Era octubre del año pasado cuando el maestro Marcos Mieres, de la escuela 10 de Cerro Largo, se quejó por el “descontrol importante” de una de las clases de sexto año, que era “a toda hora” y “en los pasillos”, y que hacía que en las demás clases no se pudiera trabajar. Así lo cuenta Mieres en una misiva del 27 de octubre, elevada a la directora del centro educativo el mismo día que radicó una denuncia penal en la Seccional 15ª del departamento.
Según narró, en esa ocasión, varios de los alumnos de la clase se golpeaban, hacían “lucha libre”, tenían un “vocabulario soez y una agresividad nunca vista antes”. En ese marco, describió que solicitó “control” y “respeto por las otras clases y los otros niños más chicos”. Así fue que “huyeron del lugar” y se cruzaron con su maestra, que los llevó al salón, “los tranquilizó y les habló”. Durante el resto de la jornada, Mieres resaltó que uno de los alumnos estuvo “provocando” y haciendo “ademanes e insultos”, hasta que a la salida, cuando dos sextos años y un quinto formaban la fila, el maestro lo llevó a la dirección para que “permaneciera allí” y con la intención de que tuviera “alguna clase de apoyo”. Sin embargo, aseguró que eso nunca sucedió y que, por el contrario, en esa instancia se topó con la maestra del niño, que estaba “furiosa” porque él había llevado a la dirección a “un alumno suyo”.
Seguidamente, Mieres aseguró que la maestra gritó, además de “incitar” a los alumnos de su clase “a reaccionar”: “Lo que sucede, y fui agredido por una muchacha de forma muy violenta, queriéndome agredir físicamente e insultándome y amenazándome de muerte, con destruir mi vehículo, darme palo y haciendo ver a todo el mundo, a su decir: ‘Soy un puto de mierda’”.
Desde entonces, no hubo posibilidad de “paño tibio” con la maestra ni con la dirección. Mieres aseguró que esa misma tarde solicitó la elaboración de un acta con las personas involucradas para “dejar asentado lo sucedido”, pero la respuesta de la directora fue que ya estaba fuera de su horario de trabajo y que la haría al día siguiente. En la carta, el maestro lamentó tener que llegar al “extremo” de denunciar ante la Justicia. “He solicitado ayuda e intervención en múltiples ocasiones anteriores”, dijo, y agregó que desestimaron su “palabra”, su “sentir”, y que como consecuencia fue “objeto de agresiones físicas en grado de tentativa, amenazas hacia mi persona así como hacia mi vehículo”, y “los peores insultos, aludiendo a mi sexualidad, ocasionándome un daño importante, más del que ya acarreo, a mi imagen y autoestima frente a mis alumnos y a toda la comunidad, ya que estaban todas las familias presentes para retirar a sus hijos”.
Proceso judicial
Nazarena Juárez, integrante del Colectivo Trans del Uruguay y de Melo Diverso, es una de las activistas que abordaron el tema porque consideran que la situación de “agresión” y “difamación” se debe a la orientación sexual del maestro. En diálogo con la diaria, señaló que, ante los hechos, desde el colectivo se dirigieron a la Inspección para preguntar por la situación, y “se nos rieron en la cara, fue una tomada de pelo”.
A los tres días de que el maestro radicara la denuncia, Juárez contó que recibió una contradenuncia por haberle “pegado a uno de los niños”, a quien llevó a la dirección en el contexto narrado por el docente. El caso, a cargo de la fiscal María Siqueira, fue archivado este mes, según aseguró la activista, quien contó que la contradenuncia fue “desestimada” porque ni el Instituto Médico Forense ni la pericia psicológica al niño encontraron “rastros de agresión”.
Tras haberse archivado la denuncia, Juárez comentó que este jueves la abogada de Mieres “presentó oficio a Primaria con la denuncia contra el maestro que fue desestimada y archivada”.
Es que, mientras tanto, luego de que la contradenuncia fue efectuada, el maestro fue sumariado para investigar la supuesta agresión: se lo apartó del cargo y se le retuvo la mitad del sueldo. Pretenden, por lo tanto, que Primaria revea el sumario, a partir del archivo de la denuncia por parte de Fiscalía, y que investigue el accionar de las maestras involucradas.
