Exconsejero de Secundaria pide al Codicen que investigue “permanente filtración” de información reservada en caso de faltas de sindicalista

El exintegrante del Consejo de Educación Secundaria (CES) Javier Landoni fue uno de los destinatarios de las sanciones definidas por la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) en la investigación por faltas del sindicalista Marcel Slamovitz. La dirección encabezada por Jenifer Cherro definió la realización de un sumario al exjerarca, que actualmente se desempeña como inspector regional en UTU y por ello envió el pedido al Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Representado por el abogado Daniel Ochs, Landoni enviará un escrito al Codicen en el que afirma que no puede ser sancionado por su actuación en otro subsistema educativo. Según plantea, fue designado como integrante del CES por la anterior administración y en ese momento dejó su cargo de inspección de UTU “en reserva”, un mecanismo que suele usarse para quienes son nombrados en cargos políticos y tienen un cargo técnico o administrativo en el Estado. Al respecto, sostiene que la designación de los integrantes del CES depende del Codicen, mientras que el nombramiento de los docentes de UTU es resorte del Consejo de Educación Técnico-Profesional, convertida en dirección general unipersonal por la ley de urgente consideración.

“Es por demás evidente que no puede la Dirección General de Educación Técnico-Profesional [DGETP] ejercer atribuciones correctivo-disciplinarias con miras a reprimir una presunta inconducta funcional cometida por mí no en ejercicio del cargo de inspector regional que tengo allí, sino cuando fungía otro cargo, fuera de dicho subsistema”, dice el escrito, al que accedió la diaria. Según complementa, la DGETP sólo puede ejercer sanciones en relación a hechos u omisiones cometidos en el ejercicio del cargo que Landoni ocupa en dicho subsistema y “jamás en relación a conductas presuntivamente irregulares ocurridas en ocasión del ejercicio de un cargo ajeno a dicha estructura burocrática”.

Landoni entiende que el Codicen tampoco puede ejercer la sanción, porque cesó su cargo en el CES y, por tanto, también caducó “la potestad disciplinaria”. “Sin relación funcional la punición es, ciertamente, imposible”, argumenta. Según sostiene, el único organismo que podría sancionarlo es el Codicen, que lo designó como integrante del CES, aunque sólo podía hacerlo mientras ejerciera el cargo. Sobre la DGETP actual, Landoni señala que es un organismo que no tiene ninguna potestad sobre los hechos por los que se pretende sancionarlo. Al respecto, se cita un texto jurídico que afirma que “el fundamento radica en que el superior jerárquico es el que mejor conoce y aprecia por su situación el comportamiento de su funcionario subordinado”.

Además, en el escrito se sostiene que hay jurisprudencia que marca que cuando la sanción se da entre jerarcas de gobiernos con distintos signos políticos, esta debe hacerse con “escrutinio estricto” y con una “mirada de desconfianza” que el gobierno debe “desvirtuar”. En ese sentido, se agrega que desde el retorno a la democracia nunca existió “delegación” o “comunicación” disciplinaria entre distintos subsistemas de la ANEP, como ahora pretende hacer la DGES. Por lo tanto, Landoni solicita al Codicen que rechace el pedido de sanción solicitado por Cherro.

En reserva

En un segundo escrito, el exjerarca denuncia ante el Codicen “graves irregularidades” en el proceso de investigación que realizó la DGES. En particular, señala una “permanente filtración” de información del expediente, principalmente a través de medios de comunicación masivos, que le ha repercutido en daños personales y familiares. Para Landoni, se trata de una “penosa situación” de “procedimiento secreto retransmitido en vivo por los medios”, que “sólo puede obedecer a que la administración no esté resguardando debidamente la reserva” de sus actuaciones, a lo que está obligada.

Al respecto, cita los artículos 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el 72 de la Constitución de la República, que ordena tutelar la situación de quienes son objeto de investigaciones hasta que no haya una resolución firme de culpabilidad. Según el escrito, el implicado no debería estar realizando el reclamo, ya que es la propia ANEP la encargada de velar por el cumplimiento de esas disposiciones. En ese sentido, se cita una resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que había referido a un texto de Juan Pablo Cajarville que sostiene: “El carácter secreto del sumario tiene por finalidad la tutela de la dignidad y la honra del funcionario sumariado y es por ello que su violación es considerada como falta grave”.

