Robert Silva: “Hay que trabajar por una recuperación salarial” de los docentes

A esta altura del año las autoridades de la educación pública siempre se enfrentan al desafío de que todo esté en condiciones para que miles de niños retornen a las aulas, lo que en este 2022 ocurrirá el próximo lunes. Además, a punto de llegar a la mitad del actual período de gobierno, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) está embarcada en la discusión de una transformación educativa que implicará una reforma curricular. Todo ello se da en un escenario de acusaciones cruzadas con los sindicatos de la educación, que en los últimos meses han denunciado públicamente recortes presupuestales y persecución sindical.

En este escenario, el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de ANEP, Robert Silva, comienza su tercer año de mandato en el organismo, después de cuatro años como consejero docente, tras resultar electo en 2015. Sobre estos y otros temas conversó con la diaria. Lo que sigue es parte de la conversación con el jerarca.

La realidad es distinta según el subsistema en lo que tiene que ver con la elección de horas y cargos, ¿con qué porcentaje de cargos y horas tomadas se va a arrancar el año lectivo?

En secundaria, en promedio, tenemos 96% de horas asignadas en todo el país, con departamentos como Salto con 99%. Es una elección buena, con una cuestión diferencial que para mí es bien importante, y es que este año hubo una elección diferente de la que se hacía hasta ahora, porque se utilizó la tecnología. No fue una cuestión de gran desarrollo tecnológico, al que sí debemos ir, y vamos a empezar a trabajar para que se pueda lograr en UTU. En primaria, por su parte, ya se ha avanzado en elecciones de cargos nacionales virtuales. El uso de la tecnología en la elección de horas llegó para quedarse. Fue una elección que, a pesar de que tuvo oposiciones, sobre todo en el área metropolitana por el sindicato de docentes de Montevideo, no tuvo problemas. Es más, hubo menos reclamos en la elección virtual que en la presencial. Luego tenemos que ir avanzando en lo que hemos hecho en los centros María Espínola, y en Flores, donde los docentes efectivos de UTU y secundaria elijan por más de un año. 

En UTU venimos bien, habíamos tenido un conflicto a principios de año, pero se solucionó y estamos para comenzar en similares condiciones a las de todos los años.

Entonces la anulación de algunos actos de elección en primaria y UTU no tendrán impacto en el inicio de clases.

No es lo deseado. Nos hubiese gustado, sobre todo en primaria, que los cargos de dirección estuvieran cubiertos mucho antes. Sin perjuicio, como me gusta decir, miremos el medio vaso lleno. Por ejemplo, hacía 11 años que en escuelas rurales unidocentes no había concurso, ahora sí. Se pudieron inscribir 2.400 maestras, de las cuales quedaron habilitadas 2.100, y de ellas 1.400 tuvieron derecho a efectividad. Le decía a la FUM [Federación Uruguaya de Magisterio] que hemos tenido problema en algún concurso masivo, pero miremos que tenemos proyectados a los docentes efectivos por lo menos tres años en las escuelas, que era uno de los problemas que tenía este país: la rotación anual de los directores. Tenemos que ir por el mismo camino en secundaria y UTU.

¿Qué pasará este año en el área metropolitana con la cantidad de maestros, dado que a veces se registra déficit?

No hemos tenido noticias al respecto como en otros años. Seguramente, no haya problemas, dado que tenemos docentes que vienen del interior, muchos ya empiezan a quedar radicados en Montevideo y eso permite atender el año. Y hemos mejorado el egreso de maestros.

¿Cree que ello se debe a la virtualidad?

