La comisión investigadora parlamentaria que indaga sobre las presuntas licencias irregulares de dirigentes de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) culminó el martes con las invitaciones a “testigos”. Ahora, el oficialismo y la oposición deberán redactar y presentar un informe de lo actuado en la comisión, que se basará en cerca de 3.000 fojas, entre versiones taquigráficas, documentos y archivos varios.
En junio del año pasado, el oficialismo llamó a crear esta comisión investigadora luego de que la exdirectora del liceo 1 de San José Miriam Arnejo denunciara en Informativo Carve que el expresidente de la Fenapes Marcel Slamovitz faltó varias veces a dar clases en ese centro educativo en 2016 y 2017. También señaló que el certificado que presentaron docentes agremiados para justificar esas faltas –el 70.10– es “apócrifo” y que hubo una “connivencia” entre las anteriores autoridades del ex Consejo de Educación Secundaria (CES) y el sindicato.
Felipe Schipani, diputado por el Partido Colorado y quien promovió la comisión luego de escuchar la denuncia de Arnejo en el programa radial, valoró en diálogo con la diaria que como miembro denunciante tiene una “enorme tranquilidad”, porque “se comprobaron” todos los elementos que pusieron sobre la mesa.
“No era una situación particular de un docente como a priori se expresó, quedó demostrado que era una práctica generalizada”, sostuvo. De acuerdo a la documentación con la que cuentan los oficialistas, más de 130 dirigentes de la Fenapes presentaron “certificados falsos” en más de 70 liceos de todo el país. Sin embargo, para Schipani hay un subregistro que incluso hace que la situación “termine siendo mucho más grande”.
“No podemos cuantificar aquellos documentos a los que no accedimos, aquellos certificados que no fueron remitidos, porque muchas direcciones liceales le expresaron a Secundaria que la documentación había sido destruida por el paso del tiempo y porque a veces no hay espacio para archivar tanta documentación. Otros han dicho que desapareció directamente la carpeta correspondiente a esos certificados”, aseguró.
Desde la bancada oficialista confirmaron a la diaria que cuentan con más de 300 certificados 70.10 presentados para justificar ausencias por actividades sindicales. Según el colorado, quedó claro que “hubo un engaño a los directores –que actuaban de buena fe, creyendo que el convenio existía– para justificar esas inasistencias”. Es decir, el convenio firmado entre el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza (CSEU) “no existe”, tan es así que las exautoridades de Secundaria no conocían su existencia, recordó Schipani. Según dijo meses atrás a El País el expresidente de la ANEP Wilson Netto, quien fue citado a la comisión pero optó por no ir, los certificados no eran válidos para justificar faltas.
Además de Netto, la exdirectora del CES Celsa Puente también dijo desconocer dicho convenio. “Lo dijeron todos los directores que pasaron por aquí, no conocen el convenio. Lo dijo toda la Jurídica de Secundaria, pasaron cinco abogados de esa dependencia que deberían conocer el convenio porque esa es su especialidad, justamente. Manejan todo lo que es normativa y lo desconocían. En fin, el convenio no existe”, señaló Schipani.
Pasos a seguir
En la misma línea, el diputado nacionalista Alfonso Lereté, presidente de la comisión investigadora, dijo a la diaria que las conclusiones preliminares marcan que, al no existir ese convenio, “se cae” la validez de las constancias. “Son apócrifas, por tanto, si no hay convenio esas constancias que dicen ser reales son falsas. Estamos ante una situación muy irregular”, indicó, y agregó que la semana próxima van a estar analizando las consecuencias “de esa irregularidad” para evaluar qué pasos seguir y qué resolución tomar en la comisión.
Se prevé que el informe de actuación que harán los legisladores de la coalición gobernante y los del Frente Amplio (FA) culmine a mediados de mayo. Tal como informó El País, los diputados consultados analizan elevar estas “irregularidades” a la Justicia penal, siempre y cuando tengan los votos necesarios en el plenario de la Cámara de Representantes, que analizará el informe de actuación. “Esto es para que la fiscalía pueda tomar cartas en el asunto”, dijo Lereté, quien no descartó que se tomen otros caminos, como la realización de una denuncia pública en la cámara baja: “Estamos peinando toda la información que tenemos”, indicó a la diaria.
