La noticia de que el exjefe de seguridad de Presidencia de la República Alejandro Astesiano accedió al pedido de un policía para rastrear los teléfonos de docentes y estudiantes del liceo 41 de Montevideo convulsionó a los actores del sistema educativo. Si bien las autoridades del gobierno en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) prefirieron no hacer comentarios hasta el momento, el tema va a estar sobre la mesa en la próxima reunión del Consejo Directivo Central (Codicen) del organismo.
Julián Mazzoni, representante de los docentes en el Codicen, dijo a la diaria que trasladó su preocupación sobre el caso al presidente del Codicen, Robert Silva, y a la directora general de Educación Secundaria, Jenifer Cherro. Además, espera que el miércoles el caso sea abordado en el consejo. Mazzoni entiende que lo denunciado es de una “gravedad muy importante” y que no hay antecedentes similares desde el retorno a la democracia, principalmente porque hay menores de edad directamente implicados.
Para Mazzoni, la difusión de estos audios “da la señal de que hay sectores del país que tienen vínculo con el Ministerio de Interior (MI) que entienden que su preocupación central es andar atrás de esto que ellos llaman ‘los comunistas’”. “Todos sabemos que para gente con esa mentalidad cualquier atisbo de progresismo se plantea como si fueran comunistas”, dijo, y agregó que es una forma de pensar “típicamente fascista”.
El consejero planteó que su preocupación es compartida por las organizaciones sindicales y también por las familias de los estudiantes, tanto del liceo 41 como de otros centros educativos. Según dijo, este tipo de prácticas “debe ser desterrado totalmente” y reclamó que “se aclare hasta las últimas consecuencias” cómo un policía tenía acceso a los celulares y a los grupos de Whatsapp de los estudiantes. Mazzoni afirmó que el propio sistema educativo tiene mecanismos para controlar el tipo de vínculos que hay entre estudiantes y docentes para, por ejemplo, evitar cualquier tipo de adoctrinamiento. De todas formas, descartó que ello ocurra en los centros educativos en el país, porque dijo conocer a los docentes de Uruguay.
Por su parte, la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) durante toda la tarde del lunes estuvo analizando qué pasos seguir. Después de la reunión, el sindicato emitió un comunicado para plantear su “preocupación y consternación” con lo sucedido. Fenapes lo toma como una confirmación de sus denuncias sobre la utilización de los recursos del Estado para “perseguir y espiar” a las organizaciones sindicales y sus militantes. Además, el sindicato pidió ser recibido el martes por el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT para transmitir sus valoraciones sobre el tema y definir en conjunto las acciones a seguir, en línea con lo que ya resolvió el organismo cuando se confirmó que Astesiano realizó un seguimiento al presidente de la central sindical cuando generó un accidente de tránsito.
En un sentido similar se expresó la Asociación de Trabajadores de Enseñanza Secundaria, que reclamó por el “silencio” de las autoridades políticas del Codicen.
Por su parte, la filial montevideana de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria y el núcleo sindical del liceo 41 emitieron un comunicado en el que también denuncian la “práctica antidemocrática” que supone el “uso del aparato estatal para perseguir a aquellas personas que son consideradas ‘enemigas’”. Además, exigen a las autoridades de la educación “tomar cartas en el asunto” y ofrecer asesoramiento a los estudiantes y sus familias. En suma, se denuncia la “vulneración de los derechos de los docentes” y las “consecuencias psicológicas” que este episodio tuvo en ellos y en los estudiantes del liceo.
El FA hará un pedido de informe
El tema también fue tratado en la reunión de bancada del Frente Amplio este lunes, luego de que a través de las redes sociales varios legisladores de la oposición expresaran su preocupación por lo sucedido y la necesidad de que se esclarezcan los hechos. En diálogo con la diaria, el senador Sebastián Sabini dijo que si bien a nivel parlamentario no se descarta otro tipo de medidas por el “caso Astesiano”, para esclarecer lo ocurrido en el liceo 41 realizarán un pedido de informes dirigido al MI. Según agregó, también se apuntará a saber si la cartera está investigando o tomando alguna acción para determinar si se actuó con base en la ley.
Sabini valoró que, de confirmarse, lo expuesto en los audios es “muy grave”, ya que la Policía “no tendría por qué ocuparse de ese tipo de situaciones”, a no ser que exista una denuncia y una investigación en curso. En cambio, señaló que, al igual que otros centros educativos, el liceo 41 sufrió distintos robos, de los que la Policía sí debería ocuparse.
Según consideró, lo que se expone en los audios “se parece mucho a una persecución de carácter político”. Por su parte, se mostró preocupado por el tipo de valoraciones que hace el supuesto policía sobre los adolescentes y los docentes, a las que definió como “sacadas de un libro de la Guerra Fría”. Según valoró el senador, la actividad militante de un gremio estudiantil o de un conjunto de estudiantes “no tiene nada que ver” con el accionar policial.
Si bien colocó la responsabilidad de esclarecer lo sucedido en el MI, a Sabini le pareció “llamativo” que las autoridades de la educación, que “siempre están tan pendientes de lo que pasa en redes sociales”, no hayan tenido ni siquiera un pronunciamiento público. Según valoró, en los audios difundidos “parecen filtrarse ciertos discursos de algunos legisladores”. En particular, dijo que “la idea de que los docentes adoctrinan es muy jodida y hay que cortarla de cuajo”, y que sólo ese aspecto “ya ameritaría un comentario por parte de las autoridades”.
Para Celsa Puente, exdirectora de Secundaria, los audios difundidos confirman que existe persecución hacia los docentes y que “este gobierno y sus adherentes” van generando hechos y discursos para “agredir o deslegitimar” a los profesionales de la educación. En ese sentido, se cuestionó si las autoridades pueden realizar una reforma de la educación con docentes que, a causa de este tipo de episodios, están “afectivamente deshechos”, desmotivados y “aterrados”.
En suma, la docente dijo estar impresionada porque se hace visible el manejo de información privada de menores de edad, ya que se trata de un liceo de ciclo básico. En ese sentido, dijo que lo que se muestra en los audios es violatorio de la Convención de los Derechos del Niño, que dice que ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada. Al igual que el comunicado de ADES Montevideo, la exjerarca rechazó las expresiones estigmatizantes y denigrantes de los adolescentes en los audios.