La virtualidad nos ha enseñado que no podemos seguir aferrados a viejas prácticas que han perimido. Aprendimos de eso en el cambio de régimen de evaluación en educación media, con la posibilidad de generar acreditación de aprendizajes no sólo a través de la presencialidad, nos dimos cuenta de que la evaluación con un tribunal no es requisito imprescindible. Tenemos una formación inicial de 4.300 horas de Magisterio, eso a nivel mundial es equivalente a un doctorado. Sin embargo, eso no va en sintonía con los aprendizajes o la formación de nuestros docentes, pero lo que es peor: ha afectado terriblemente la continuidad en tiempo y forma de nuestros aspirantes. En el Instituto de Profesores Artigas sólo egresan en tiempo y forma 12 de cada 100 docentes y en Magisterio 11 de cada 100. Tenemos un problemón, el rezago de una población que tiene muchos problemas, porque quienes estudian docencia son los que tienen niveles de aprendizaje más descendidos. Los que ingresan tienen extraedad en su enorme mayoría ‒hay excepciones‒, es decir, gente que ingresa con extraedad porque es su segunda o tercera opción. Eso hay que atenderlo porque después egresan y están en nuestros centros educativos.

¿Cuál es la realidad en cuanto al presupuesto? Los sindicatos estiman para este año un “recorte” de 60 millones de dólares.

No hay recorte presupuestal, estrictamente hablando. La ANEP recibió recursos incrementales, los recibió en el presupuesto de 2020 y en la rendición de cuentas de 2021. ¿Es todo lo que pidió? No.

Ni siquiera es la mitad de lo que pidieron.

Pedimos mucho más, necesitamos más. Lo aprendí con Germán Rama, la educación siempre requiere más recursos. También requiere administrarse mejor. No hubo la recuperación salarial que [los docentes] debieron haber tenido con base en cómo creció la inflación. En el presupuesto de ANEP eso es mucho, porque 90% de la plata es para remuneraciones. Si no tuvimos el aumento salarial que debimos tener, obviamente, no tenemos en valores constantes la plata que deberíamos tener. ¿En qué impactó? En los salarios. Lo que pasó en los públicos y privados. Vamos a trabajar para que esa recuperación exista en un marco de recuperación del país. Recibimos un país con 5% de déficit fiscal, y la ANEP con 500 millones de pesos que no hemos podido meter dentro de nuestro presupuesto, que es el final de gasto permanente de aumento de salarios, nocturnidad, creación de centros educativos. Eso se financió con el fondo de inasistencias, y esos son recursos no permanentes. Lo otro que pasó fue la pandemia. En 2021 ANEP invirtió 1.300 millones de pesos en recursos adicionales, como infraestructura, contratación de limpieza, alcohol en gel, que un extra.

¿Hay algún plan concreto para la recuperación salarial de los docentes? Justamente, en la pandemia vieron sobrecargadas sus tareas.

Los docentes son los grandes artífices del éxito educativo que este país ha tenido, conjuntamente con el compromiso de funcionarios, de las familias y de buenas decisiones del gobierno. Si no hubiésemos tomado las medidas en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, el Poder Ejecutivo, con otros actores, hoy la realidad sería otra, la que atraviesan muchos países vecinos. Hay que trabajar por una recuperación salarial; estoy de acuerdo con que los docentes tienen que recibir el aumento que les hubiese correspondido en función del aumento de la inflación, y hay que trabajar por otros incentivos.

También le consta que los sindicatos dicen que no está funcionando la negociación colectiva.

En el ámbito del Codicen, ellos piden reunión con nosotros y la tienen en 48 o 72 horas, y viceversa. Tenemos un muy buen vínculo. En la última reunión llegamos a muchos acuerdos en varios temas que ellos plantearon vinculados al inicio de cursos. Existen algunas situaciones que ellos plantean en las que hay dificultades en algún subsistema, es bueno reconocerlo. Tenemos que trabajar para que ese vínculo con los sindicatos en algún subsistema mejore. Hay alguna dirección general [de ANEP] que planteó “yo acuerdo con el sindicato”, y salen grupos del sindicato a decir y hacer otra cosa. Hay que trabajar para que de un lado y del otro las cosas fluyan de la mejor manera posible. La clave de un buen gobierno es saber qué lugar ocupa cada uno.

¿Cómo es su relación personal con los sindicatos?