Schipani, en tanto, indicó que espera que el FA “no asuma una actitud de defensa de esta cúpula de la Fenapes”, porque respaldarlos “es inmolarse por conductas claramente delictivas, abusivas, que le causaron perjuicio al Estado”.
Por su parte, la legisladora frenteamplista Lilián Galán insistió en que es la división de Jurídica de Secundaria la que tiene la potestad de hacer esta investigación y que el Parlamento no se debería estar ocupando de este tema. Por lo tanto, el informe final será coherente con ello.
“Es un tema totalmente administrativo, porque las faltas de los docentes son administrativas. No entendemos por qué estamos nosotros investigando esto en el seno del Parlamento”, dijo a la diaria, y afirmó que ellos no pueden tomar acciones, porque el sindicato de profesores es una entidad privada. Para Galán, esta investigación no va a arrojar pruebas; además, no entiende qué es lo que se va a llevar a la Justicia si el oficialismo así lo decide. “Realmente, a mí me sigue pareciendo un circo político que les da vida a determinados diputados, porque si no no estarían en la prensa todo el día”, apuntó, en alusión al miembro denunciante.
En diálogo con la diaria, Emiliano Mandacen, secretario general de la Fenapes, sostuvo que la comisión fue una “embestida” contra el sindicato producto de la “desesperación” de Schipani y de “actores del gobierno”: “Claramente, esto fue un operativo armado. Hubo traslado de información desde el Parlamento al CES, desde el CES al Parlamento, y por esa vía no se preserva el secreto de instancias de sumario o de investigación administrativa [que lleva adelante Secundaria sobre el tema], sino que se filtra la información a la prensa”.
A su vez, Mandacen consideró que hubo acusaciones “burdas, desprolijas y con falta de seriedad” del diputado Schipani, puesto que acusó a los sindicalistas antes de que se presentara el informe final en la cámara o en la Justicia. La Fenapes decidió elevar una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por este y otros casos de “persecución política”, algo en lo que se viene avanzando, declaró Mandacen. “Fue una denuncia seria, bien fundamentada, muy bien trabajada, que lamentablemente está dejando muy mal al Estado uruguayo a nivel internacional. Vamos a comparecer a la instancia anual de la OIT este año”, adelantó.
Según dijo a la diaria Mandacen, el gobierno ya contestó la intimación de la OIT, pero fue una respuesta “sumamente endeble, totalmente carente de contenido”, puesto que se basa en “cuestiones instrumentales”, agregó.
De flores y colores
En la sesión del martes, los diputados oficialistas se elogiaron mutuamente por el trabajo que llevaron adelante en la comisión. “Ha sido un gran desafío, obviamente, y contar con el miembro que hace la denuncia en todo este tiempo, con el conocimiento del que goza el diputado Schipani, ha sido para nosotros un proceso de aprendizaje muy importante, así que le agradecemos el acompañamiento”, celebró Carmen Tort, diputada por el Partido Nacional.
Por su parte, el diputado cabildante Eduardo Lust felicitó a Lereté por la forma en que presidió la comisión. “No fue una tarea fácil, porque no sé cuántos antecedentes habrá en el Parlamento de una comisión investigadora de la cual se retire un partido íntegramente y no participe en ella, lo que hace difícil la dirección de la sesión y la serenidad para las declaraciones públicas y otras apariciones que ha hecho el señor presidente en estos días y desde hace meses, cuando ha sido injustamente también atacado, sobre todo con que acá no se otorgaban garantías, porque si algo tuvo esta comisión fue un exceso de garantías”, aseguró.
