El jueves, el Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Profesores de la Enseñanza Secundaria (Fenapes) emitió una declaración pública expresando su “más enérgico rechazo” al documento preliminar del Plan de Estudios de la Educación Básica Integrada presentado por el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).
Según explicó Emiliano Mandacen, secretario general de Fenapes, el miércoles, José Olivera, de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU), solicitó al Codicen una reunión de carácter urgente y, en la tarde del jueves, la secretaria general del organismo respondió que las autoridades los recibirán el martes a las 16.30, en el edificio central de la ANEP.
La nueva malla curricular aprobada con tres votos de los consejeros designados políticamente en el Codicen es parte de la reforma educativa impulsada por la ANEP. El documento fue difundido, en primera instancia, a través de la prensa, y este fue uno de los principales reclamos que Fenapes resaltó en el comunicado y que plantearán en la reunión.
“Este tipo de procesos no se pueden encarar enviando y filtrando varios documentos de esta manera, porque lo que genera es inestabilidad e incertidumbre”, afirmó Mandacen. En la declaración, especificaron que la difusión, primero en la prensa antes que “por las vías y mecanismos oficiales”, implica “una clara falta de seriedad institucional” que “evidencia la estrategia de marketing que siguen las autoridades así como su desconocimiento al cuerpo docente, sus organizaciones representativas y los ámbitos de negociación colectiva”.
En ese marco, Mandacen contó que les pedirán a las autoridades del Codicen que “se haga entrega oficial del documento” a la CSEU, para “cumplir una formalidad que nos parece de orden” y que “correspondía haber hecho hace unos cuantos días antes de filtrarlo”.
Además de este punto, la preocupación central del sindicato es que la malla curricular no tiene “su soporte epistemológico de fondo, que son los planes y programas” y, por tanto, se trata de “una malla curricular vacía”, según el secretario general. Asimismo, Mandacen dijo que debería estar presente “el régimen de evaluación y pasaje de grado”.
“Nos parece entonces que hay un grado de improvisación muy importante, vinculado también con un descalabro que hay en los diferentes desconcentrados por el tema de las direcciones generales, que terminan siendo más un obstáculo para solucionar problemas que otra cosa”, concluyó.
Entre estos puntos, el sindicato planteará ciertas dudas que pretenden que sean respondidas por las autoridades: “La carga horaria de las asignaturas, cómo va a ser el tema de los talleres, qué implican los espacios, una cantidad de elementos”, resumió Mandacen.
Por otro lado, remarcó que el documento aprobado tiene “un problema de forma y de contenido”, y que están convencidos de que esta reforma educativa “no va a ser la solución de los problemas estructurales que vivimos en la educación”, sino que “es una puesta en escena”.
“Esta propuesta se inscribe en el marco de un recorte presupuestal que ha eliminado miles de horas y que promueve la inestabilidad laboral, lo cual queda evidenciado, además, por la no realización de concursos para la obtención de la efectividad, decisión que perjudica a un universo cercano a nueve mil docentes egresados”, esbozaron en la declaración.
Las ocupaciones en Secundaria
El miércoles, después de alrededor de dos semanas sin ocupaciones -con las vacaciones de setiembre de por medio-, dos liceos de Montevideo fueron ocupados por sus estudiantes: el 10, por la calle Mataojo, y el 15, por avenida Alfredo Arocena.
Según Mandacen, estas ocupaciones “transcurrieron con normalidad”, “sin ningún inconveniente”, pero “con algunas preocupaciones” posteriores, porque en el liceo 15, en particular, uno de los estudiantes que ocupó y dio declaraciones a la prensa fue citado al Consejo Asesor Pedagógico.
Por otro lado, el jueves los estudiantes del liceo 3 Dámaso Antonio Larrañaga convocaron a ocupar el liceo desde las 7.30, pero, según manifestaron a través de su cuenta de Instagram, no se les permitió ocupar, les pidieron datos a cada uno de los estudiantes para entrar al liceo y, en consecuencia, llamaron a “concentrar y manifestarse pacíficamente en las escaleras”.