Tengo buen vínculo. Muchas veces se dice una cosa en el ámbito de una mesa y después, cuando se tiene un micrófono, se dice otra, y lo puedo llegar a comprender. Lo que a uno le duele son las descalificaciones públicas que puedan existir vinculadas al fervor de algunos reclamos.

Lo han declarado persona no grata tanto como cuando era consejero como con el rol que ocupa ahora.

Sí, también se dice que somos representantes de la vieja política, que tenemos un poder sádico. Cuando estamos frente a frente nada de eso se dice. Cuando me siento frente a otra persona prefiero no recordar esas cosas y ponerlas en el olvido, pero esas cosas duelen y molestan. Existen diferencias y también tengo un mejor vínculo con algunos dirigentes que con otros, pero hay que administrar nuestras diferencias. 

¿Cómo será la evolución de cantidad y tamaño de grupos este año?

Para que existan grupos tiene que haber capacidad educativa, docentes, equipamiento en el caso de la educación técnica y tecnológica, y tiene que haber estudiantes. Si no hay estudiantes es imposible que haya grupos. Sobre todo en secundaria, la creación de grupos tenía determinados mecanismos: había una primera propuesta que elaboraba la autoridad y luego, alrededor de una mesa se sentaban distintos actores, entre ellos el sindicato, y resolvían la creación de grupos. Eso no es más así, porque consideramos que no está bien. La creación de grupos no las hace Robert Silva, en secundaria las hacen los inspectores y los equipos directivos en diálogo con sus comunidades, atendiendo sus necesidades, y ahí se construye la primera matriz de grupos. UTU tiene una tradición del planillado, en la que participa hasta la comunidad. A partir de ahí se crea una matriz que después sí se comunica, y si hay alguna necesidad que plantea el sindicato y tiene razón, se atiende. También tenemos una cuestión demográfica que el país está sufriendo, por ejemplo, desde 2017 a 2021 en secundaria hubo 3.000 estudiantes menos. Si tengo menos estudiantes eso impacta en los grupos. Tengo que optimizar el uso de los recursos, aprovechar para desarrollar estrategias, bajar la cantidad de estudiantes por grupo, trabajar en la extensión del tiempo pedagógico, generar nuevas ofertas. Pero también, si, como ha pasado, tengo 20 o 25 estudiantes, no puedo tener dos grupos, tengo que tener uno. No hay recorte de grupos para ahorrar o para escatimar recursos públicos, lo que sí hay es creación de grupos atendiendo todos esos elementos.

Los sindicatos dicen que en este tema se trabaja desde una lógica de oferta y demanda que es de corte privatizador. 

Cuando uno escucha a los sindicatos hablar de mercantilización y privatización de la educación, son los mismos discursos que escuché durante la reforma liderada por Rama. Cuando pasó el tiempo vimos que esa reforma hizo todo lo contrario a privatizar la educación: fortaleció la educación pública. Acá no hay una lógica oferta-demanda, sino de administración correcta de los recursos públicos, en diálogo con las comunidades educativas, atendiendo sus necesidades y generando nuevas propuestas educativas. Por ejemplo, el bachillerato tecnológico de informática bilingüe que acaba de lanzar la UTU es un cambio importante, una oferta que atiende dos necesidades clave que tiene el país: por un lado, la formación tecnológica, y por otro, la formación en inglés. Creo que la lógica privatizadora no es tal.

¿Qué aprendizajes obtuvo de la reforma de Rama para lograr que algunos cambios permanezcan en el tiempo, pensando en la transformación educativa que ahora impulsa ANEP?

