Ahora, con que haya un representante del organismo ya es suficiente.
Quienes criticaban la nueva integración, entre ellos la propia Udelar, plantearon que era importante que se mantuviera una instancia de coordinación para los actores del sistema público, lo que se logró durante el proceso de discusión parlamentario de la LUC. No obstante, ello no fue suficiente para que los artículos 184, 185 y 186 de la LUC, que hablan de la CCE, sean impugnados entre los 135 que se someterán a referéndum el 27 de marzo.
Convocatoria
Las autoridades de todas las instituciones que conforman la CCE fueron citadas para hoy a la mañana y desde el gobierno se destacó que es una comisión en la que participan todos los actores de la enseñanza, que se reunirá periódicamente.
Durante y después de la reunión, el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, respondió a críticas de quienes impulsan el referéndum y dijo que la Comisión Coordinadora de Educación Pública no se eliminó, sino que su conformación se amplió y pasó a haber dos instancias de coordinación. Al respecto, anunció que ese organismo será convocado dentro de 15 días.
La CCE, general a todo el sistema educativo, existía antes de 2008 y estaba integrada por más actores de la educación que ANEP y Udelar, según explicó el ministro. Para Da Silveira, coordinar con más actores que los públicos permite “cumplir con la Constitución de la República” y “coordinar con todos los que están en el terreno educativo”, ya que la carta magna dice que se debe “coordinar la enseñanza” y no menciona que sea sólo en la órbita de lo público.
Para el ministro, ello explica por qué la ley de educación de 1971 creó una comisión coordinadora de todo el sistema educativo, lo que luego fue recogido en sucesivas normas, hasta 2008. Al respecto, dijo que la LUC “restablece lo que había desaparecido” y expande la integración de quienes participan de la coordinación, además de que “trata por igual a todos los uruguayos”, más allá de la “opción educativa” por la que hayan optado.
En ese sentido, dijo que “la voluntad de la LUC” es “inclusiva”, porque “no hay uruguayos de primera ni de segunda”. “Los que mandan a sus hijos a la educación privada no son uruguayos de segunda con respecto a los que deciden lo contrario, los queremos a todos sentados alrededor de la mesa”, fundamentó. Según Da Silveira, “coordinar significa coordinar entre todos los que estamos”
Otros cambios
El artículo 186 de la LUC detalla los cometidos de la CCE. Allí se establece que deja de tener potestad para impartir recomendaciones a los entes de educación y solamente “coordina, concerta y emite opinión” sobre las políticas. También promueve la aplicación de los “principios, fines y orientaciones” generales que emanan de la ley.
A su vez, tiene el rol de convocar al Congreso Nacional de Educación, conformar comisiones de asesoramiento y estudio de “distintas temáticas” educativas. También tiene el cometido de informar a la ciudadanía sobre “el grado de cumplimiento” del Plan Nacional de Educación, elaborado por el MEC.
Para la Comisión por el Sí en el próximo referéndum, “se elimina en la redacción cualquier referencia a la enseñanza pública” y en su lugar se usan términos como “políticas” o “acción educativa”. En síntesis, para quienes promueven derogar los artículos esta disposición va en la dirección de generar “una mayor mercantilización de la enseñanza”.
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