Semanas atrás, la directora general de Educación Secundaria, Jenifer Cherro, dijo a la prensa que las ocupaciones de estudiantes son ilegítimas, ya que, según afirmó, el Estatuto del Estudiante de 2005 establece que “no pueden interferir con el normal desarrollo de las clases”. En caso de que ello ocurra, Cherro indicó que “el estudiante debe ser llamado a un Consejo Asesor Pedagógico y puede tener un problema disciplinario”. Por otro lado, señaló que se está elaborando un protocolo sobre cómo proceder en el caso de que los liceos sean ocupados.
Al respecto, Mandacen afirmó que aún no les ha llegado ningún protocolo, pero que, igualmente, lo planteado por Cherro “es un disparate jurídico”, porque “las ocupaciones de los estudiantes no son ilegales”. “En vez de establecer ámbitos de diálogo y de intercambio con los estudiantes para ver cuál es su plataforma reivindicativa, qué elementos plantean de mejora en las condiciones de aprendizaje, se dedica a reprimir”, manifestó.
En ese sentido, desde el sindicato, continúan “acompañando, rodeando, pero respetando al movimiento estudiantil y su autonomía”. Por otro lado, Mandacen remarcó que las afirmaciones de Cherro “hacen perder legitimidad a la Dirección General de Enseñanza Secundaria”. En la reunión con el Codicen, justamente, harán referencia a la dirección de Secundaria, “porque hay una instalación de la oralidad como norma y un desconocimiento de los cuerpos inspectivos y las direcciones”.
Al respecto de las ocupaciones estudiantiles, el consejero docente del Codicen Julián Mazzoni esbozó a la diaria que “hay que buscar una salida que sea atendiendo los reclamos que se están haciendo”. Por un lado, dijo que “se puede perfectamente avanzar” en aquellos reclamos basados en la “infraestructura o falta de personal”, pero que visualiza más complejo que la mayoría del Codicen acceda a “postergar o modificar algunos aspectos de la llamada reforma educativa o transformación educativa”, como también se viene planteando desde varios gremios estudiantiles.
Según Mazzoni, sería primordial que tanto Cherro como el presidente del Codicen de la Anep, Robert Silva, tengan “una entrevista directa con los estudiantes”. Por último, descartó que con base en el Estatuto del Estudiante se puedan prohibir las ocupaciones y agregó que, “una vez que se establezcan los mecanismos de protesta por parte de los estudiantes, entre otros, la ocupación, si no se dificulta la entrada de los estudiantes que deseen recibir clases y de los docentes que quieran dar clase, no habría elementos para desalojar, porque está dentro de las potestades de protesta que tienen”.
El núcleo sindical del Liceo Dámaso emitió, este jueves, un comunicado en el que denuncia que la “persecución y hostigamiento” a estudiantes que integran el gremio liceal “no solo continúa sino que se ha agravado”. “Como es de público conocimiento, se les impide el derecho a protestar a través de la medida de ocupación, a pesar de que el propio decreto reglamentario de la LUC [ley de urgente consideración] lo prevé, como han explicado diferentes juristas. Además, se les impide discrecionalmente el acceso a su propio liceo, así como a su salón gremial, se las/los ha filmado sin su consentimiento, se las/los ha amenazado con procesos disciplinarios y sanciones, se ha convocado a padres y madres de estudiantes, individualizando lo que es una medida colectiva. Es clara la intención antigremial”, indican.
Agregan que este jueves “las jerarquías han dado un paso más en esta persecución”, y mencionan que mientras “cerca de 100 estudiantes protestaban pacíficamente en la puerta del liceo (sin impedir el acceso a la Institución ni interferir con el tránsito) se solicitó a integrantes de la comunidad liceal que se dirigieran hacia allí para identificar con nombre y apellido a quienes estaban participando de esa protesta gremial. Este pedido fue rechazado por entenderse que constituye lisa y llanamente un acto de persecución. Más tarde, se convocó a la policía para que las y los desalojara a pesar de no estar infringiendo ninguna norma”.