Es fundamental hacer muchas de las cuestiones que están plasmadas en documentos y en reclamos históricos de las necesidades de cambio que la educación tiene. Aprendimos que hay que generar y propiciar ámbitos de diálogo y encuentro con las comunidades educativas y también con la sociedad en su conjunto. Ninguna transformación educativa se hace sólo con los docentes, pero tampoco sin los docentes. Las acciones que tienen acuerdo y consenso de diversos actores, incluso distintos partidos políticos, no pueden plasmarse y concretarse en un mediano plazo si yo llego a construir entre todos. Tenemos que establecer documentos mártires con líneas orientadoras y a partir de ahí someterlos a la discusión, sabiendo que ese documento jamás tiene vocación de permanencia. Va a ser reconstruido, revisado, mirado desde perspectivas diferentes que van a volcar aportes, y de ahí saldrá una propuesta colectiva.  

En el discurso de asunción, los nuevos consejeros docentes, Julián Mazzoni y Daysi Iglesias, coincidieron en que llegaron tarde a la discusión sobre la reforma curricular. ¿Qué responde?

El eje de ruta no se le ocurrió a Robert Silva, es un plan de acción al que se comprometieron los partidos políticos cuando llegaron al gobierno. Luego de eso, llegamos a los lugares de gobierno y hay que plasmarlo en un plan de acción junto con otras cuestiones que, obviamente, no están todas en el plan de gobierno. Esa hoja de ruta es un derrotero sobre el cual transitaremos, que se va a ir construyendo a partir de acciones y participaciones varias, entre ellas las de los consejeros electos. No comparto la visión de que llegaron tarde, creo que van a contribuir y mucho, y tengo esperanza de que así sea.

¿Qué acuerdos se han logrado en el Codicen sobre la reforma curricular, más allá de la hoja de ruta?

El marco curricular comprende el conjunto de elementos vinculados al currículo nacional. Tiene los perfiles de egresos, la concepción de competencia ‒qué se considera una competencia y cuáles son sus características‒; luego, tenemos las competencias fundamentales que deben tener los estudiantes al culminar su ciclo y tienen que ir desarrollando mientras van transitando; luego, los perfiles de egreso y las orientaciones a los docentes. Eso es lo que ya tenemos pronto para iniciar el proceso de discusión bajo una base sustantiva. Después se va a poder constituir un grupo de trabajo que ya está avanzando en el tema de las progresiones de aprendizaje, que a diferencia de las progresiones anteriores, que eran por disciplina, estas van a ser progresiones por competencia. Son diez competencias generales. Más tarde vendrá el gran tema de los planes y los programas.

Ahí todavía no han entrado. 

No.

¿Qué pasa con los bachilleratos?

Ahí se generó todo un relato. 

¿No se elimina el artístico, entonces?

No. Quiero reivindicar que el bachillerato artístico fue propuesto en la transformación de la educación media superior en 2003. Luego, en 2010 se creó este bachillerato que hoy tenemos. En 2003 yo era secretario general de la ANEP. No venimos a desmantelar el bachillerato artístico, sí venimos a decir ‒y en esto hay acuerdo con la Universidad de la República (Udelar) ‒ que hay que tener una matriz general de egreso, sin perjuicio de las especificidades. Tiene que haber un bachillerato general que acredite competencias que tiene un estudiante que culminó su ciclo educativo obligatorio y luego en determinadas áreas tiene que hacer una especialización, y ahí viene la diversificación. Las diversificaciones, especializaciones, en el bachillerato de secundaria van a seguir existiendo, pero también hay que pensar un bachillerato general que permita la continuidad educativa. 

Tenemos un excelente relacionamiento con la Udelar, estamos logrando cosas que no se habían logrado y tenemos que dialogar con ellos. Personalmente, creo, no está definido, tiene que haber una opción de egreso general, y que si yo voy a seguir formándome en determinadas áreas exista una diversificación y una especialización en esas áreas, que sin dudas se requiere. Creo que deberíamos ir avanzando para que la construcción del trayecto educativo la realice el estudiante, como pasa en UTU y en otras orientaciones en las que hay opcionales.

Tanto en la mesa de discusión sobre la transformación que organizó la ANEP para partidos políticos como en la ronda de reuniones con partidos faltó el Partido Nacional (PN). ¿Cómo debe interpretarse esa ausencia?

