El 23 de noviembre la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) cumplió 60 años de existencia. En ese marco, realizaron el XIX Congreso en el que “valoramos la coyuntura actual y reafirmamos nuestra lucha en contra de la profundización del modelo de desigualdad que golpea a nuestro pueblo día a día, mientras se intenta hacer retroceder al Estado y desmantelar lo público”, aseguraron a través de una declaración final.
En el comunicado, emitido este domingo desde la ciudad de Melo, manifestaron que hace 60 años un grupo de docentes se reunió en Paysandú para crear un nuevo movimiento sindical, con “la defensa de la educación pública y el avance hacia la pública felicidad para nuestro pueblo” como principal bandera.
En cuanto a la actualidad, Fenapes aseguró que la administración “aplica a rajatabla” el “modelo de desigualdad” y que particularmente la coalición de gobierno “plantea desmantelar la educación pública bajo la bandera de la 'transformación educativa'”.
De acuerdo con el sindicato, en los cuatro años de gobierno se recortaron 250 grupos y hubo “una pérdida en inversión de más de 180 millones de dólares de presupuesto, a la modificación de los planes de estudio para subordinarlos a los intereses del mercado y los organismos internacionales de crédito bajo la premisa del saber hacer aun sin saber”.
Según entienden desde Fenapes, “el objetivo es simplemente mejorar los números sin atender los aprendizajes o priorizar las condiciones de estudio y trabajo”. Paralelamente, apuntaron a que ha existido “un feroz proceso de persecución contra los y las docentes en general y nuestro sindicato en particular”.
Por otro lado, enfatizaron en su rechazo al “recorte de grupos y la profundización de la transformación”, y puntualizaron en que su posición también es compartida por “todos los sindicatos y gremios, de las ATD [Asamblea Técnico Docente], de familias y colectivos de más diverso tipo”.
Es en ese marco que asumen “la disputa estructural por el sentido pedagógico y por lo tanto político de la educación; en clave de democratizar el conocimiento, la defensa irrestricta de la educación pública democrática y democratizadora y su financiamiento, como la única garante del pleno ejercicio del derecho a la educación, de la profesión docente y sus condiciones de trabajo”.
A partir de distintas resoluciones, manifestaron que parte de sus propuestas es “promover la actualización de la normativa de ANEP [Administración Nacional de Educación Pública] para incorporar a ella la perspectiva de género”, y también “seguir luchando por mejorar nuestras condiciones laborales, aspirando a poder desempeñar nuestra función en mejores condiciones”.
De cara al año electoral, en la declaración exigieron “que el próximo gobierno asuma el debate [sobre la educación pública] con el pueblo y convoque a un nuevo Congreso Nacional de Educación con carácter políticamente vinculante, para que las políticas educativas sean una política de Estado y no sean producto de acuerdos cupulares o formen parte del botín electoral”. Asimismo, esbozaron que redoblarán esfuerzos en juntar firmas para un plebiscito de reforma de la actual seguridad social. “Reafirmamos nuestro compromiso de lucha por: una educación pública integral, democrática y democratizadora, la eliminación de la LUC [ley de urgente consideración], el 6+1 del PBI [producto interno bruto] para ANEP, Udelar [Universidad de la República] y UTEC [Universidad Tecnológica del Uruguay], por trabajo y salario, por autonomía y cogobierno para la educación pública”, finalizaron.