El ámbito educativo en el Cono Sur se vio sacudido a comienzos de año con una postal que hasta este momento podríamos considerar una rara avis en Latinoamérica, con amenazas de tiroteo por parte de alumnos en colegios secundarios de Argentina, Chile y Uruguay, que en algunos casos terminaron con muertes. El antecedente más gravoso quizás sea el tiroteo en la localidad de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, Argentina, en el que un adolescente de 15 años abrió fuego contra sus compañeros produciendo la muerte de un alumno y heridas en otros ocho estudiantes.
A mediados de abril se registró una ola de amenazas en formato de mensajes anónimos (“mañana, tiroteo”, “mañana llueven balas” o “los vamos a matar a todos”) en distintas instituciones chilenas, tanto en Santiago y otras regiones como Valparaíso, Coquimbo, Tarapacá, O’Higgins, Biobío, la Araucanía y Maule, que derivó en la suspensión de clases como medida preventiva en más de 60 colegios a lo largo de ese país, mientras que en Argentina, en distintas localidades como Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Chubut, Neuquén y Mendoza, también se registraron amenazas persistentes, lo que obligó a la ciudad de Buenos Aires a activar un protocolo especial mientras que varios distritos resolvieron hacer cargo a las familias de los chicos implicados por los costos de los operativos de seguridad y los perjuicios que generan (cada despliegue policial cuesta entre cinco y seis millones de pesos); en algunas provincias, como Mendoza, ya no se puede ingresar a los colegios con mochilas. En Uruguay también hubo múltiples reportes de amenazas en liceos de distintos departamentos, pero se presumió que se trataba de una “imitación” de estrategias empleadas en otros países para evitar concurrir a clases.
Malestar estructural trasciende geografías
Aunque los especialistas advierten que las características de los casos y la simultaneidad en Chile y Argentina (que responden a un reto viral de True Crime Community, que, al ser amplificado en las redes y medios, además, trascendió fronteras con un efecto contagio) hacen que todavía no se pueda hablar de una modalidad como el mass shooting instalada en Sudamérica, el panorama no es alentador.
Parece ligero simplemente atribuirlo a modas y bromas con antecedentes como el de San Cristóbal, o en Chile el de un estudiante de 18 años que asesinó a una profesora e hirió a otras cuatro en Calama; mucho más si miramos los contextos estructurales sociales, económicos y políticos en estos países, que en general presentan altas tasas de suicidio entre los jóvenes. Uruguay se ubica en el podio en América Latina en la franja de 20 a 24 años, y Argentina tiene una de las tasas de suicidio adolescente más altas de la región, en el marco de la modificación reciente de leyes de salud mental, ataques a la educación, desmantelamiento de programas de asistencia y crisis económica –con índices crecientes de informalidad y desempleo entre los jóvenes–. Sin ir más lejos, en Argentina los recortes presupuestarios brutales en todos los escalafones educativos (que el 12 de mayo congregaron una marcha nacional masiva) también inciden en la capacidad de respuesta de instituciones, que apenas dan abasto.
“En principio hay dos fenómenos que atraviesan a las infancias y adolescencias con particular énfasis en esta época. Sin dudas se relacionan entre sí, pero no de forma lineal y causal. Cada uno requiere un abordaje en particular. Por un lado, hay un incremento en los padecimientos de salud mental desde la pandemia. Por ejemplo, de los cuadros de depresión y ansiedad. Este fenómeno no atraviesa solo a las nuevas generaciones, pero es un reclamo constante entre las juventudes el poco lugar que tiene en la agenda del Estado y de los medios”, abre Solana Camaño, periodista especializada en educación y juventudes y docente de Comunicación en secundaria, y menciona también los cierres de programas culturales de niñez y adolescencia, ya que el deporte y el arte también constituyen espacios de encuentro y dispersión necesarios para los chicos.
