El año pasado una serie de denuncias y contradenuncias involucraron al maestro Marcos Mieres, de la escuela 10 de Cerro Largo, así como a la directora del centro educativo, otra maestra y su esposo. Por un lado, la denuncia de que el maestro fue agredido, amenazado, difamado y discriminado por su orientación sexual; por otro lado, la denuncia de que el maestro golpeó a uno de los niños de la escuela.
La contradenuncia fue desestimada por la Fiscalía y la causa se archivó, pero hasta hace pocos días continuaba en pie la investigación de otra denuncia que presentó Mieres referida exclusivamente a “amenazas” por parte del esposo de una de las maestras del centro educativo. A fines de abril, la fiscal del caso, Fernanda Delgado, adelantó a la diaria que se trataba de “un tema de publicación de redes sociales” y que iba a haber un “sometimiento a proceso”.
Y así fue: el viernes 12 de mayo la segunda causa concluyó y la persona denunciada por Mieres fue condenada. Según la resolución de la jueza Andrea Pereyra Robella, a la que accedió la diaria, la condena fue “por la comisión de un delito continuado de difamación”. La pena definida es de cuatro meses de prisión en “régimen de libertad a prueba” y la prestación de servicios comunitarios por dos meses, cuatro horas a la semana.
Asimismo, debe cumplir con ciertas condiciones: en primer lugar, tiene que residir en el domicilio y, en caso de que sea modificado, debe ser comunicado. Además, está sujeto a la “orientación y vigilancia permanente de la oficina de seguimiento de la libertad asistida”, y la Policía se presentará a su domicilio una vez por semana hasta que finalice la condena. Por último, tiene prohibido salir del país “sin autorización suficiente, oficiándose a las autoridades de la Dirección Nacional de Migración para su conocimiento y actuación en concordancia”.
A pesar de esta resolución, los colectivos por la diversidad que abordaron el tema no están conformes con las respuestas dadas hasta el momento. Nazarena Juárez, integrante del Colectivo Trans del Uruguay (CTU) y de Melo Diverso, destacó que desde Primaria se inició una investigación administrativa que aún no ha finalizado y, mientras tanto, Mieres continúa sumariado, sin poder ejercer la docencia y con la mitad de su sueldo retenido.
La activista narró que el maestro ya fue entrevistado por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), así como la maestra, la directora y los testigos de esta contraparte, pero evidenció que los testigos del maestro, que involucran a las familias de estudiantes que presenciaron el hecho en cuestión, no fueron citadas por la ANEP.
“Lo que está faltando es que la ANEP tome la decisión final, es decir, si lo separan del cargo o lo reintegran”, dijo. A su vez, esgrimió que hasta el momento “no se han aplicado las leyes correspondientes y es injusto que no haya vuelto a trabajar”; en suma, aseguró que “los ataques siguen, porque no hay disculpas públicas, y los involucrados siguen trabajando dentro [de la escuela] como si nada”. Juárez criticó, a su vez, que la contraparte no haya sido sumariada.
Los reclamos de las organizaciones
La disconformidad de los colectivos fue manifestada al Consejo Directivo Central mediante una misiva en la que también volvieron a describir los hechos acontecidos. En la carta, enviada el 10 de mayo por Melo Diverso y los dos colectivos que lo integran -Campesinas Rebeldes y CTU-, se pide que la ANEP investigue la situación de “forma seria”: “Que se llegue a los hechos como verdaderamente sucedieron y que no se tomen resoluciones en frío alentados por múltiples denuncias de estas cuatro personas”, las que, aseguran, son mediadas por “informes tendenciosos, malintencionados y con clara intención de perjudicar” al docente.
Según los colectivos, Mieres es un maestro “querido por familias y alumnos”, que ha ejercido la profesión por 20 años y por 13 en la escuela donde ocurrieron los hechos, en la que “solamente cosechó logros y méritos comprobables tanto académicos como en reputación ante la comunidad”.
Por otro lado, señalaron que si bien la escuela cuenta “con integrantes de la comunidad LGBTQI+”, eso no la hace ser “una escuela inclusiva, cuando se discriminan y se violentan los derechos de uno de sus docentes”. En ese marco, señalan que tienen la “plena certeza de que el maestro es víctima de discriminación” y que lamentan “profundamente estos hechos que han lastimado emocionalmente a una persona intachable, un docente con puntaje 100/100, y que aún en pleno 2022 todavía exista gente homofóbica y LGBTQI+ odiantes”. El reclamo concreto de los colectivos es que Mieres vuelva a su cargo docente y que ingrese como maestro de sexto grado con el grupo de quinto que tenía el año pasado.