Me llamó el presidente del directorio del partido, Pablo Iturralde, para pedirme disculpas por la ausencia del PN cuando no vino a la mesa de diálogo, que fue un error imputable a él, que confundió la fecha y por eso no se mandó representante. Tenemos un excelente diálogo y ustedes saben que nosotros fuimos propuestos por nuestras aptitudes, se supone, pero los tres integrantes designados con venia pertenecemos a distintos partidos políticos. El PN acá tiene un representante y tiene voz dentro del colegiado.

¿Se reunieron con ellos en la sede del partido?

No nos hemos reunido, lo tenemos pendiente, también con el Partido Independiente, para reunirnos como lo hicimos el año pasado con el Frente Amplio, los colorados y Cabildo Abierto. Si queremos promover una política educativa que trascienda a los gobiernos, hay que procurar acuerdos con todos ellos y sobre todo recibir sugerencias, porque los acuerdos políticos están por fuera del Codicen. El Codicen no tiene competencia para llamar a hacer un gran acuerdo compartido, pero sí para generar canales de diálogo, darles nuestra propuesta y recibir las de ellos.

Hace unos meses Búsqueda informaba que algunos actores del PN consideraban que el Partido Colorado (PC) estaba asumiendo un protagonismo desmedido con la transformación educativa. ¿Es una fricción dentro de la coalición?

Tenemos un muy buen vínculo dentro del Codicen y en general tengo un excelente relacionamiento con el presidente de la República y con el ministro de Educación y Cultura. Las cosas que en el Codicen se llevan adelante están enmarcadas en un plan de desarrollo educativo que responde a los acuerdos llevados adelante que nos trajeron al gobierno en líneas generales. Además, en un diálogo permanente muy fluido con actores protagónicos como los que mencioné y también con integrantes de las direcciones generales de ANEP, trabajamos en acuerdo. Eso no quiere decir que no puedan existir instancias de diálogo, de procura de acuerdos, nosotros no creemos que las cosas se construyen desde una única visión, se construyen desde la multiplicidad de visiones. A mí nadie del PN me ha hecho llegar esa molestia, es un trascendido de prensa.

El año pasado la lista 4, que usted lideró en elecciones anteriores, perdió el cargo en el Codicen y las listas de la CSEU [Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay] la superaron con holgura, ¿qué análisis hace del resultado?

Me parece muy bueno que haya participación docente, que haya disminuido el voto en blanco y que los docentes tengan sus representantes en el Codicen, por lo cual yo trabajé mucho, en el marco de los acuerdos que terminaron luego en la LUC [ley de urgente consideración]. Como exconsejero docente del Codicen, al haber un cambio en la gobernanza con un único órgano colegiado, entendía que los docentes tenían que estar, y así fue. Que tengamos un órgano colegiado integrado por los directores generales le ha dado mayor coordinación, mayor ejecutividad a una cantidad de decisiones que tomamos en conjunto y, como nos gusta decir, en clave ANEP. Ya cada vez menos la UTU va por un lado y secundaria por otro; vamos caminando juntos, que es lo que permite que la centralidad del estudiante sea tal.

Respecto de las elecciones, yo tuve el gusto de fundar la lista 4, junto con otro conjunto de docentes, pero no participé en la última elección. Algunos se encargaron de hacerme participar, diciendo cantidad de cuestiones vinculadas a las decisiones de gobierno tomadas en aquel momento, generando mentiras. Por supuesto me mantuve al margen, como correspondía.

En un momento lo acusaron de proselitismo, concretamente por saludar a la lista 4 a través de Twitter.

Lo que hice en ese momento fue darle la bienvenida a Adémar Cordones [quien asumió la banca de la lista 4 después de que Óscar Pedrozo renunciara para ser candidato] y dije una cosa que es cierta: cuando construimos la lista 4 hablamos de pluralidad. Cordones fue edil del Frente Amplio. Terminó integrando el Codicen una persona del partido de la oposición llegada por una lista de docentes independientes. Lo quise resaltar, nada más, pero no para mostrarme a favor de Pedrozo, de hecho, no intervine en nada en la campaña ni hice nada que vinculara a Pedrozo conmigo o con la lista 4. Hubo un pronunciamiento docente, que me parece bueno, y trabajaremos con los docentes electos.

