“Esto es sólo la punta del iceberg”, cerró su intervención el diputado colorado Felipe Schipani, acompañado de la imagen de una punta de hielo con la cual finalizó la presentación que usó para exponer sobre lo que entiende que es una “maniobra” de la dirigencia de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), que, según denuncia, fue “avalada” por las anteriores autoridades de la educación. La exposición de Schipani fue la última de la mañana en la sesión que abordó los resultados de la comisión investigadora sobre “licencias irregulares” de sindicalistas, antes de pasar a un cuarto intermedio para que los diputados de la coalición de gobierno dieran una conferencia de prensa.
En dicha conferencia, quien fue presidente de la comisión, el nacionalista Alfonso Lereté, planteó que los diputados “cumplieron con el mandato” que les otorgó la ciudadanía para “echar luz” sobre “oscuridades” de la gestión del Frente Amplio (FA) en distintas áreas. Lereté señaló que el oficialismo encontró “omisiones, irregularidades y conductas con apariencia delictiva” que en una primera instancia los llevó a concluir que existieron presuntos delitos de “fraude, falsificación, omisión al momento de denunciar delitos, abuso de funciones y encubrimientos”. Según amplió, quienes los cometieron son dos exjerarcas de Secundaria del anterior gobierno del FA y seis profesores sindicalizados.
Según sostuvieron los legisladores de la coalición de gobierno que integraron la comisión, se presentaron al menos 380 “certificados” por parte de 88 dirigentes de Fenapes en más de 70 liceos de todo el país para justificar inasistencias, más allá de las horas dispuestas para actividades sindicales. En la sesión se mostraron algunas solicitudes que pedían la justificación a través del artículo 70.10 del Estatuto del Personal Docente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), en base a un “convenio” firmado entre la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) y el Consejo Directivo Central (Codicen).
¿Dónde está el convenio?
Esa pregunta fue la que los legisladores oficialistas hicieron en la sesión, pero concluyeron que el convenio citado no existe, por lo que los sindicalistas habrían conducido al error a los directores liceales que justificaron las faltas, según plantearon. Al respecto, Schipani citó a la exdirectora de Secundaria Celsa Puente en la comisión, que respondió que no conocía “un convenio firmado entre el Codicen y la CSEU que habilite la aplicación del artículo 70.10 en inasistencias por razones gremiales”.
Desde filas frenteamplistas, el diputado Gustavo Guerrero replicó que esas palabras se sacaron de contexto, ya que Puente agregó que sí conocía lo dispuesto por el acta 90 de la ANEP. La diputada frenteamplista Lilián Galán explicó que a partir de dicha acta se generaron distintos acuerdos para la definición de pautas para la regulación de los fueros sindicales y que este no sea penalizado con la pérdida del presentismo y la afectación de la actividad computada de los docentes, que se tiene en cuenta cuando se presentan a llamados. Según aclararon, el único artículo que lo permite es el 70.10 y por eso los comprobantes presentados por los profesores aluden a la norma. Guerrero indicó que Fenapes pedía que las faltas fueran justificadas por dicho artículo, al amparo del acta 90. Al respecto, se mencionó que las actuales autoridades de la ANEP en dos ocasiones justificaron inasistencias de docentes para asistir a actividades sindicales en el marco de ese acuerdo, pero apelaron a otros artículos del estatuto que no evitan la pérdida del presentismo.
Esa explicación no conformó a los diputados del oficialismo, que plantearon que los “certificados” presentados por los integrantes de Fenapes no decían eso. Schipani dijo que la referencia al acta 90 fue “una manganeta que inventaron” y reclamó que las resoluciones en la administración pública deben ser precisas. Según el diputado, si bien fue el que motivó la investigadora, el caso de Marcel Slamovitz no fue el único y, al respecto, mencionó el caso de un profesor de Salto que apelaba a certificados “en blanco” que tenía en un “block de hojas A4” y presentaba en forma discrecional.
¿Y las direcciones?
Guerrero afirmó que el oficialismo no presentó ninguna prueba de que el ex Consejo de Educación Secundaria (CES) fuera el que justificara las inasistencias de los docentes. Según dijo, eso no funciona así y demuestra que los integrantes de la coalición de gobierno “no tienen conocimiento” de cómo funciona el sistema educativo. El legislador indicó que son las direcciones liceales las que tienen la responsabilidad de justificar las faltas, a partir de un formulario que es presentado por cada profesor.
Guerrero marcó que a partir de las declaraciones de Puente en la comisión queda claro que advirtió a la directora del liceo 1 de San José, Miriam Arnejo, que no justificara más faltas por actividades gremiales por el artículo 70.10, pero Arnejo lo siguió haciendo. En ese sentido, preguntó por qué no está el nombre de Arnejo en la resolución de la investigadora que individualiza a los sindicalistas y exautoridades del CES. Para la oposición, esa es una muestra de que el trabajo de la investigadora tuvo el objetivo de desprestigiar a sindicatos y autoridades del período frenteamplista, algo que durante toda la sesión fue negado por los diputados oficialistas. En suma, el FA considera que si hubiera alguna irregularidad, esta es de carácter administrativo y es la ANEP la que debe determinarlo.
Sobre el rol de las direcciones, Galán señaló que al afirmar que fueron engañadas por Fenapes, se las está presentando como “incapaces” para la gestión pública. La diputada del FA sostuvo que “estaría preocupada” en el lugar de las directoras que afirmaron que validaron inasistencias sin saber que no había un convenio que lo sostuviera, ya que podría tener consecuencias en la Justicia cuando analice el tema.
El diputado cabildante Eduardo Lust cuestionó a la oposición por centrarse en cuestiones de forma del trabajo de la comisión y no ahondar en el asunto de “fondo”. En una rueda de prensa, el legislador respondió sobre si es correcto afirmar que Fenapes presentó “certificados”. Dijo que en la comisión se habló “indistintamente” de “certificados”, “constancias” o “comprobantes”, y planteó que desde el punto de vista técnico “puede haber alguna diferencia”, pero prefieren dejar ese aspecto en manos de la Fiscalía y del Poder Judicial. Al respecto, el diputado Gustavo Zubía sostuvo que un certificado “es algo que da fe de que algo ha ocurrido” y este puede ser público o privado, al contrario de lo que se sostuvo desde el FA, que entiende que un sindicato no puede certificar nada sin la intervención de un funcionario público.
Después de más de 12 horas de discusión y de acusaciones del FA de persecución sindical y maltrato a los docentes, tal como estaba previsto, el oficialismo aprobó la resolución propuesta por la mayoría de la comisión, que planteó que su actuación se remita al Codicen, la Junta de Transparencia y Ética Pública y la Fiscalía General de la Nación. La resolución también fue acompañada por César Vega, representante del Partido Ecologista Radical Intransigente.