La Dirección General de Educación Secundaria (DGES) decidió iniciar una investigación administrativa al dirigente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) Marcel Slamovitz por el eventual uso de 250 horas sindicales de forma irregular, confirmó a la diaria Jenifer Cherro, titular de la DGES. Según informó El País el domingo, esas horas le correspondieron entre 2016 y 2017 y fueron por fuera de la licencia sindical.

En diálogo con la diaria, el secretario general de Fenapes, José Olivera, señaló que el sindicato ya había pedido la investigación el mes pasado. “Si hay algo que investigar en aquellos temas que tienen que ver con posibles malos usos de las licencias, que se investigue con todas las garantías del caso. Ya lo dijimos. No puede ser que esto se haga en un marco de escrache público como se está haciendo hoy en día, de ataque a una organización completa a partir de casos particulares”, expresó.

Olivera dijo que hay que sacarse “todas las dudas” porque es la “mejor contribución que le podemos hacer a la sociedad”. Empero, aseguró que se trata de una “cortina de humo” que sólo beneficia “a los gobernantes”. “Seguimos convencidos de que esto es una operación mediática y una persecución política. Hay una conjunción entre algunos medios de comunicación y el accionar del diputado [del Partido Colorado Felipe] Schipani”, indicó, y agregó que le recuerda al “régimen fascista” porque “lo hacen desde la impunidad que ellos manejan de un instrumento” como son los fueros parlamentarios.

El sindicalista sostuvo que esto ocurre en un marco de “recortes presupuestales y de derechos”. “Esta cortina de humo les sirve a los gobernantes para generar un clima de adversidad y para avanzar en sus reformas”, aseguró. “Se quiere hacer un relato, desde la deslegitimidad por parte de las autoridades, de una supuesta connivencia. Eso lo deberá determinar la Justicia; en un Estado de derecho es lo que corresponde”, afirmó.

Olivera reclamó “garantías” para que se lleve a cabo ese proceso, pidió que “no sea un linchamiento público” y cuestionó: “¿Cómo es posible investigar desde esas garantías si hoy buena parte de la argumentación que forma parte de esa investigación ya el diputado Schipani se la entregará a un o una periodista? ¿Es posible ser ecuánime? ¿Pueden existir garantías? Esto es el fascismo puro y duro. Esta es la dictadura cuando perseguían a los docentes”.

¿Amparado o no?

En marzo, Schipani hizo un pedido de informes a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para aclarar las faltas de Slamovitz, luego de que la exdirectora del liceo departamental de San José Miriam Arnejo dijera en Informativo Carve que el dirigente sindical intentó justificar en 2017 más de 140 horas de ausencia de su cargo docente “bajo el encubrimiento” de un integrante del entonces Consejo de Educación Secundaria (CES) que dispuso el archivo de la denuncia.

Arnejo aseguró que Slamovitz presentaba un formulario en el que solicitaba días libres, en base a una disposición del Estatuto del Funcionario Docente, más allá de las “20 horas de licencia correspondientes por su actividad gremial”. Celsa Puente, directora del CES en aquel entonces, definió que Slamovitz no podía justificar esa cantidad de horas. La exdirectora había dicho que la causa entró a Jurídica de Secundaria pero fue archivada.

En junio de 2017, ante Jurídica, para justificar las faltas el sindicalista afirmó estar amparado por el inciso 10 del artículo 70 del Estatuto del Funcionario Docente y por un “convenio firmado entre el Codicen [Consejo Directivo Central] y Secundaria”. Sin embargo, esa división le pidió que presentara el convenio, pero no lo hizo, consignó El País. El artículo 70 del estatuto permite justificar faltas por Asamblea Técnico Docente y tareas encomendadas por organismos del Estado.

Un mes después, la abogada de Jurídica informó al CES que no existía fundamento para “justificar las inasistencias del profesor Slamovitz al amparo del artículo 70 inciso 10, por participar en actividades encomendadas por el Ejecutivo de Fenapes”. Los consejeros, de todos modos, avalaron las inasistencias de Slamovitz.

En este sentido, El País consignó que Javier Landoni, exconsejero del CES, solicitó proteger a los docentes y pidió que no se divulgara la información para así no “perjudicarlos” ni “someterlos al escarnio público”. Señaló que se trataba de “un acto político”, por lo cual “se debería ser discreto”.

Por su parte, entrevistado por Telemundo, Schipani señaló que “es un tema grave y demuestra la inmoralidad con la se actuó en el período pasado”, y aseguró que va “a seguir investigando” porque “todavía quedan muchos cabos sueltos por atar, queda mucha información por conocerse”.