¿No fue un cimbronazo para usted el triunfo de la CSEU?

Francamente, no. Si yo hubiese participado, sí.

Pero a usted se lo identifica como el líder de esa lista.

No, no. Yo no intervine en nada. Tanto no intervine que no tuve nada que ver ni con la confección de la lista ni con la publicidad. Mucha gente permanentemente la quiso asociar conmigo, pero no intervine. No puede considerarse que el derrotado fue Robert Silva si no participó de la elección. Sí tiene el orgullo de haber sido el fundador de esa lista y de aglutinar a un conjunto de docentes que si no en las elecciones anteriores hubieran votado en blanco.

Teniendo en cuenta que hubo casos que se laudaron de forma distinta entre las anteriores autoridades de ANEP y las actuales, ¿puede decirse que a partir de 2020 hubo un cambio en las concepciones de laicidad y proselitismo que maneja el organismo?

Sí, ahora respetamos el principio de laicidad y la prohibición de hacer proselitismo. De unos y de otros, y en eso somos tajantes. Acá no puede haber publicidad del Sí, tampoco va a haber publicidad del No. No puede haberla, porque eso es violentar los principios constitucionales de prohibición de hacer proselitismo y violentar la laicidad.

También está la libertad sindical.

Por supuesto, y por eso en las carteleras lo pueden tener, pero no pueden colgar pasacalles ni pintar cartelería en los frentes de los centros. No sólo lo dice el Codicen, lo dice la Justicia; hubo una sentencia del Poder Judicial diciendo que un centro educativo no puede tener un cartel colgado en el frente. Lo que no quiere decir que en un centro educativo no se pueda debatir del Sí y del No, por supuesto, si es un tema de actualidad. Lo que tiene que asegurar el centro educativo es que exista ecuanimidad de posiciones y que todas las visiones estén a disposición de los receptores, sean estudiantes o docentes. Y que luego, cada uno a su criterio tome posición. La laicidad es lo que la Ley de Educación de 2008 define clarito y nosotros tenemos que velar por su estricto cumplimiento.

Hay docentes y sindicatos que plantean que en ese cambio se pasó directamente a una postura sancionatoria. ¿No hubiera ameritado algún tipo de instancia intermedia que apele al diálogo y otro tipo de acciones?

Hay mucho diálogo que no sale en la prensa, que llevan adelante nuestros directores. Por ejemplo, cuando empezaron a aparecer los carteles a favor de generar el referéndum dijimos que no podían estar. Nos decían que los carteles tienen que estar, hicimos consulta jurídica, sacamos una resolución y le encomendamos a los directores de nuestros centros que en diálogo con los involucrados procedieran a quitar los carteles. No hubo ningún problema, de hecho, los centros educativos no tuvieron carteles. Ahora Afuprim [Asociación de Funcionarios de Primaria] hizo un boletín rosado que dice “Afuprim vota Sí”. Está mal, no se puede repartir ese boletín. Lo que dialogamos con la CSEU y llegamos a acuerdo es que no es que no se pueda repartir un boletín gremial, por supuesto que se puede, lo que no puede repartirse es ese boletín gremial; por el color que utiliza y por la consigna que tiene realiza proselitismo. Llegamos a un acuerdo: va a poder estar en la cartelera, no se puede repartir dentro del centro, pero va a poder haber un mazo al lado de la cartelera y el que quiere va y agarra. Es un criterio intermedio, porque si me pongo estricto, eso tampoco se podría. Tiene que haber diálogo y comprensión de una parte y de la otra.

