El Sindicato de Formación en Educación (Sidfe) consideró que en la resolución del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) en la que define las características que debería tener una carrera docente violentan la autonomía de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), además de “pautar una injerencia completa sobre ámbitos de competencia” del Consejo de Formación en Educación (CFE), “por más que en la resolución pareciera que se dividen las acciones que realizará cada uno”, dice, en alusión a la habilitación de la carrera por parte del CFE y el reconocimiento de parte del MEC.
Según detalló el gremio en un comunicado, el articulado de los requisitos que debe cumplir una carrera que busque la acreditación pasa a ser competencia del MEC, “que en el proyecto estipula cantidad de horas que cada sección del conocimiento debe tener, especificando el contenido disciplinar y disminuyendo la carga horaria de la didáctica práctica ostensiblemente”.
En segundo lugar, explican que existe la “posibilidad de la fragmentación institucional”, dado que “queda manifestada al poderse acreditar por carrera, sede o región”. “Se agregan, además, competencias al Ineed [Instituto Nacional de Evaluación Educativa] que no eran parte de su rol original, como la de tener que diseñar la prueba que permita la acreditación final”.
Para el Sidfe, esta prueba será “la determinante de la acreditación universitaria, pudiendo establecer diferencias a nivel individual entre unos egresados y otros”. “Nada se dice de aquellos docentes que ya tienen su título”, criticaron, pese a que las autoridades han dicho que se les validará.
A su vez, expresaron que en la resolución se demuestra que el MEC “va a financiar organismos que no son el CFE para formar docentes”. Es decir, que se va a “destinar dinero público para financiar a las instituciones privadas que se presenten a través de consultores y docentes que podrán moverse de una institución a otra según un plan de movilidad, violando el Estatuto docente y el sistema escalafonario”.
Desde el sindicato, indicaron que el MEC y el Consejo Directivo Central de la ANEP no tienen como objetivo la “mejora de la formación en educación”, así como tampoco “tener en cuenta la opinión de los diferentes órdenes”.
Por último, apuntaron: “Mientras se censura la opinión de los estudiantes en el IPA [Instituto Profesores Artigas] y los IINN [Institutos Normales] y se vuelve a criminalizar la protesta llamando a declarar a compañeras del CEM [Centro de Estudiantes de Magisterio] bajo amenaza de desacato, nada se dice sobre la situación al interior de los institutos con clases superpobladas, carencias edilicias y una clara necesidad de contar con nuevos locales frente a una matrícula en aumento, previsión que fue realizada por trabajadores y estudiantes y fue desoída por las autoridades”.