La tecnología como catalizadora
Gran parte del debate se centra –con razón– en los impactos psicosociales que tienen las nuevas tecnologías en tanto terreno donde las juventudes construyen hoy su subjetividad, se relacionan e informan, y ensayan variantes de lo que será su identidad. “Todos pasamos cada vez más tiempo en las plataformas, porque están diseñadas para capturar nuestro tiempo de vida; la diferencia es que los adultos tenemos otra experiencia de contraste. Las nuevas generaciones están creciendo e incorporando visiones del mundo bajo el comando de la lógica algorítmica”, apunta Camaño. Esto abre dos grandes ramas del debate que tienen que ver tanto con la regulación de estas plataformas –y la responsabilidad de los estados– como con otras consideraciones relacionadas con cómo entendemos nuestro vínculo con la tecnología.
En la primera línea avanza en todo el mundo la regulación de las plataformas de redes sociales con un enfoque de prohibición a causa de los problemas de salud mental que les ocasionan a los menores (aunque se debate si la relación es causal o correlacional, así como el controvertido uso de términos como adicción). No falta quienes señalan que prohibir simplemente no basta, o no es una medida pensada a largo plazo, si no se acompaña con alfabetización digital (entender el modelo de negocios de las plataformas, cómo producen ganancias en base a nuestros datos, cuáles son nuestros derechos, etcétera) y acompañamiento parental. Esto último parece casi una utopía cuando observamos el colapso del mundo adulto, con familias sobrepasadas, y que la tecnología es un modo de paliar la ausencia parental o la falta de tiempo, recursos y motivación de los más grandes. Sin embargo, el espacio que no se ocupa en positivo por las familias, la escuela u otros actores de contención social se vuelve territorio fértil para ser explotado por las grandes plataformas.
Para otros, como Martín Becerra, profesor de la Universidad Nacional de Quilmes y de la UBA e investigador del Conicet especializado en temas de tecnología, la prohibición tiene menos sentido en términos de eficacia en el corto plazo, pero más en relación con el efecto pedagógico en la agenda pública y poniéndole coto al big tech. “Hay un legítimo reclamo de que el producto sea diseñado para retener la atención de las y los usuarios, con el escrol infinito, los sistemas de recomendación, la opacidad constitutiva que tienen esos sistemas algorítmicos, los criterios con los que se programan las redes para favorecer un modelo de negocios que es muy invasivo y abusivo. Me parece un poco exagerada la comparativa con las tabacaleras, pero me parece que hay un punto en que el fabricante del producto reconoce o sabe que está diseñando un producto/servicio que es dañino”, explica.
Hablar de adicción a las redes sociales, aunque es un argumento difundido y con impacto mediático, carece de respaldo científico, ya que las investigaciones que vinculan los picos de dopamina con las drogas y el alcohol no han demostrado que ocurran de igual manera con otras conductas, como el uso de videojuegos o las redes sociales. El problema de esto, aparte de patologizar la discusión y evitar pensar en respuestas estructurales, es que, como señalan activistas de la libertad de expresión y periodistas especializados como Taylor Lorenz, se crea un discurso exagerado que puede afectar seriamente la privacidad de los usuarios, el acceso a la información y hasta los derechos políticos de grupos minoritarios. Es por eso que en Estados Unidos ya se habla también de cómo las facciones políticas más conservadoras están utilizando esta retórica de pánico moral para censurar las redes y vigilar a sus ciudadanos. ¿Es una realidad que nos resulta ajena todavía en este hemisferio? Puede ser, pero no está mal tener en cuenta hacia dónde pueden llevarse discursos sensacionalistas y sin base científica.