En tanto, Lereté valoró el “profesionalismo” del diputado colorado Gustavo Zubía y destacó el rol de Lust, quien “buscó otro tipo de temáticas dentro de lo que es el mundo de la educación” para trabajar en paralelo “una veta que ya encontró y que seguramente va a llegar al final”.
De ausencias
Cerca de 60 dirigentes de la Fenapes que fueron citados por la comisión parlamentaria no concurrieron a las sesiones. De los actuales sindicalistas, sólo asistió el actual presidente de la Fenapes, José Olivera, junto a quien en ese momento era la vicepresidenta, Alejandra Vespa, a quien el oficialismo no dejó entrar porque se trataba de “citaciones personales”. Dicha sesión fue controvertida, ya que Olivera realizó una exposición y se retiró antes de recibir preguntas del oficialismo, lo que llevó a legisladores del gobierno a pedir que se borrara la versión taquigráfica. En esa sesión, Olivera explicó que lo que los sindicalistas presentaron en su momento no fueron “certificados falsos”, sino documentos que comprobaban que se habían ausentado para participar en actividades de la Fenapes o de representación de los docentes, a las que en muchos casos convocaba la propia ANEP. En suma, Olivera sostuvo que se realizaba una solicitud a las direcciones liceales de justificar las inasistencias para que no impactaran en el presentismo y en la actividad computada, y que siempre las actividades gremiales se intentaron fijar de forma que no chocaran con el dictado de clases.
Por su parte, otras figuras del gobierno anterior decidieron no concurrir a la comisión. Además de Netto, así lo hicieron el exconsejero de Secundaria Javier Landoni y la exministra de Educación y Cultura María Julia Muñoz, entre otros. En cambio, poco después de jubilarse como inspectora en Secundaria, Puente fue la única exautoridad que concurrió a la cita.
Además de que muchos de los protagonistas consideraban que en la comisión no tenían las debidas garantías, otro aspecto que hizo ruido fue que en paralelo la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) tuviera abierta una investigación interna sobre estas faltas, que en el caso de Slamovitz ya habían sido saldadas por el gobierno anterior. En el marco de esa investigación, en febrero Secundaria abrió un sumario contra el exconsejero Landoni y decidió que se iniciara una investigación a Puente en caso de que algún día se reincorpore a la DGES. En el caso de Landoni, como actualmente es inspector en la UTU, dicho organismo fue notificado de la decisión de Secundaria, que incluye la retención de 50% del salario.
Al respecto, Landoni contestó a la DGES que no puede ser sancionado porque su cargo en el CES cesó y, por tanto, también caducó “la potestad disciplinaria”. “Sin relación funcional la punición es, ciertamente, imposible”, argumentó, y expresó que el único organismo que podría sancionarlo es el Codicen, dado que lo designó como integrante del CES, y que sólo podía hacerlo mientras ejerciera el cargo, según el escrito al que tuvo acceso la diaria.
Por su parte, Muñoz declinó ir a la comisión minutos antes de que la reunión iniciara, dado que había confirmado su asistencia previamente. En la nota que presentó afirmaba que, según el marco legal, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) “marca los lineamientos generales de la gestión” en acuerdo con el Poder Ejecutivo, pero “sin violar la autonomía de los consejos” de la ANEP, convertidos en direcciones generales por la ley de urgente consideración.
En esa carta, la extitular del MEC admitió que cometió “errores en la gestión del ministerio” y que “el principal fue la decisión de decretar la esencialidad de los servicios docentes, provocada por impericia o apuro para cumplir con el programa que nos habíamos trazado para la educación pública”. Más allá de esa situación, la exministra considera que mantuvo “una relación respetuosa” con la Fenapes, en la que hubo “acuerdos y desacuerdos”. “Siempre valoré mucho los aportes del sindicato, de los profesores, y estoy profundamente convencida de que cualquier cambio real que se pretenda introducir en la enseñanza no puede realizarse sin la activa participación de los docentes”, sostuvo.