Además de esta causa, el maestro denunció al esposo de una de las maestras, quien, según Juárez, “lo estaba amenazando”. Es esta denuncia la única que aún sigue en pie y fue tomada por la fiscal Fernanda Delgado. En conversación con la diaria, Delgado explicó que se trata de “un tema de publicación en redes sociales”. A su vez, dijo que en dos oportunidades se le tomó declaración a Mieres y que también comparecieron la abogada y la persona denunciada.
Según la fiscal, la última comparecencia de Mieres fue este miércoles, “pero van a seguir las instancias judiciales y va a haber una formalización”, es decir, “un sometimiento a proceso”. La concreción está en manos del juzgado y aún no hay una fecha estipulada.
En tanto, Mieres también elevó la situación a la Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de Educación Pública, pero, según esgrimió Juárez, no obtuvo respuesta. En esta denuncia, a la que también accedió la diaria, Mieres narra que uno de los argumentos de las maestras tiene que ver con sus inasistencias. Sin embargo, aseguró que sus faltas se deben al “maltrato” que recibía por parte del colectivo docente.
Apoyo de las familias
En febrero de este año, madres, padres, activistas, alumnos y exalumnos y compañeros del docente se movilizaron desde la Fiscalía de Melo hasta la Inspección, en busca de que Mieres regrese a la escuela, que pueda volver a ejercer su profesión, y también que la clase en la que era maestro no sea “desintegrada” una vez que pasen a sexto año, porque, según Juárez, los niños a cargo de Mieres también recibieron insultos.
“Es parte fundamental de la escuela, es un excelente maestro”, manifestó a la diaria Gessica García, una de las madres presentes en la movilización. “Nos indigna que la Justicia demore tanto; es un maestro sumariado por algo que se desestimó”, valoró.
Según García, “los gurises también la pasaron muy mal”. De hecho, narró que a cinco los cambiaron de escuela “porque estaban mal” debido a que, al igual que le ocurrió a Mieres, vivieron situaciones de “discriminación”.
Para García, la idea principal de que la marcha finalizara en la Inspección era para hacerle llegar a la inspectora departamental una carta con los reclamos y “dialogar”, para saber “qué estaba pasando, por qué no se apuraba [el proceso] y por qué [Mieres] no estaba en su cargo”. Aseguró que la respuesta, sin embargo, “fue todo lo contrario con lo que hizo: que el grupo iba a pasar íntegro junto, que Marcos iba a volver, que los gurises iban a tener un seguimiento, pero no fue así nada de eso: los gurises fueron apartados y no hubo seguimiento de profesionales”.
Miriam Silveira es madre de una de las niñas que eran alumnas de Mieres, y una de las que estaban presentes en la situación que desencadenó las denuncias. “Marcos no aguantó más los insultos, había un niño o niña de sexto que le cinchó el pelo, lo insultaba. Estábamos todos los padres esperando a las cuatro de la tarde, había otros maestros compañeros de él, la directora. Nadie hizo nada, entonces, agarró al chiquilin y lo llevó a la dirección”, narró Silveira, que dijo que el maestro lo tomó del brazo. “Mi hija llegó a casa llorando, los niños entraron en pánico”, señaló.
Para García, Mieres “es una persona fundamental en la escuela y es necesaria no sólo por mi hijo sino por todos los gurises que vienen de las demás generaciones”. A su vez, cuestionó el hecho de que los conflictos comenzaron cuando cambió la dirección, el año pasado, cuando hacía 20 años que Mieres estaba en el cargo.
Desde Primaria
Según dijeron a la diaria fuentes de Primaria, en los tiempos previos a la separación del cargo existieron problemas de relacionamiento entre el maestro y otros docentes, a lo que se suman reiteradas certificaciones médicas que generaban distorsiones en la organización de su clase. Especificaron que la separación del cargo se dispuso de forma preventiva, ya que siempre se toma una medida de ese tipo cuando se denuncia la agresión a un niño, en este caso, por tomarlo del brazo. En suma, la investigación a cargo de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria es administrativa y corre por otros carriles que los de la Justicia, ya que, por ejemplo, podría detectar el incumplimiento de la normativa de la Administración Nacional de Educación Pública, aunque no implique la comisión de un delito.