Todos los temas que son de público conocimiento, el de [los 14 profesores de] San José, el de [las faltas del dirigente de Fenapes, Marcel] Slamovitz, todo eso no ha venido al Codicen, porque está en la órbita de Secundaria. Sin embargo, me consta que ha habido procedimientos disciplinarios en los que se ha podido ejercer el derecho de defensa, ha habido informe jurídico y la Dirección General ha adoptado una decisión con informe jurídico. En el caso de las faltas, por lo que me informó Secundaria, nos viene a nosotros la resolución del tema del exconsejero de Secundaria [actualmente en UTU], Javier Landoni, a quien se le propone un sumario.

¿Y por qué la resolución nombra a la exdirectora de Secundaria Celsa Puente si ya no tiene vínculo con la institución?

Es lo que dijo Jurídica. Si se reintegra, hay que decretarle un sumario. A ella no se le puede hacer un procedimiento disciplinario porque no es funcionaria pública.

Ese conjunto de sumarios e investigaciones, ¿no puede ser tomado como una acción tendiente a generar un temor en los docentes a expresar sus desacuerdos?

Yo creo que no. Respecto de los docentes de San José, por lo que me he enterado y he conversado, se proponía la destitución y la Dirección General de Educación Secundaria no destituyó. Ellos no van a tener más suspensión porque ya tuvieron 180 días de suspensión, lo que ahora van a tener es 50% de retención que les faltó de la anterior, porque se definió el 100% de retención y ya habían tenido 50%. No son suspendidos de nuevo.

Celsa Puente planteó que información de la investigación sobre las faltas de sindicalistas fue difundida por las autoridades, cuando debió ser reservada, y que el Codicen debería haber velado por la reserva de esa información. ¿Qué dice al respecto?

A mí no me consta que nada de eso que se ha dicho públicamente sea así. Yo me enteré de informes de esas investigaciones porque se presentaron en el Parlamento o porque se hicieron públicas por uno de los investigados, o por la denuncia [de Fenapes] ante la OIT [Organización Internacional del Trabajo], a la que se agregaron informes internos de las investigaciones.

Sin embargo, la actual directora de Secundaria, Jenifer Cherro, fue al Parlamento y dio nombres y apellidos. ¿Eso corresponde para una investigación en curso?

Eso lo determinarán los servicios jurídicos. Ahora, la implicancia de los que estaban era de público conocimiento. Lo que uno no puede hacer públicamente, me parece a mí, es prejuzgar si yo sé que una persona tiene una investigación, como sí lo hizo Celsa Puente. Yo lo denuncié siendo consejero, Celsa Puente es especialista en prejuzgar. Cuando hizo campaña en contra de la directora de Salto [que en 2017 avaló la realización de una charla antiaborto en un liceo] y salió a decir que nunca había visto una violación de la laicidad tan grande como la que había cometido, estando en plena investigación recién decretada. Eso sí es prejuzgar, y a esa directora se la tuvo en sumario de 2017 a 2020, un poco antes de que nosotros llegáramos. Se la tuvo separada del cargo y la administración pagando dos sueldos de director. Se terminaron revocando las decisiones y la sanción no me acuerdo cuál fue, empezó por destitución. El Codicen le dijo a la directora de Salto que no correspondía la destitución, porque ella no era la responsable plenamente. Hay que ser muy prudente en las declaraciones públicas sabiendo los lugares que uno ocupa. Cuando el tema te llega para resolución, tenés que tener la ecuanimidad necesaria.

Decía que los servicios jurídicos determinarán si no se guardó adecuadamente reserva de la investigación, ¿eso se está analizando en algún ámbito de la ANEP? La propia directora de Secundaria no se va a denunciar a sí misma o a pedir que se la investigue.

No conozco ninguna situación de prejuzgamiento o de hacer pública información que no correspondiera. De hecho, creo que se hizo una investigación y se concluyó que no. Hay una denuncia que hizo Fenapes sobre la filtración de información en un programa periodístico, se hizo la investigación y se concluyó que no había responsabilidades.