El frío y la amenaza de lluvia no frenó a centenares de personas que en la noche del jueves se movilizaron en reclamo de mejores condiciones de trabajo y estudio en la educación pública. Si bien cada gremio tiene sus propias reivindicaciones, las más notorias fueron el rechazo a la transformación que impulsa la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el pedido de recursos incrementales a la Universidad de la República en el marco de la actual Rendición de Cuentas.
La marcha salió desde la plaza Independencia y pasó por el Ministerio de Economía y Finanzas, donde se detuvo para encender varias bengalas de humo sostenidas principalmente por integrantes de los gremios estudiantiles de secundaria. Luego siguió por Avenida del Libertador y, tras esquivar algún huevazo que lanzaron desde un edificio, rodeó el Palacio Legislativo, donde finalizó después de más bengalas y algunos cánticos contra el gobierno y, en particular, contra el presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, Robert Silva.
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Precisamente, desde las primeras horas de la tarde Silva encabezaba una delegación de la ANEP que concurrió a la Comisión de Hacienda integrada con Presupuestos de la Cámara de Diputados. El organismo fue convocado para dar cuenta de lo actuado el año pasado y de lo que prevé realizar en 2023.
Cuestión de tiempo
Entre los principales anuncios que realizó la ANEP estuvo la incorporación de 14 nuevos liceos y escuelas técnicas al programa Centros María Espínola. Entre otros aspectos, dicho programa implica la extensión del tiempo pedagógico con actividades recreativas y talleres, que los estudiantes tengan tres comidas diarias en el centro, y la incorporación de nuevas figuras pedagógicas. Según informó la ANEP, se trata de siete centros de UTU y siete de secundaria. Dichos centros se suman a los 29 que ya están en funcionamiento, por lo que en 2023 habrá 43 centros María Espínola en total.
Movilización de estudiantes y docentes de Secundaria y UTU en la avenida 18 de Julio (28.07.2022).
Foto: Mara Quintero
Desde la bancada del Frente Amplio (FA) cuestionaron el anuncio e hicieron énfasis en que, más allá del discurso de las autoridades, varios de estos centros ya venían funcionando con modalidades especiales, ya sea de tiempo completo o extendido en secundaria, como la de los centros educativos asociados en UTU. La diputada del FA e integrante de la comisión parlamentaria Lilián Galán dijo en rueda de prensa que los centros “nuevos” que pasarán a dicha modalidad en realidad son “muy pocos”, y dijo no tener certeza de si todos estarán operativos al final del período.
“Se les cambia de nombre, no vemos que haya una gran innovación en esto”, manifestó Galán, quien consultó a las autoridades sobre la financiación prevista para los talleres y actividades recreativas previstas. Días atrás, El País informó que la ANEP prevé contratar organizaciones de la sociedad civil para ese tipo de actividades, lo que generó críticas desde la oposición y los sindicatos. Por ejemplo, el exconsejero de Educación Inicial y Primaria Héctor Florit estimó que el pasaje de una escuela de cuatro horas a una de tiempo completo tiene un costo de 43.000 pesos por estudiante al año, pero en el pedido de Rendición de Cuentas, para contratar organizaciones que permitan la ampliación del tiempo la ANEP pidió solamente 10.000 pesos por estudiante al año. Al respecto, Florit se preguntó si habrá un “tiempo completo mínimo, tercerizado, barato y de segunda para pobres”.
Datos y relatos
Si bien en la noche del jueves la reunión de la comisión seguía en marcha, buena parte de la discusión giró en torno a si existió o no un “recorte” en la ANEP, algo que fue rechazado por las autoridades del organismo designadas por el gobierno. Sin embargo, la postura de los consejeros docentes y de la oposición sostiene que, en relación a 2019, existe un recorte de unos 150 millones de dólares en la educación pública. Según dijo Galán, Silva “reconoció” que hay “una pérdida salarial importante” para los funcionarios de ANEP, pero el jerarca afirma que no fue un recorte porque “no ha afectado el funcionamiento” del organismo.
Consultado por la prensa, el presidente del Codicen planteó que 2021 fue un año “de muchas dificultades” a causa del desarrollo de la pandemia y que, pese a ello, se lograron resultados que incluso “son reconocidos internacionalmente”. También se refirió a las críticas que ha recibido por no incorporar la opinión de docentes y estudiantes en la transformación educativa, a lo que respondió que se ha generado el espacio “de mayor participación de los últimos tiempos”. Sin nombrarlos, el jerarca apuntó a los sindicatos y las asambleas técnico-docentes y aseguró que es “bienvenida la discrepancia”, pero “tiene que venir también con la propuesta alternativa”. Silva se refirió a publicidades que ha pautado la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria contra la reforma y dijo que sería “bueno” que esos recursos “se destinaran a atender las necesidades” que se denuncian.