Hacia una mirada integral
Pero, entonces, ¿cómo abordar los nuevos y crecientes riesgos? ¿Cuáles son las alternativas para los padres? ¿Qué le podemos pedir a la escuela y qué le corresponde al Estado? Entender que el problema es multicausal y que no existen soluciones parciales o fragmentadas es una primera posición desde la cual pararse. Está claro que hay que regular más las plataformas y hacerlas responsables de su diseño y funcionamiento, así como exigirles mejores salvaguardas, pero reparando también en el contexto cultural y político. “El daño a la salud mental también habría que inscribirlo en cuestiones bastante más amplias, vinculadas a la retirada de los estados en cuanto a proveer espacios de socialización integral y comunitaria para las personas y su desarrollo, en un contexto de elaboración de la personalidad de los menores cada vez más aislada, y repensando el rol que vienen a ocupar las empresas dueñas de redes sociodigitales”, sugiere Becerra.
Para Camaño no basta con educación digital. “Los estados deben regular plataformas para injerir en sus diseños y cambiar las reglas de juego. Un gran ejemplo es la Ley ECA Digital en Brasil, que desalienta el escrol automático, impide a las plataformas recabar datos de niños, niñas y adolescentes para ofrecerles publicidades personalizadas, establece nuevos mecanismos de supervisión parental, y prohíbe la exhibición de contenidos violentos. Las empresas que no cumplan deben pagar multas. Si bien entró en vigencia en marzo y hay que ver qué pasa con su implementación, en Argentina ni siquiera empezamos a discutirlo”.
Algo está pasando con los jóvenes y no podemos pensarlo como casos excepcionales y disociados de lo que sucede a nivel sistémico. Aunque sea un fenómeno de relativa novedad en Latinoamérica, hay que considerar que podríamos empezar a verlo con más regularidad, al ritmo de la desintegración de los lazos sociales (familias-escuelas), las secuelas pospandemia, la irrupción tecnológica desregulada y el retiro del Estado, que encuentra en el caso argentino la tormenta perfecta, ya que además se acopla con políticas de desregulación sinceramente preocupantes, como la portación de armas o la baja de la edad de imputabilidad, por la cual a un chico de 14 años se lo podría juzgar como adulto.
“¿Qué pasa si tomamos estos hechos como una oportunidad para ver este fenómeno social en un sentido más amplio, animándonos a mirar más allá del impacto inmediato, preguntándonos qué les está pasando hoy a muchas adolescencias, qué emociones están habitando y qué lugar encuentran, o no, para expresarlas? Como sociedad necesitamos cuestionarnos qué hay de fondo en estas amenazas que llevan a cabo las adolescencias; necesitamos preguntarnos qué formas están encontrando para expresar malestar, enojo, frustración, necesidad de ser vistos, de pertenecer o generar impacto”, completa, por su parte, la psicóloga y consultora en centros educativos Romina Patriarca.
Las recientes amenazas de tiroteo encendieron una alarma que nos permite pensar más allá de la seguridad, las plataformas y los marcos regulatorios, y hasta en los diagnósticos de enfermedades mentales, todos tópicos relevantes, pero que instan a revisar un canal comunicacional intergeneracional que por momentos pareciera obturado, en un momento en que los mensajes violentos vienen de arriba hacia abajo, se ridiculiza la idea del bien común y los proyectos de vida que se ofrecen anteponen la crueldad y el lucro. Algo simple pero concreto, como propone la filósofa Florencia Sichel, es empezar por preguntarles a los chicos cómo se sienten. “Vamos a seguir llegando tarde si nos ocupamos solo cuando pasan estas cosas. Para poder preguntarles, primero tenemos que animarnos a preguntarnos nosotros qué nos duele, qué estamos evitando, cómo estamos habitando este mundo que después les ofrecemos. La convivencia y el cuidado no son temas solo para días de crisis. Son un ejercicio de todos los días, en casa y en la escuela”.
“En este sentido, adultos y adultas referentes de la crianza tenemos un rol fundamental, promoviendo espacios de escucha, de presencia, espacios en que puedan expresarse, donde haya lugar para equivocarse y pedir ayuda, construyendo comunidades que alojen y sostengan lo que les sucede a las adolescencias”, cierra Patriarca.