El escrito sostiene que con la publicación de artículos de prensa en los que se revelaron detalles del proceso antes de su conclusión se cometió el delito de “revelación de secretos”, previsto en el artículo 163 del Código Penal. Como Landoni entiende que es cometido de la ANEP investigar lo sucedido y, en caso de que lo amerite, presentar una denuncia penal, solicita al Codicen que se investiguen los hechos denunciados y que él pueda participar en el proceso como afectado.

Por un motivo similar, en diciembre, Landoni y la exdirectora general del CES Celsa Puente presentaron una denuncia contra la ANEP, Cherro y Miriam Arnejo, exdirectora del liceo 1 de San José. La denuncia, que trascurre por el ámbito civil, tuvo el lunes una frustrada instancia de conciliación entre los denunciantes, Cherro y representantes de la ANEP. Como no fue posible llegar a un acuerdo, ahora el proceso judicial transcurrirá su curso. Por su parte, está previsto que el 24 de marzo sea la conciliación con Arnejo.

Entrevistado por la diaria, el presidente del Codicen, Robert Silva, señaló que no le “consta” que la DGES haya violado la reserva de las investigaciones y consideró que lo importante es que las autoridades no prejuzguen sobre los casos que están bajo sumario. Al respecto, disparó contra Puente, de quien dijo que cuando era directora general de Secundaria era “especialista en prejuzgar”.

Investigadora parlamentaria

Este lunes volvió a reunirse la comisión investigadora parlamentaria sobre las “licencias irregulares” de integrantes de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), motivada por una denuncia de Arnejo contra Slamovitz que había sido laudada en la anterior administración. Recientemente, la DGES resolvió separar del cargo con retención de 50% de haberes al sindicalista, quien hasta el año pasado fue vicepresidente de la Fenapes. Dicha resolución motivó un paro parcial de la Asociación de Profesores de San José este lunes, durante el inicio del año lectivo.

La sesión de la comisión de este lunes tuvo como novedad la vuelta de los legisladores del Frente Amplio, que habían señalado que no participarían en las sesiones mientras no se brindaran adecuadas garantías por parte de los legisladores de la coalición gobernante. Los diputados frenteamplistas Lilián Galán y Federico Ruiz ingresaron a la reunión y dejaron claro que si bien no están de acuerdo con el régimen de trabajo, siguen siendo integrantes de la comisión. En ese sentido, Galán explicó que los legisladores de la oposición presentarán “falta con aviso” cuando lo crean “conveniente” y también participarán en caso de que consideren que deben hacerlo, según consta en la versión taquigráfica.

Esa afirmación generó un cruce con los diputados oficialistas, que se manifestaron en desacuerdo con el accionar de los frenteamplistas. Por ejemplo, el legislador colorado Gustavo Zubía expresó en la sesión que “una de las obligaciones básicas de los diputados” es “su permanente concurrencia” a las “importantísimas audiencias” de la comisión, “más allá de que sean o no sean atendidas las peticiones que en su momento se efectúen”. Según completó, con el proceder de la bancada opositora “la intencionalidad política” primará sobre “la intencionalidad investigativa”. Para Zubía, “hay estrategias políticas hasta el momento de pedir el café” en la comisión investigadora que integra.

Una vez que se eligió al nacionalista Alfonso Lereté como presidente y a Galán como vicepresidenta, los legisladores del FA se retiraron de la sesión, lo que volvió a desatar el descontento de los integrantes de la coalición de gobierno. En particular, cuestionaron que luego de votar no se hayan quedado para recibir la comparecencia del secretario general de la DGES, Bautista Duhagón. Si bien había sido convocado para hablar de los pormenores de la investigación sobre las faltas de sindicalistas, Duhagón no pudo hacerlo porque el oficio librado por la comisión fue al Ministerio de Educación y Cultura y de ahí directamente a la DGES, cuando debió haber pasado por el Codicen, organismo que debe autorizar las respuestas de las consultas parlamentarias.