Entrevistada por la diaria, Puente cuestionó que coexistieran una investigación parlamentaria y otra de la DGES sobre el mismo tema y consideró que ello “produjo una contaminación de todo el proceso”. “La comisión parlamentaria investiga, publica actas taquigráficas que todos podemos conocer, pero la investigación administrativa está regida por la ordenanza 10, que es el decreto 500 del Poder Ejecutivo, y su artículo 171 habla de que las actuaciones son secretas. Eso no es un capricho, es para que las personas involucradas estén preservadas y tengan todas las garantías para que esas circunstancias se investiguen sin intromisiones”, dijo.
Jenifer Cherro, titular de la DGES, apuntó contra las exautoridades y sostuvo en la comisión que discrepa con que en su momento se haya tomado “una decisión” y con que no se haya consultado al Codicen de la ANEP “si uno tiene dudas de qué es lo que debe hacer”. “A mi juicio, debió ser consultado el Codicen para que diera una orientación y terminara con esto para dar tranquilidad a los propios directores, a los inspectores y a los docentes, y darles garantías de alguna forma”, expuso en julio del año pasado.
Según Schipani, Landoni y Puente “apañaron la situación y miraron para el costado para no tomar los recaudos del caso”. Según valoró, “no hay duda de que también estamos ante un caso de abuso de autoridad de los exconsejeros, que encubrieron esto”. Del otro lado, Puente argumentó que en su momento le dijo a Arnejo que no debía justificar las faltas de Slamovitz y que era responsabilidad de la directora del liceo pasar los descuentos y sancionar al profesor si correspondía, lo que nunca ocurrió.
Sobre la no concurrencia de dirigentes de la Fenapes a la comisión investigadora, Schipani dijo que se perdieron la “oportunidad”, porque el sindicato “grita en la pulpería y calla en la comisaría”. El miembro denunciante, que dejará de concurrir a la comisión, apuntó contra la “cúpula” de la Fenapes. “La actitud de la Fenapes degrada al sindicalismo, que siempre ha tenido una ética en el comportamiento de sus dirigentes. Esta actitud cuasi delictiva le hace muy mal y degrada al sindicalismo, por eso también yo aspiro a que el PIT-CNT no respalde este tipo de conductas”, opinó.
De idas
En diciembre, el FA decidió no participar más en la comisión. Para justificar su decisión, los legisladores plantearon que era una instancia “improcedente”, con “vicios de ilegalidad que afectan su validez”, y que no le correspondía a la Cámara de Representantes investigar sobre el tema. “Su cometido carece de sentido, pues ya se encuentra a la espera de una resolución en los ámbitos administrativos de la DGES”, habían dicho, algo que seguramente se repetirá en el informe final.
Para los diputados frenteamplistas, la comisión tuvo como fin “la persecución de los trabajadores organizados y se enmarca en una campaña de desprestigio de las herramientas sindicales y de las administraciones anteriores”. En las primeras sesiones de este año, Galán participó en algunos tramos de las reuniones y dejó en claro que la oposición volvería cuando tuviera garantías, lo que fue cuestionado por los parlamentarios de la coalición de gobierno.
Al respecto, Schipani consideró que la posición del FA fue “muy poco republicana, porque las instituciones están para participar en ellas” cuando se tiene la mayoría o cuando se es minoría. “El objetivo de la Fenapes y el FA era de deslegitimar el trabajo de la comisión, vaciarla, pero la verdad es que logramos recabar pruebas muy importantes, o sea, todo lo que va a expresarse en el informe”, concluyó.
La pregunta puntual
“¿Haremos una formulación de acuerdo con los principios que emanan de la Constitución y de la ley de investigadoras parlamentarias? ¿Intimaremos a los oportunamente indagados y no indagados, en función de las ausencias, a que puedan efectuar las manifestaciones que estimen pertinentes en los plazos también que estimen pertinentes?”. Esas preguntas de Zubía en la última sesión de la comisión preocuparon al FA, que, según supo la diaria, este sábado se reunirá para evaluar los pasos a seguir.
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