El cambio de gobernanza en la Universidad Tecnológica (UTEC) es una de las ideas del actual gobierno que hasta el momento no había sido concretada. No obstante, el Poder Ejecutivo definió poner manos a la obra y elaboró un proyecto de ley del que ya habían informado a las actuales autoridades del consejo provisorio de la universidad. Justamente, buena parte de la estructura de gobernanza del organismo, creado a fines de 2012, no había sido puesta en práctica, por lo que el consejo provisorio siguió funcionando a través de distintas prórrogas votadas por el Parlamento.
Según la ley de creación de la UTEC, una vez que se defina salir de esta etapa provisoria y convocar a elecciones a los distintos órdenes de la universidad para elegir a sus representantes, esta debería ser gobernada por un Consejo Directivo Central integrado por un rector electo directamente por los docentes, estudiantes y egresados, en elecciones organizadas por la Corte Electoral. También lo integran dos delegados electos por el orden docente; dos delegados electos por el orden de estudiantes; un representante de los trabajadores y un representante de los empresarios designados por “las organizaciones más representativas respectivas”; y también por los directores integrantes de los Institutos Tecnológicos Regionales (ITR) de la universidad. A su vez, la ley establece que los ITR sean gestionados por sus respectivos directores y también por Consejos de Centro.
El proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo reduce la integración del consejo directivo a cuatro integrantes: el rector, que pasa a ser designado por el presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros y con venia de la Cámara de Senadores; otros dos consejeros designados de la misma manera; y un director de un ITR “elegido por sus pares”. Además, se establece que el rector tenga doble voto en caso de empate.
Una novedad del texto remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento el 29 de agosto es la creación de un Consejo Académico General que funcione como “órgano asesor del Consejo Directivo Central en materia académica”. Según establece el proyecto de ley, el consejo académico debe ser consultado sobre esas temáticas, pero sus resoluciones no son vinculantes.
Además, contaría con una integración más parecida a la que plantea la ley actual para el consejo directivo, pero amplía la participación de actores externos. En concreto, el actual gobierno propone que el consejo académico quede integrado por el rector de la UTEC, quien lo presidirá; el director de Educación de la universidad; tres representantes electos por el orden docente; dos representantes electos por el orden estudiantil; un representante electo por los funcionarios técnicos y de apoyo de la institución; los directores de los ITR; un representante del Consejo Nacional de Ciencia, Innovación y Tecnología; un consejero designado por la Administración Nacional de Educación Pública; otro por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional; y un intendente del interior, designado a propuesta del Congreso de Intendentes.
Además, elimina la figura de los Consejos de Centro en los ITR, que pasan a ser gestionados únicamente por sus respectivos directores, como ocurre en el actual período de provisoriato. En su lugar, el proyecto de ley crea consejos regionales pero que funcionan únicamente a nivel consultivo y que tendrán “autonomía técnica”, según se establece en el texto, que plantea que en dichos organismos haya representantes electos por los órdenes y también por otros espacios externos a la universidad, como los gobiernos departamentales.
Sobre el carácter de los cargos de los organismos de gobierno, la actual ley define que los cargos del rector y las direcciones de la UTEC sean remunerados y que los demás participantes de los organismos perciban “dietas” por esa labor. El proyecto de ley del gobierno modifica este último aspecto y establece que “podrán” recibirlas, por lo que lo deja abierta la opción.
”Lecciones aprendidas”
En la exposición de motivos, el gobierno repasa la gestión y los logros de la UTEC desde su creación y establece una serie de “lecciones aprendidas” en las que se fundamentan los cambios. Entre estos, se señala que “no existe un único modo de conducir y asegurar el funcionamiento de universidades públicas” y que “el modelo de gobernanza y de gestión que UTEC usó durante esta década difiere significativamente de los utilizados por la otra universidad pública que existe en Uruguay”, en alusión a la Universidad de la República. “La UTEC no ha sido por eso menos pública ni menos autónoma en la toma de decisiones y en la administración de sus recursos”, se sostiene.
Además, se indica que “un segundo aprendizaje es que el modelo de gobernanza y de gestión de la UTEC resultó ágil y productivo”. “El diseño organizacional actual responde a un modelo de tipo matricial que cruza ejes estratégicos centrales con estructuras transversales. Este cruzamiento opera en tres niveles o ámbitos de toma de decisiones: un nivel político, un nivel de gestión y un nivel académico”, plantea el proyecto firmado por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y por el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira.
Según el texto, la UTEC “ha mostrado una velocidad de decisión, una capacidad de ejecución, una eficiencia en el uso de los recursos asignados y una capacidad de adaptación al contexto que ciertamente no se encuentran en instituciones de mayor porte, pero tampoco son frecuentes en instituciones de tamaño comparable”. El gobierno explica esa situación a partir de su esquema de gobernanza, que “permite ejercer un liderazgo institucional con fuerte perfil ejecutivo, y un modelo de gestión muy escasamente burocratizado”. “Se trata, en resumen, de un caso de éxito”, según se concluye.
Por lo tanto, el Poder Ejecutivo entiende que “no parece razonable eliminar las reglas de juego que hicieron posible este desempeño exitoso” y, al mismo tiempo, sostiene que es “beneficioso para el país contar con distintos modelos de gobernanza y gestión de universidades públicas, como forma de generar oportunidades de aprendizaje institucional diferenciado”.